Se está haciendo recurrente, a partir de la pandemia de la covid de 2020, avisar de que los centros de salud y las urgencias de los hospitales están a punto de colapsar cada vez que se desata una epidemia estacional, como la de la gripe en invierno. Y este año no iba a ser una excepción.
Proliferan ya por todos los medios de comunicación las noticias sobre la saturación que soportan la Atención Primaria y las Urgencias hospitalarias debido a los casos de gripe y otras enfermedades respiratorias propias del invierno (virus sincital, parainfluenza, rinovirus, neumonías bacterianas, covid-19, etcétera) que ponen al límite la capacidad del Sistema Nacional de Salud.
Noticias de las que se desprende, por la insuficiencia de datos, que al parecer antes no se producían períodos álgidos de ninguna infección –salvo la covid– que llenara de camas los pasillos de las urgencias y las salas de observación de los hospitales, cosa que no es cierto.
Yo he sido testigo de incrementos notables de ingresos, y no solo en invierno, que saturaban las urgencias y los ambulatorios de muestra red pública asistencial. Pero carecían de interés mediático y no desbordaban, salvo fechas o turnos concretos, los recursos disponibles –camas y personal–.
No obstante, es verdad que la gripe estacional representa un problema de Salud Pública a nivel mundial. Según la Organización Mundial de Salud (OMS), aproximadamente 1.000 millones de personas se infectan anualmente de gripe en el mundo, de las cuales entre 300.000 a 650.000 fallecen a causa de la enfermedad o de sus complicaciones.
Además, por si fuera poco, existen cuatro tipos de virus gripales: A, B, C y D, con sus correspondientes subtipos. Pero son los tipos A y B los más frecuentes cada temporada, y contra los que se diseña la vacuna de uso actual en nuestro país, que se elabora en función de la epidemiología, registrada por una red de más de 140 centros nacionales en todo el mundo que forman parte del GISRS (Global influenza Surveillance and Response System), sobre los agentes prevalentes en la temporada anterior.
En comparación con la covid, por ejemplo, la gripe no es una patología desconocida. Es fácil de diagnosticar pues afecta a las vías respiratorias altas, donde aparece de manera súbita, provocando, al menos, alguno de estos síntomas: fiebre o febrícula, malestar general, cefalea, dolor de garganta, tos y cansancio.
Lo malo es que es muy contagiosa, puesto que se transmite con suma rapidez entre las personas cuando tosen o estornudan, pero la mayoría de ellas se recupera en pocos días sin requerir tratamiento. Solo los casos graves y las personas de riesgo (por otras patologías o la edad) precisan atención médica.
Y estos, al parecer, aunque no se especifica en ninguna noticia, son los que atiborran los hospitales. En cualquier caso, la vacunación es la única manera de prevenir o amortiguar la gripe, pues hace que curse con menos gravedad, lo que reduce las complicaciones en las personas vulnerables o de riesgo.
Entonces, ¿por qué estas epidemias periódicas ponen cada año en situación límite a los hospitales? La respuesta no es por el incremento previsible de la demanda asistencial, sino por la falta de planificación, los recortes y la mala gestión de los recursos de la Sanidad Pública por parte de las Comunidades Autónomas, que ejercen las competencias de Sanidad en su territorio, y del Gobierno central que no legisla para garantizar los medios del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La respuesta apunta a una situación de progresivo deterioro que lleva años produciéndose y que la pasada pandemia puso en evidencia, al destapar sus deficiencias y tensionar extraordinariamente el Sistema. Porque fue, sobre todo, a raíz de los drásticos recortes y los tijeretazos propinados por los gobiernos de Mariano Rajoy para reducir gasto público, a causa de la crisis financiera de 2008 provocada por la especulación bancaria y la burbuja inmobiliaria, cuando se agudizó el deterioro del SNS.
Tales recortes ocasionaron escasez de personal, la no cubertura de las jubilaciones y bajas por enfermedad, el cierre de plantas hospitalarias, quirófanos y consultas, limitaciones horarias en los centros de salud (que dejaron de abrir por las tardes), el aumento de la presión asistencial parejo a una menor calidad en la atención sanitaria y, en definitiva, una estructural precariedad laboral, de recursos materiales e inversiones.
Desgraciadamente, este panorama no ha mejorado mucho desde entonces, complicando sobremanera una correcta atención médica a la población, pues se han generalizado las listas de espera, hay escasez de especialistas y una explotación de unas plantillas deficitarias, que han de asumir nuevas obligaciones y restricciones que generan estrés, cansancio y desmotivación en el personal. Todo ello se traduce en esa creciente pérdida de capacidad del sistema para atender las necesidades de salud de los ciudadanos.
Como botón de muestra, cabe citar el déficit del personal de Enfermería que acusa el sistema. Según el último informe técnico del Ministerio de Sanidad, España necesitaría 100.000 profesionales de Enfermería para equiparar su ratio con el de la Unión Europea, que es de 8,5 enfermeros por cada 1.000 habitantes, frente a los 6,5 de media en nuestro país. Este déficit genera otro efecto alarmante: cuatro de cada diez enfermeras plantea abandonar la profesión en un futuro inmediato.
Tal es el contexto que explica las tensiones que una previsible epidemia de gripe provoca. Porque se trata de una situación de crónica precariedad que repercute en la capacidad del SNS para afrontar no solo los picos –como el de la gripe–, sino cualquier demanda asistencial convencional, como las intervenciones de traumatología u oftalmología, entre otras, debidas al aumento y envejecimiento de la población.
En el caso de Andalucía, este deterioro se ha agudizado por el proceso privatizador impulsado desde que el Partido Popular gobierna la Comunidad, hasta el extremo de que, desde 2020 a 2023, el porcentaje de gasto por habitante en la Sanidad Pública se ha reducido en 2,5 puntos, mientras aumenta, en idéntico porcentaje, el del sector privado. No es de extrañar, por tanto, que para cerca del 10 por ciento de andaluces la sanidad sea el principal problema que les preocupa, según un sondeo reciente del Centro de Estudios Andaluces (Centra).
Pero lo más grave es que este deterioro no es debido solo por cuestiones económicas (algo incomprensible en empresas de titularidad pública que dependen de los Presupuestos del Estado), sino por motivaciones ideológicas. Se trata de un deterioro intencionado que obedece a políticas orientadas al desmantelamiento de la Sanidad Pública para que sus servicios los provea el sector privado y los sufrague quien pueda permitírselo.
Una privatización que no ha ido a más, hasta ahora, por el rechazo social que genera entre los usuarios y los profesionales sanitarios, y que se ha materializado en las mayores movilizaciones conocidas en defensa de la Sanidad Pública a lo largo y ancho de Andalucía.
Es por esta razón que las estructuras sanitarias se resienten ante una epidemia estacional de gripe. Un deterioro que afecta al derecho a la Salud y que contribuye, además, a agrandar la brecha de desigualdad y falta de equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias para un sector de la población que tiene dificultades para la cobertura de sus necesidades asistenciales y no puede recurrir a los servicios ofertados por el sector privado. Y todo en nombre del mercado y del neoliberalismo imperante.
No hay, pues, una cima de gripe en los hospitales, sino una sima en los recursos de la Sanidad Pública. No le echen la culpa a los virus invernales.
Proliferan ya por todos los medios de comunicación las noticias sobre la saturación que soportan la Atención Primaria y las Urgencias hospitalarias debido a los casos de gripe y otras enfermedades respiratorias propias del invierno (virus sincital, parainfluenza, rinovirus, neumonías bacterianas, covid-19, etcétera) que ponen al límite la capacidad del Sistema Nacional de Salud.
Noticias de las que se desprende, por la insuficiencia de datos, que al parecer antes no se producían períodos álgidos de ninguna infección –salvo la covid– que llenara de camas los pasillos de las urgencias y las salas de observación de los hospitales, cosa que no es cierto.
Yo he sido testigo de incrementos notables de ingresos, y no solo en invierno, que saturaban las urgencias y los ambulatorios de muestra red pública asistencial. Pero carecían de interés mediático y no desbordaban, salvo fechas o turnos concretos, los recursos disponibles –camas y personal–.
No obstante, es verdad que la gripe estacional representa un problema de Salud Pública a nivel mundial. Según la Organización Mundial de Salud (OMS), aproximadamente 1.000 millones de personas se infectan anualmente de gripe en el mundo, de las cuales entre 300.000 a 650.000 fallecen a causa de la enfermedad o de sus complicaciones.
Además, por si fuera poco, existen cuatro tipos de virus gripales: A, B, C y D, con sus correspondientes subtipos. Pero son los tipos A y B los más frecuentes cada temporada, y contra los que se diseña la vacuna de uso actual en nuestro país, que se elabora en función de la epidemiología, registrada por una red de más de 140 centros nacionales en todo el mundo que forman parte del GISRS (Global influenza Surveillance and Response System), sobre los agentes prevalentes en la temporada anterior.
En comparación con la covid, por ejemplo, la gripe no es una patología desconocida. Es fácil de diagnosticar pues afecta a las vías respiratorias altas, donde aparece de manera súbita, provocando, al menos, alguno de estos síntomas: fiebre o febrícula, malestar general, cefalea, dolor de garganta, tos y cansancio.
Lo malo es que es muy contagiosa, puesto que se transmite con suma rapidez entre las personas cuando tosen o estornudan, pero la mayoría de ellas se recupera en pocos días sin requerir tratamiento. Solo los casos graves y las personas de riesgo (por otras patologías o la edad) precisan atención médica.
Y estos, al parecer, aunque no se especifica en ninguna noticia, son los que atiborran los hospitales. En cualquier caso, la vacunación es la única manera de prevenir o amortiguar la gripe, pues hace que curse con menos gravedad, lo que reduce las complicaciones en las personas vulnerables o de riesgo.
Entonces, ¿por qué estas epidemias periódicas ponen cada año en situación límite a los hospitales? La respuesta no es por el incremento previsible de la demanda asistencial, sino por la falta de planificación, los recortes y la mala gestión de los recursos de la Sanidad Pública por parte de las Comunidades Autónomas, que ejercen las competencias de Sanidad en su territorio, y del Gobierno central que no legisla para garantizar los medios del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La respuesta apunta a una situación de progresivo deterioro que lleva años produciéndose y que la pasada pandemia puso en evidencia, al destapar sus deficiencias y tensionar extraordinariamente el Sistema. Porque fue, sobre todo, a raíz de los drásticos recortes y los tijeretazos propinados por los gobiernos de Mariano Rajoy para reducir gasto público, a causa de la crisis financiera de 2008 provocada por la especulación bancaria y la burbuja inmobiliaria, cuando se agudizó el deterioro del SNS.
Tales recortes ocasionaron escasez de personal, la no cubertura de las jubilaciones y bajas por enfermedad, el cierre de plantas hospitalarias, quirófanos y consultas, limitaciones horarias en los centros de salud (que dejaron de abrir por las tardes), el aumento de la presión asistencial parejo a una menor calidad en la atención sanitaria y, en definitiva, una estructural precariedad laboral, de recursos materiales e inversiones.
Desgraciadamente, este panorama no ha mejorado mucho desde entonces, complicando sobremanera una correcta atención médica a la población, pues se han generalizado las listas de espera, hay escasez de especialistas y una explotación de unas plantillas deficitarias, que han de asumir nuevas obligaciones y restricciones que generan estrés, cansancio y desmotivación en el personal. Todo ello se traduce en esa creciente pérdida de capacidad del sistema para atender las necesidades de salud de los ciudadanos.
Como botón de muestra, cabe citar el déficit del personal de Enfermería que acusa el sistema. Según el último informe técnico del Ministerio de Sanidad, España necesitaría 100.000 profesionales de Enfermería para equiparar su ratio con el de la Unión Europea, que es de 8,5 enfermeros por cada 1.000 habitantes, frente a los 6,5 de media en nuestro país. Este déficit genera otro efecto alarmante: cuatro de cada diez enfermeras plantea abandonar la profesión en un futuro inmediato.
Tal es el contexto que explica las tensiones que una previsible epidemia de gripe provoca. Porque se trata de una situación de crónica precariedad que repercute en la capacidad del SNS para afrontar no solo los picos –como el de la gripe–, sino cualquier demanda asistencial convencional, como las intervenciones de traumatología u oftalmología, entre otras, debidas al aumento y envejecimiento de la población.
En el caso de Andalucía, este deterioro se ha agudizado por el proceso privatizador impulsado desde que el Partido Popular gobierna la Comunidad, hasta el extremo de que, desde 2020 a 2023, el porcentaje de gasto por habitante en la Sanidad Pública se ha reducido en 2,5 puntos, mientras aumenta, en idéntico porcentaje, el del sector privado. No es de extrañar, por tanto, que para cerca del 10 por ciento de andaluces la sanidad sea el principal problema que les preocupa, según un sondeo reciente del Centro de Estudios Andaluces (Centra).
Pero lo más grave es que este deterioro no es debido solo por cuestiones económicas (algo incomprensible en empresas de titularidad pública que dependen de los Presupuestos del Estado), sino por motivaciones ideológicas. Se trata de un deterioro intencionado que obedece a políticas orientadas al desmantelamiento de la Sanidad Pública para que sus servicios los provea el sector privado y los sufrague quien pueda permitírselo.
Una privatización que no ha ido a más, hasta ahora, por el rechazo social que genera entre los usuarios y los profesionales sanitarios, y que se ha materializado en las mayores movilizaciones conocidas en defensa de la Sanidad Pública a lo largo y ancho de Andalucía.
Es por esta razón que las estructuras sanitarias se resienten ante una epidemia estacional de gripe. Un deterioro que afecta al derecho a la Salud y que contribuye, además, a agrandar la brecha de desigualdad y falta de equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias para un sector de la población que tiene dificultades para la cobertura de sus necesidades asistenciales y no puede recurrir a los servicios ofertados por el sector privado. Y todo en nombre del mercado y del neoliberalismo imperante.
No hay, pues, una cima de gripe en los hospitales, sino una sima en los recursos de la Sanidad Pública. No le echen la culpa a los virus invernales.
DANIEL GUERRERO
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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