Arranca septiembre con el calor que aprieta pero no ahoga. Porque septiembre es el mes del bochorno, ese calor húmedo y pegajoso que no escala mucho en los termómetros, pero hace sudar copiosamente, pegándote la ropa al cuerpo. Pero es, sobre todo, cuando tradicionalmente arranca el curso escoliar y se reinicia la actividad política, una actividad que promete ser movidita, si es que alguna vez fue tranquila.
Tras el paréntesis de las (cortas o largas) vacaciones veraniegas, la Legislatura afronta su segundo año de mandato con más conflictos, si cabe, que al comienzo. Y es que los problemas y los palos en las ruedas no permiten desarrollar con “normalidad” la acción gubernamental.
Como si estuviera predestinada a toparse una y otra vez con problemas inimaginables. Tal parece que no figura en la carta astral del presidente del Gobierno ejercer el cargo sin sobresaltos. Ya que, cuando no es una pandemia o una guerra en los confines de Europa, es un volcán en Canarias o una crisis energética que dispara la inflación a cifras estratosféricas, encareciendo los precios.
O se celebran unas elecciones autonómicas que vapulean al partido gobernante en casi todas las autonomías, pese a haber vencido en Cataluña y haber encauzado el “problema” soberanista catalán al estricto ámbito de la política, gracias, primero, a una ley de amnistía y luego, al conquistar la Presidencia de la Generalitat.
A cambio, ha debido pactar para aquella comunidad una financiación “singular”, además de tener que aguantar, durante el acto de investidura del molt honorable presidente, el numerito de la fuga del expresidente Puigdemont ante las barbas de la Policía autonómica.
¿Qué más podría salir mal en este curso? ¡Uf! Conociendo la “baraka” del presidente del Gobierno, la lista puede ser interminable. De hecho, es lo que se espera durante el ciclo político que ahora empieza: problemas, problemas y más problemas, con sus correspondientes enfrentamientos, polarización y creciente agitación de la lid pública. Ya hay emboscados muchos sembradores de minas que persiguen dinamitar la nueva temporada. En todas las trincheras y frentes de confrontación.
Incluso los hay que no aguardan a que comience la temporada, como el juez Peinado quien, sin despeinarse ni darse por aludido tras las denuncias presentadas contra él por prevaricación, sigue buscando indicios para enchironar por corrupción y tráfico de influencias a la mujer del presidente.
Buscó hasta debajo de las piedras e interrogó, en pleno agosto, a cualquiera que hubiera tenido alguna relación, profesional o de amistad, con la imputada, fueran rectores de universidad o dueños y empleados de empresas que hubieran trabajado con ella. No ceja en el empeño de hallar una cuña en la familia que posibilite el fin abrupto del Gobierno que preside su marido, obligándolo a dimitir.
Al parecer, es la única finalidad de unas investigaciones judiciales sin pies ni cabeza. Y en las que están puestas todas las esperanzas de una derecha –de toda ella, la supuestamente convencional y la extremista– que sigue sin aceptar el resultado de las urnas y pretende tumbar al Gobierno mediante esta ofensiva de su terminal judicial, en coordinación con las terminales política y mediática.
Como no lo logren, no sé qué harán entonces esas derechas, como no sea incendiar aun más el patio con exageraciones, mentiras y bulos, tensando todavía más la cuerda hasta que se rompa. Esa es solo una de las minas que puede estallar este otoño.
Otra es el acuerdo alcanzado entre los republicanos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) para investir al candidato socialista como presidente de la Generalitat. Ello no ha gustado nada al otro partido independentista catalán, Junts per Catalunya, liderado por el fugado antes citado, cuyos apoyos en el Congreso de los Diputados contribuyeron a la investidura de Pedro Sánchez.
Sin tales apoyos, la Legislatura puede naufragar en cualquier momento. Uno de esos momentos se prevé que tenga lugar cuando vayan a aprobarse los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, o cuando se sometan a debate otras iniciativas legislativas de especial enjundia.
Sin los votos de Junts, las cuentas para la mayoría no salen. La situación es, por tanto, extremadamente delicada para el Gobierno. Máxime si el PP de Feijóo, viéndolas venir, no está dispuesto a desaprovechar ninguna oportunidad para hacer caer a un Ejecutivo que ni siquiera considera legítimo y al que achaca todos los males del mundo. De minas así está sembrado el camino que deberá recorrer el Gobierno a partir de ahora.
También el artefacto por la financiación autonómica acaba de activarse. Entre otras cosas, porque para lograr que la Generalitat la dirijan los socialistas, el Gobierno ha tenido que pactar de manera bilateral un sistema de financiación “singular” para Cataluña al margen del régimen común.
De modo que la Hacienda catalana recaudará la totalidad de los impuestos en aquella región (los propios, los cedidos y los estatales) y transferirá al Estado la parte correspondiente de los servicios estatales prestados, además de una aportación indeterminada de solidaridad al Fondo de Compensación Interterritorial. Algo parecido al régimen foral del País Vasco y Navarra, pero no igual, lo que despierta recelos en el resto de comunidades autónomas.
Ello augura que la mecha de esta mina comenzará arder cuando haya que tramitar y, en su caso, aprobar este modelo de financiación para Cataluña en un Congreso donde sus señorías se han provisto de bidones de gasolina y mecheros listos para la ocasión.
¿Qué puede pasar? Imposible saberlo, pero cabe imaginarlo. Lo más seguro es que volvamos a oír enfáticas acusaciones de traición a la Patria, que España se rompe una vez más, que se mete mano en la caja única y se roba a los españoles y, por el estilo, un largo etcétera de otras lindezas.
Es lo que inflamará el debate público y trasladará a la ciudadanía la sensación de inseguridad y temor que alterará su pacífica convivencia y la confianza en las instituciones. Exactamente, pero con más brío, lo que se lleva haciendo, casualmente, desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno.
Ninguna mina es buena, pero las hay impropias del ser humano. Son aquellas inhumanas que no tienen justificación. Como las que se valen del problema migratorio como munición contra el Gobierno, sin importar que se trate de personas que se juegan la vida y ansían un futuro mejor.
Ningún Gobierno ha podido resolver la presión migratoria que sufre España por ser frontera entre Europa y África. Ni con medidas drásticas (Aznar deportaba bajo sedación a inmigrantes en aviones) ni negociadas respetando los Derechos Humanos (como intentan los gobiernos progresistas cuando acceden al poder).
Se podrá regular más o menos, pero jamás detener el creciente flujo de inmigrantes que huyen del hambre, la violencia, la guerra o la miseria en sus países de origen para llegar, a tiro de piedra, a una tierra de promisión, cual es nuestra Europa de las oportunidades y el bienestar.
Negarse a colaborar en la gestión de este problema migratorio podrá reportar réditos electorales, pero no deja de ser asquerosamente inmoral. Hasta el Papa lo deplora. Y más si se criminaliza la migración y se trata como delincuentes a los inmigrantes, acusándolos de todos los delitos que nos asustan, para generar rechazo en la sociedad española. Es decir, para fomentar el racismo, la xenofobia y el odio al inmigrante pobre. Como hace la extrema derecha y, para no quedarse atrás, la derecha supuestamente menos extrema de Feijóo y Albiol.
Tanto es así que, con tal de zancadillear al Ejecutivo, no tienen reparos en hacer de la inmigración una mina idónea para desestabilizar al Gobierno. No importa que sean Canarias, Ceuta o Melilla, comunidades gobernadas o apoyadas precisamente por la derecha, las que sufren en su territorio el arribo constante de inmigrantes por tierra y por mar.
Por no importar, ni siquiera importa a la derecha desechar soluciones que posibilitarían encauzar y aliviar la situación en esos territorios donde gobierna y que la sufren en primera línea. Con tal de que le estalle al Gobierno en las manos, ceban la mina de explosivos… humanos. Y es que para la derecha, por lo que se ve, todo es válido para tumbar u obstaculizar al Gobierno.
En resumen, que septiembre se presenta movidito. No es que sean asuntos que desvelan a los españolas y de los que discuten en los bares acaloradamente. No se trata de la vivienda, los sueldos, el trabajo, la salud, la educación o la economía que, según la derecha, van de mal en peor.
Porque nada mejora: ni el salario mínimo (que se lo pregunten a quienes lo cobran); ni las pensiones (que pregunten a los jubilados); ni la inflación (que pregunten a quienes compran en el supermercado o pagan la luz); ni las becas (a los estudiantes es mejor no preguntar, están a sus cosas); ni los trenes (bueno, de esto es mejor ni preguntar)… ¿Existe algún país más desastroso que el nuestro? Para la derecha, ninguno, mientras ella no gobierne. Y, así, año tras año y curso tras curso. Este que ahora arranca no va a ser menos. Supongo.
Tras el paréntesis de las (cortas o largas) vacaciones veraniegas, la Legislatura afronta su segundo año de mandato con más conflictos, si cabe, que al comienzo. Y es que los problemas y los palos en las ruedas no permiten desarrollar con “normalidad” la acción gubernamental.
Como si estuviera predestinada a toparse una y otra vez con problemas inimaginables. Tal parece que no figura en la carta astral del presidente del Gobierno ejercer el cargo sin sobresaltos. Ya que, cuando no es una pandemia o una guerra en los confines de Europa, es un volcán en Canarias o una crisis energética que dispara la inflación a cifras estratosféricas, encareciendo los precios.
O se celebran unas elecciones autonómicas que vapulean al partido gobernante en casi todas las autonomías, pese a haber vencido en Cataluña y haber encauzado el “problema” soberanista catalán al estricto ámbito de la política, gracias, primero, a una ley de amnistía y luego, al conquistar la Presidencia de la Generalitat.
A cambio, ha debido pactar para aquella comunidad una financiación “singular”, además de tener que aguantar, durante el acto de investidura del molt honorable presidente, el numerito de la fuga del expresidente Puigdemont ante las barbas de la Policía autonómica.
¿Qué más podría salir mal en este curso? ¡Uf! Conociendo la “baraka” del presidente del Gobierno, la lista puede ser interminable. De hecho, es lo que se espera durante el ciclo político que ahora empieza: problemas, problemas y más problemas, con sus correspondientes enfrentamientos, polarización y creciente agitación de la lid pública. Ya hay emboscados muchos sembradores de minas que persiguen dinamitar la nueva temporada. En todas las trincheras y frentes de confrontación.
Incluso los hay que no aguardan a que comience la temporada, como el juez Peinado quien, sin despeinarse ni darse por aludido tras las denuncias presentadas contra él por prevaricación, sigue buscando indicios para enchironar por corrupción y tráfico de influencias a la mujer del presidente.
Buscó hasta debajo de las piedras e interrogó, en pleno agosto, a cualquiera que hubiera tenido alguna relación, profesional o de amistad, con la imputada, fueran rectores de universidad o dueños y empleados de empresas que hubieran trabajado con ella. No ceja en el empeño de hallar una cuña en la familia que posibilite el fin abrupto del Gobierno que preside su marido, obligándolo a dimitir.
Al parecer, es la única finalidad de unas investigaciones judiciales sin pies ni cabeza. Y en las que están puestas todas las esperanzas de una derecha –de toda ella, la supuestamente convencional y la extremista– que sigue sin aceptar el resultado de las urnas y pretende tumbar al Gobierno mediante esta ofensiva de su terminal judicial, en coordinación con las terminales política y mediática.
Como no lo logren, no sé qué harán entonces esas derechas, como no sea incendiar aun más el patio con exageraciones, mentiras y bulos, tensando todavía más la cuerda hasta que se rompa. Esa es solo una de las minas que puede estallar este otoño.
Otra es el acuerdo alcanzado entre los republicanos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) para investir al candidato socialista como presidente de la Generalitat. Ello no ha gustado nada al otro partido independentista catalán, Junts per Catalunya, liderado por el fugado antes citado, cuyos apoyos en el Congreso de los Diputados contribuyeron a la investidura de Pedro Sánchez.
Sin tales apoyos, la Legislatura puede naufragar en cualquier momento. Uno de esos momentos se prevé que tenga lugar cuando vayan a aprobarse los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, o cuando se sometan a debate otras iniciativas legislativas de especial enjundia.
Sin los votos de Junts, las cuentas para la mayoría no salen. La situación es, por tanto, extremadamente delicada para el Gobierno. Máxime si el PP de Feijóo, viéndolas venir, no está dispuesto a desaprovechar ninguna oportunidad para hacer caer a un Ejecutivo que ni siquiera considera legítimo y al que achaca todos los males del mundo. De minas así está sembrado el camino que deberá recorrer el Gobierno a partir de ahora.
También el artefacto por la financiación autonómica acaba de activarse. Entre otras cosas, porque para lograr que la Generalitat la dirijan los socialistas, el Gobierno ha tenido que pactar de manera bilateral un sistema de financiación “singular” para Cataluña al margen del régimen común.
De modo que la Hacienda catalana recaudará la totalidad de los impuestos en aquella región (los propios, los cedidos y los estatales) y transferirá al Estado la parte correspondiente de los servicios estatales prestados, además de una aportación indeterminada de solidaridad al Fondo de Compensación Interterritorial. Algo parecido al régimen foral del País Vasco y Navarra, pero no igual, lo que despierta recelos en el resto de comunidades autónomas.
Ello augura que la mecha de esta mina comenzará arder cuando haya que tramitar y, en su caso, aprobar este modelo de financiación para Cataluña en un Congreso donde sus señorías se han provisto de bidones de gasolina y mecheros listos para la ocasión.
¿Qué puede pasar? Imposible saberlo, pero cabe imaginarlo. Lo más seguro es que volvamos a oír enfáticas acusaciones de traición a la Patria, que España se rompe una vez más, que se mete mano en la caja única y se roba a los españoles y, por el estilo, un largo etcétera de otras lindezas.
Es lo que inflamará el debate público y trasladará a la ciudadanía la sensación de inseguridad y temor que alterará su pacífica convivencia y la confianza en las instituciones. Exactamente, pero con más brío, lo que se lleva haciendo, casualmente, desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno.
Ninguna mina es buena, pero las hay impropias del ser humano. Son aquellas inhumanas que no tienen justificación. Como las que se valen del problema migratorio como munición contra el Gobierno, sin importar que se trate de personas que se juegan la vida y ansían un futuro mejor.
Ningún Gobierno ha podido resolver la presión migratoria que sufre España por ser frontera entre Europa y África. Ni con medidas drásticas (Aznar deportaba bajo sedación a inmigrantes en aviones) ni negociadas respetando los Derechos Humanos (como intentan los gobiernos progresistas cuando acceden al poder).
Se podrá regular más o menos, pero jamás detener el creciente flujo de inmigrantes que huyen del hambre, la violencia, la guerra o la miseria en sus países de origen para llegar, a tiro de piedra, a una tierra de promisión, cual es nuestra Europa de las oportunidades y el bienestar.
Negarse a colaborar en la gestión de este problema migratorio podrá reportar réditos electorales, pero no deja de ser asquerosamente inmoral. Hasta el Papa lo deplora. Y más si se criminaliza la migración y se trata como delincuentes a los inmigrantes, acusándolos de todos los delitos que nos asustan, para generar rechazo en la sociedad española. Es decir, para fomentar el racismo, la xenofobia y el odio al inmigrante pobre. Como hace la extrema derecha y, para no quedarse atrás, la derecha supuestamente menos extrema de Feijóo y Albiol.
Tanto es así que, con tal de zancadillear al Ejecutivo, no tienen reparos en hacer de la inmigración una mina idónea para desestabilizar al Gobierno. No importa que sean Canarias, Ceuta o Melilla, comunidades gobernadas o apoyadas precisamente por la derecha, las que sufren en su territorio el arribo constante de inmigrantes por tierra y por mar.
Por no importar, ni siquiera importa a la derecha desechar soluciones que posibilitarían encauzar y aliviar la situación en esos territorios donde gobierna y que la sufren en primera línea. Con tal de que le estalle al Gobierno en las manos, ceban la mina de explosivos… humanos. Y es que para la derecha, por lo que se ve, todo es válido para tumbar u obstaculizar al Gobierno.
En resumen, que septiembre se presenta movidito. No es que sean asuntos que desvelan a los españolas y de los que discuten en los bares acaloradamente. No se trata de la vivienda, los sueldos, el trabajo, la salud, la educación o la economía que, según la derecha, van de mal en peor.
Porque nada mejora: ni el salario mínimo (que se lo pregunten a quienes lo cobran); ni las pensiones (que pregunten a los jubilados); ni la inflación (que pregunten a quienes compran en el supermercado o pagan la luz); ni las becas (a los estudiantes es mejor no preguntar, están a sus cosas); ni los trenes (bueno, de esto es mejor ni preguntar)… ¿Existe algún país más desastroso que el nuestro? Para la derecha, ninguno, mientras ella no gobierne. Y, así, año tras año y curso tras curso. Este que ahora arranca no va a ser menos. Supongo.
DANIEL GUERRERO
FOTOGRAFÍA: ISABEL AGUILAR
FOTOGRAFÍA: ISABEL AGUILAR
