Los médicos del Sistema Nacional de Salud (sanidad pública) andan alborotados hasta el punto de tener prevista una huelga si no se atienden sus reivindicaciones en el nuevo Estatuto Marco de la Sanidad que está negociando el Ministerio de Sanidad con los sindicatos y las Comunidades Autónomas. No es que se les quiera aplicar un régimen laboral nuevo, sino renovar el existente, que no se toca desde el año 2003, con cambios que para unos son insuficientes y para otros, excesivos.
Pero, antes de nada, habría que aclarar al profano qué es el Estatuto Marco de la Sanidad. Es fácil de explicar. Los profesionales sanitarios y demás colectivos de personal que prestan servicios en centros e instituciones de la Seguridad Social son funcionarios, pero disponen de un régimen especial: el Régimen Estatutario.
Se rigen por un régimen especial dadas las peculiaridades organizativas y funcionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) en cuanto a turnos, guardias, complementos salariales, etcétera. Es decir, los profesionales de la sanidad pública son personal funcionario estatutario. Y la renovación de ese Estatuto es lo que se está negociando para su modernización, mejora y consolidación.
Sin embargo, después de meses del inicio de las negociaciones, las posturas están enfrentadas entre algunos sindicatos y el Ministerio. Los sindicatos médicos, representados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), exigen un Estatuto propio, exclusivo para los facultativos.
Otros sindicados, sin embargo, entre ellos Comisiones Obreras (CCOO), también presentes en la mesa de negociación, defienden que todos los profesionales del SNS deben estar regulados por un mismo Estatuto Marco porque es la norma general, la regulación básica. Según el Ministerio, aprobar una norma solo para un grupo específico, rompería la cohesión del sistema.
Otro de los asuntos conflictivos de la negociación es la regulación de las jornadas laborales, que han de cuadrar con la realización de las guardias médicas obligatorias. El actual Estatuto señala que, tras una guardia de 24 horas, el profesional debe a la administración las horas de descanso del día siguiente.
El borrador del nuevo Estatuto contempla unas guardias de 17 horas de trabajo máximo al día, sin que se tengan que devolver las horas de descanso, pero sin que se puedan computar las horas de guardia como horas de jornada ordinaria. CCOO pide, por su parte, que el descanso tras la guardia se compute como jornada ordinaria y, por tanto, no recuperable. Y que la jornada máxima en todas las comunidades sea de 35 horas semanales. Se trata de un viejo asunto cuya regulación no satisfará por completo a nadie, pues los médicos son el único colectivo que hace guardias mientras el resto del personal sanitario trabaja a turnos.
El otro escollo a resolver es el de las incompatibilidades a determinados cargos para ejercer simultáneamente en la medicina privada. Para la CESM, se trata de una clara discriminación que desincentiva la atracción de profesionales al SNS, ya que, si se aprobara el Estatuto en su actual redacción, los mandos intermedios, como los jefes de servicio, no podrían trabajar también en la privada, pues sus funciones en la pública están consideradas de dedicación exclusiva.
El Ministerio responde que esta incompatibilidad ya existe en varias comunidades autónomas y que, para un desempeño ético de las funciones directivas o de gestión, es necesario que estas tangan una dedicación exclusiva. Y que para compensar esta dedicación plena, se ha creado el complemento de dedicación exclusiva.
El resto de sindicatos considera que la exclusividad fortalece el sentido de dependencia al SNS, pero ha de estar mejor remunerado. También los colectivos en defensa de los pacientes y de la sanidad pública reconocen que mejorar las condiciones de los facultativos y profesionales sanitarios redunda en la calidad de la asistencia a la población. Al parecer, la cuestión se reduce a términos económicos.
Pero el Estatuto no regula solo la labor de los médicos, sino de todos los profesionales sanitarios que trabajan en los hospitales públicos. Y todos ellos exponen sus exigencias, a través de sus representantes sindicales, a la hora de abordar las modificaciones del Estatuto que les afectan, como el personal de Enfermería, técnicos auxiliares o investigadores.
Y una de las reivindicaciones en las que todos coinciden es en la reclasificación de las categorías profesionales de la sanidad. Los facultativos, por ejemplo, buscan que se les suba de categoría profesional. El nuevo Estatuto propone una nueva reclasificación basada en los créditos o grados universitarios del título exigido para el ingreso, por el que los facultativos especialistas tendrían el nivel 8, las enfermeras especialistas el 7, y así sucesivamente. Los sindicatos lamentan que esta nueva reclasificación se plantee sin la mejora retributiva correspondiente.
Los enfermeros, por ejemplo, exigen mejoras en los procesos selectivos, carrera profesional, jornada laboral y jubilación anticipada, entre otras, a fin de que el nuevo Estatuto incluya dichas mejoras de forma expresa, clara y concreta.
En definitiva, el nuevo Estatuto de la Sanidad es una compleja norma que, además de lo anteriormente expuesto, pretende poner fin a la precariedad e inestabilidad en el sistema sanitario, ya que dispone que las Ofertas Públicas de Empleo sean cada dos años y que el plazo de resolución no supere también los dos años.
Obliga a los servicios de salud a tener una planificación de recursos humanos que regule la oferta y demanda de profesionales. Y que el personal estatutario tenga la consideración de autoridad pública que dote de mayor seguridad a los profesionales frente a las agresiones. Un ambicioso marco regulatorio que, de momento, no ha alcanzado un acuerdo definitivo y que, posteriormente, habrá que llevar al Congreso para su aprobación final. El camino, pues, es largo y pedregoso.
Pero, antes de nada, habría que aclarar al profano qué es el Estatuto Marco de la Sanidad. Es fácil de explicar. Los profesionales sanitarios y demás colectivos de personal que prestan servicios en centros e instituciones de la Seguridad Social son funcionarios, pero disponen de un régimen especial: el Régimen Estatutario.
Se rigen por un régimen especial dadas las peculiaridades organizativas y funcionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) en cuanto a turnos, guardias, complementos salariales, etcétera. Es decir, los profesionales de la sanidad pública son personal funcionario estatutario. Y la renovación de ese Estatuto es lo que se está negociando para su modernización, mejora y consolidación.
Sin embargo, después de meses del inicio de las negociaciones, las posturas están enfrentadas entre algunos sindicatos y el Ministerio. Los sindicatos médicos, representados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), exigen un Estatuto propio, exclusivo para los facultativos.
Otros sindicados, sin embargo, entre ellos Comisiones Obreras (CCOO), también presentes en la mesa de negociación, defienden que todos los profesionales del SNS deben estar regulados por un mismo Estatuto Marco porque es la norma general, la regulación básica. Según el Ministerio, aprobar una norma solo para un grupo específico, rompería la cohesión del sistema.
Otro de los asuntos conflictivos de la negociación es la regulación de las jornadas laborales, que han de cuadrar con la realización de las guardias médicas obligatorias. El actual Estatuto señala que, tras una guardia de 24 horas, el profesional debe a la administración las horas de descanso del día siguiente.
El borrador del nuevo Estatuto contempla unas guardias de 17 horas de trabajo máximo al día, sin que se tengan que devolver las horas de descanso, pero sin que se puedan computar las horas de guardia como horas de jornada ordinaria. CCOO pide, por su parte, que el descanso tras la guardia se compute como jornada ordinaria y, por tanto, no recuperable. Y que la jornada máxima en todas las comunidades sea de 35 horas semanales. Se trata de un viejo asunto cuya regulación no satisfará por completo a nadie, pues los médicos son el único colectivo que hace guardias mientras el resto del personal sanitario trabaja a turnos.
El otro escollo a resolver es el de las incompatibilidades a determinados cargos para ejercer simultáneamente en la medicina privada. Para la CESM, se trata de una clara discriminación que desincentiva la atracción de profesionales al SNS, ya que, si se aprobara el Estatuto en su actual redacción, los mandos intermedios, como los jefes de servicio, no podrían trabajar también en la privada, pues sus funciones en la pública están consideradas de dedicación exclusiva.
El Ministerio responde que esta incompatibilidad ya existe en varias comunidades autónomas y que, para un desempeño ético de las funciones directivas o de gestión, es necesario que estas tangan una dedicación exclusiva. Y que para compensar esta dedicación plena, se ha creado el complemento de dedicación exclusiva.
El resto de sindicatos considera que la exclusividad fortalece el sentido de dependencia al SNS, pero ha de estar mejor remunerado. También los colectivos en defensa de los pacientes y de la sanidad pública reconocen que mejorar las condiciones de los facultativos y profesionales sanitarios redunda en la calidad de la asistencia a la población. Al parecer, la cuestión se reduce a términos económicos.
Pero el Estatuto no regula solo la labor de los médicos, sino de todos los profesionales sanitarios que trabajan en los hospitales públicos. Y todos ellos exponen sus exigencias, a través de sus representantes sindicales, a la hora de abordar las modificaciones del Estatuto que les afectan, como el personal de Enfermería, técnicos auxiliares o investigadores.
Y una de las reivindicaciones en las que todos coinciden es en la reclasificación de las categorías profesionales de la sanidad. Los facultativos, por ejemplo, buscan que se les suba de categoría profesional. El nuevo Estatuto propone una nueva reclasificación basada en los créditos o grados universitarios del título exigido para el ingreso, por el que los facultativos especialistas tendrían el nivel 8, las enfermeras especialistas el 7, y así sucesivamente. Los sindicatos lamentan que esta nueva reclasificación se plantee sin la mejora retributiva correspondiente.
Los enfermeros, por ejemplo, exigen mejoras en los procesos selectivos, carrera profesional, jornada laboral y jubilación anticipada, entre otras, a fin de que el nuevo Estatuto incluya dichas mejoras de forma expresa, clara y concreta.
En definitiva, el nuevo Estatuto de la Sanidad es una compleja norma que, además de lo anteriormente expuesto, pretende poner fin a la precariedad e inestabilidad en el sistema sanitario, ya que dispone que las Ofertas Públicas de Empleo sean cada dos años y que el plazo de resolución no supere también los dos años.
Obliga a los servicios de salud a tener una planificación de recursos humanos que regule la oferta y demanda de profesionales. Y que el personal estatutario tenga la consideración de autoridad pública que dote de mayor seguridad a los profesionales frente a las agresiones. Un ambicioso marco regulatorio que, de momento, no ha alcanzado un acuerdo definitivo y que, posteriormente, habrá que llevar al Congreso para su aprobación final. El camino, pues, es largo y pedregoso.
DANIEL GUERRERO
FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA
FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA
