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Empleados de Transportes Sanitarios Sur de Córdoba reivindican sus salarios a las puertas del Hospital de Montilla

El Hospital Comarcal de Montilla acogió ayer una concentración en apoyo a los trabajadores de la empresa egabrense Transportes Sanitarios Sur de Córdoba (TSC) que, según volvieron a denunciar ayer sus propios empleados, llevan cuatro meses sin cobrar sus nóminas, situación que, en su opinión, "está afectando al servicio de transporte sanitario en la comarca".


La protesta contó con el respaldo de la Coordinadora Andaluza de Trabajadores (CTA), así como de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla y de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Montemayor.

Por su parte, a través de una nota de prensa, el coportavoz de Podemos Andalucía y parlamentario por Córdoba, José Manuel Gómez Jurado, manifestó "todo el apoyo" a los trabajadores de las ambulancias de los hospitales de Puente Genil y Montilla que, según denunció, "ven vulnerados continuamente sus derechos laborales por parte de la empresa concesionaria del servicio", ante el "desinterés" de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Salud y Consumo.

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En este sentido y a través de una nota, Gómez Jurado defendió que "no es de recibo que los conductores de las ambulancias, que prestan un servicio público, lleven cuatro meses sin cobrar, que no se les facilite ropa de trabajo y que sufran la precariedad, sin que la Junta de Andalucía y la Delegación de Salud en Córdoba, con María Jesús Botella a la cabeza, no hagan nada y no muestren el más mínimo interés".

Para José Manuel Gómez Jurado, "la Junta de Andalucía tiene herramientas para ponerle las pilas a la empresa, porque hay que dejar claro que las malas condiciones laborales empeoran el servicio y, por tanto, la atención de los pacientes de estos hospitales".

Desde agosto de 2023, los trabajadores de TSC aseguran que no reciben puntualmente sus salarios. "Actualmente, la empresa nos adeuda las nóminas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo que supone una deuda media superior a los 8.000 euros por empleado. Nos dicen cada semana que van a pagar, pero ese día nunca llega, y mientras tanto la deuda sigue creciendo", denuncian los afectados.

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Pero la falta de pago de los salarios no supone el único problema. Según los trabajadores, las condiciones laborales y el servicio ofrecido a los pacientes han alcanzado un punto crítico. "Con solo dos o tres ambulancias diarias, se pretende cubrir Montilla y Puente Genil, cuando deberían operar al menos siete vehículos", explican desde la Coordinadora Andaluza de Trabajadores.

En Puente Genil, la situación es especialmente preocupante, ya que los vehículos asignados son desviados desde Montilla para cubrir tanto los servicios locales como los traslados a Córdoba. "Este déficit genera retrasos significativos y un desgaste físico y psicológico en los técnicos en transporte sanitario, quienes trabajan al límite de sus capacidades", precisan las mismas fuentes, que añaden que "cuando la ambulancia UVI no está operativa, se obliga a los trabajadores a realizar servicios programados, interrumpiendo sus periodos de descanso y dejando sin cobertura de emergencias a la población".

Otro de los problemas destacados es la "entrega tardía" de los cuadrantes mensuales, esenciales para planificar los turnos. "Nos los entregan apenas dos días antes de que termine el mes, lo que imposibilita una adecuada conciliación familiar y personal", lamentan los empleados, en declaraciones a Montilla Digital.


Los trabajadores denuncian también la inacción de la gerencia de los centros hospitalarios de Montilla y Puente Genil, que "pese a estar al tanto de las irregularidades, no ha tomado medidas efectivas para solucionar la crisis". Esta "falta de acción", aseguran, "deja a la población del área sur de Córdoba en una situación de vulnerabilidad frente a una atención sanitaria deficiente".

"La provincia de Córdoba no puede vivir con este problema enquistado en las ambulancias y sus trabajadores, que prestan un servicio fundamental e importantísimo", apuntó ayer el parlamentario de Podemos, quien calificó a la delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella, de "vividora de la política" e "ineficaz".

Según detalló Gómez Jurado, los trabajadores se reunieron la semana pasada con la empresa en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de. Andalucía (SERCLA) "y se les ofrecieron lentejas, es decir, dejarlo todo en la misma situación en la que está". En ese sentido, el parlamentario de Por Andalucía apuntó que "la Junta no puede permitir que una empresa que trabaja con dinero público y presta un servicio que debería cubrir el Servicio Andaluz de Salud trate así a sus trabajadores, poniendo en riesgo la salud de estos, así como la de los pacientes".


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