Al expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, lo acaban de declarar, por unanimidad de un jurado de Manhattan, culpable de 34 delitos por sobornar a una prostituta ("actriz porno" en aquellos lares) para que guardara silencio y falsificar esos pagos como “gastos legales” de la campaña electoral del entonces candidato. Es decir, no lo castigan por irse de putas, sino por falsificar apuntes contables.
Eso lo convierte en el primer expresidente de EE.UU. que es condenado en un juicio penal. Lo que no le impide ser de nuevo candidato republicano a la Casa Blanca en las próximas elecciones presidenciales, cosa probable si los ciudadanos vuelven a otorgar su confianza en un delincuente para tan alto puesto.
Será la primera vez que condenan a un expresidente pero no la única, puesto que Donald Trump, declarado delincuente por la Justicia, tiene pendiente otros juicios por sustraer papeles secretos de la Casa Blanca, por incitar el asalto al Capitolio y por intentar revertir el resultado electoral en el Estado de Georgia, en 2020.
Todas estas actuaciones al margen de ley y un comportamiento personal e institucional basado en mentiras, manipulaciones, descalificaciones, insultos y engaños, hacen del exmandatario un personaje repudiable y peligroso, ya que se ha demostrado que es capaz de cualquier arbitrariedad y cualquier delito por conseguir sus propósitos, tanto en la esfera de los negocios como en la de sus ambiciones políticas.
Peligroso para su país, pero también para otros del planeta, en tanto en cuanto su modelo de desprecio a la legalidad, las instituciones y la democracia está siendo imitado por las derechas extremistas –y las no tan extremas– del mundo entero.
La desfachatez, soberbia y agresividad con las que actúan esas derechas es notoria cuando no alcanzan sus objetivos o no detentan el poder. Tal como demostró el propio Trump al conocer la sentencia del tribunal neoyorkino y manifestar, para cuestionar el veredicto unánime del jurado, que vivía “en un Estado fascista y corrupto”.
Y es que, cuando la justicia, los votos, las leyes, las instituciones o la democracia les son adversos, las derechas suelen reaccionar emprendiendo campañas de desprestigio, deslegitimación y desconfianzas, por aparentar ser víctimas de un complot monumental, contra tales instituciones y órganos del Estado, a los que acusan, sin pruebas, de corrupción o estar al servicio de un tirano o un traidor.
Es lo que sucede en España cuando las derechas patrias anuncian, por no alcanzar el poder, que España se rompe. Lo llevan haciendo hace mucho tiempo, curiosamente desde que la izquierda gobierna. Y cada vez que ésta gobierna. Nos referimos a las derechas que ahora adoran al ultraderechista argentino y actual presidente de su país, Javier Milei, al que invitan a sus cónclaves de enfebrecida amonestación al Gobierno de España, sin importarles la calaña del personaje.
Esas derechas ultras, tan patrióticas ellas, lo trajeron aquí para que insultara al país anfitrión y al presidente que lo gobierna con legitimidad democrática, lanzando bulos, mentiras e insultos sin recato alguno. El invitado ultra argentino se exhibió con idéntico desprecio a las normas y prácticas diplomáticas de las que hacía gala el delincuente norteamericano cuando gobernaba su país.
Parece que nuestras derechas toman de modelo a un Milei que defiende que el Estado se abstenga de evitar muertes por hambre y que prohíbe el reparto de alimentos a los comedores escolares. Esto es sólo un botón de muestra de las políticas que aplica el mandatario argentino en un país que soporta una profunda crisis económica y en el que la pobreza alcanza al 57,4 por ciento de la población. ¿Es, acaso, este el programa “ultraliberal” que las derechas españolas van a aplicar a nuestra economía? No se sabe porque de ello nada dicen, salvo que España se rompe.
Pero, con la experiencia de gobierno de la derecha “moderada” de Rajoy, que aprobó una reforma laboral lesiva para los asalariados, recortó ayudas y prestaciones públicas, que impulsó un impuesto al sol, congeló técnicamente las pensiones y pidió un préstamo para socorrer a los bancos, no a las personas, durante la última crisis financiera, además de otras medidas de igual corte “austericida”, es fácil imaginar por dónde irían los hachazos de la “motosierra” de cualquier gobierno apoyado, desde dentro o desde fuera, por la ultraderecha en nuestro país.
Y eso sin mencionar otras iniciativas del gusto de los ultras, como la censura cultural, las restricciones de derechos como el aborto, la criminalización de la diversidad social, política y moral que existe en la sociedad, su alergia patológica a la migración (“más muros y menos moros” dixit), su rechazo a la Unión Europea, a las Autonomías y al feminismo, su negativa a aceptar y combatir la violencia machista o condenar la Guerra Civil y la Dictadura, así como su rechazo a la Memoria Democrática y un largo etcétera del resto de medidas retrógradas que componen su ideario.
Tal vez sea por ello que la derecha extremista no ha podido acceder, todavía, al Gobierno de España, a pesar de que en municipios y autonomías haya podido asentar sus posaderas en las poltronas del poder, gracias precisamente a la mal llamada derecha moderada que asume y aplica el ideario ultra. De ahí que no haya día en que todas ellas, moderadas y ultras bien coordinadas, adviertan que el país se rompe. Un peligro tan inminente que llevan años anunciándolo.
La última vez, y con gran alboroto, fue con ocasión de la aprobación definitiva, por parte del Congreso de los Diputados, de la Ley de Amnistía, con 177 votos a favor y 172 en contra, después de un proceso controvertido que incluyó el uso filibusterista del Senado por la mayoría de derechas en dicha Cámara.
Y una vez más, una ley, elaborada de acuerdo con los procedimientos y trámites legislativos de un Estado de Derecho, ha vuelto a desatar la reacción airada, despreciativa y maleducada de las derechas durante la sesión de votación. Como con sus argumentos no convencieron ni con sus votos no pudieron, esas derechas trataron por todos los medios de interrumpir el pleno mediante una algarabía orquestada de gritos e insultos contra miembros del Gobierno y los parlamentarios partidarios de la ley.
Así, calificativos como “traidores”, “corruptos”, “vendidos”, “Sánchez a prisión”, “cómplices de Hamás” y otros jalonaron una sesión que provocaba vergüenza ajena, pues parecía una bronca de un patio de vecinos. La bronca de los que no aceptan, cuando les es adversa, la democracia.
Entonces se dedican a emprender campañas de desinformación para engañar y confundir a los ciudadanos, presentando la Ley de amnistía para los condenados del procés como si se tratara de un atentado a la democracia, un acto inconstitucional y una quiebra del principio de igualdad de todos los españoles. Vamos, que se rompía España, otra vez. Pero ocultando que todos esos exabruptos provenían de una derecha que ha promovido o ha estado conforme con otras amnistías que, mira por dónde, no han roto España porque habían sido de su agrado o conveniencia.
Callaron que, durante los primeros pasos de nuestra democracia, allá por 1977, el centroderecha de UCD (aquello sí que era una derecha moderada) aprobó una ley de amnistía para los represaliados por la dictadura franquista, a la que la Alianza Popular del exministro franquista Manuel Fraga, antecesora del actual Partido Popular del que Fraga es presidente de honor y referencia carismática, se abstuvo, pero no votó en contra. No la rechazó porque amparaba, además de a los “rojos” que sufrieron persecución y castigos, a numerosos personajes que habían sido altos cargos de la criminal dictadura de Franco. Y no se rompió España.
Y que más adelante, la derecha gobernante del citado M. Rajoy (¿quién será?) aprobó mediante decreto-ley otra amnistía que perdonó a los evasores fiscales sus delitos contra Hacienda si pagaban el 3 por ciento (era el 10%, pero se lo rebajaron) de los capitales así blanqueados y retornados, sin multas ni intereses. No fue casualidad que este “perdón” de 2012, que sí quebraba la justicia contributiva, en función de su capacidad, de los españoles, fuera declarada inconstitucional posteriormente por el Tribunal Constitucional. Pero nadie dijo que con ella se rompiera España.
Sólo la promovida por un Gobierno de izquierdas, tras un pacto entre PSOE, Junts y ERC, es un disparate, un acto de deslealtad histórica y una traición a la Nación, aunque posibilite la normalización política y convivencial de Cataluña y sirva para superar, de alguna manera, el trauma del procés. A tenor de esta derecha, de las tres amnistías promovidas en democracia, sólo esta última rompe España, aunque para su disgusto España no acabe de romperse.
Habrá que aguardar a otra ocasión para ver si nuestro país salta por los aires, como teme y espera la derecha. ¡Y mira que lo procuran con todas sus ganas! No hacen más que preconizarlo a través de sus sucursales políticas, judiciales y mediáticas con catastrofismo y exageración desmedidos. Habrá que esperar a lo que se desprende del resultado de las elecciones europeas de ayer, para ver si entonces se rompe de una vez, como desean, para que las derechas tengan que venir a salvar España, como dijo una vez el ministro Montoro (¿se acuerdan?). Desde entonces no sueñan más que con eso: que España se rompe.
Eso lo convierte en el primer expresidente de EE.UU. que es condenado en un juicio penal. Lo que no le impide ser de nuevo candidato republicano a la Casa Blanca en las próximas elecciones presidenciales, cosa probable si los ciudadanos vuelven a otorgar su confianza en un delincuente para tan alto puesto.
Será la primera vez que condenan a un expresidente pero no la única, puesto que Donald Trump, declarado delincuente por la Justicia, tiene pendiente otros juicios por sustraer papeles secretos de la Casa Blanca, por incitar el asalto al Capitolio y por intentar revertir el resultado electoral en el Estado de Georgia, en 2020.
Todas estas actuaciones al margen de ley y un comportamiento personal e institucional basado en mentiras, manipulaciones, descalificaciones, insultos y engaños, hacen del exmandatario un personaje repudiable y peligroso, ya que se ha demostrado que es capaz de cualquier arbitrariedad y cualquier delito por conseguir sus propósitos, tanto en la esfera de los negocios como en la de sus ambiciones políticas.
Peligroso para su país, pero también para otros del planeta, en tanto en cuanto su modelo de desprecio a la legalidad, las instituciones y la democracia está siendo imitado por las derechas extremistas –y las no tan extremas– del mundo entero.
La desfachatez, soberbia y agresividad con las que actúan esas derechas es notoria cuando no alcanzan sus objetivos o no detentan el poder. Tal como demostró el propio Trump al conocer la sentencia del tribunal neoyorkino y manifestar, para cuestionar el veredicto unánime del jurado, que vivía “en un Estado fascista y corrupto”.
Y es que, cuando la justicia, los votos, las leyes, las instituciones o la democracia les son adversos, las derechas suelen reaccionar emprendiendo campañas de desprestigio, deslegitimación y desconfianzas, por aparentar ser víctimas de un complot monumental, contra tales instituciones y órganos del Estado, a los que acusan, sin pruebas, de corrupción o estar al servicio de un tirano o un traidor.
Es lo que sucede en España cuando las derechas patrias anuncian, por no alcanzar el poder, que España se rompe. Lo llevan haciendo hace mucho tiempo, curiosamente desde que la izquierda gobierna. Y cada vez que ésta gobierna. Nos referimos a las derechas que ahora adoran al ultraderechista argentino y actual presidente de su país, Javier Milei, al que invitan a sus cónclaves de enfebrecida amonestación al Gobierno de España, sin importarles la calaña del personaje.
Esas derechas ultras, tan patrióticas ellas, lo trajeron aquí para que insultara al país anfitrión y al presidente que lo gobierna con legitimidad democrática, lanzando bulos, mentiras e insultos sin recato alguno. El invitado ultra argentino se exhibió con idéntico desprecio a las normas y prácticas diplomáticas de las que hacía gala el delincuente norteamericano cuando gobernaba su país.
Parece que nuestras derechas toman de modelo a un Milei que defiende que el Estado se abstenga de evitar muertes por hambre y que prohíbe el reparto de alimentos a los comedores escolares. Esto es sólo un botón de muestra de las políticas que aplica el mandatario argentino en un país que soporta una profunda crisis económica y en el que la pobreza alcanza al 57,4 por ciento de la población. ¿Es, acaso, este el programa “ultraliberal” que las derechas españolas van a aplicar a nuestra economía? No se sabe porque de ello nada dicen, salvo que España se rompe.
Pero, con la experiencia de gobierno de la derecha “moderada” de Rajoy, que aprobó una reforma laboral lesiva para los asalariados, recortó ayudas y prestaciones públicas, que impulsó un impuesto al sol, congeló técnicamente las pensiones y pidió un préstamo para socorrer a los bancos, no a las personas, durante la última crisis financiera, además de otras medidas de igual corte “austericida”, es fácil imaginar por dónde irían los hachazos de la “motosierra” de cualquier gobierno apoyado, desde dentro o desde fuera, por la ultraderecha en nuestro país.
Y eso sin mencionar otras iniciativas del gusto de los ultras, como la censura cultural, las restricciones de derechos como el aborto, la criminalización de la diversidad social, política y moral que existe en la sociedad, su alergia patológica a la migración (“más muros y menos moros” dixit), su rechazo a la Unión Europea, a las Autonomías y al feminismo, su negativa a aceptar y combatir la violencia machista o condenar la Guerra Civil y la Dictadura, así como su rechazo a la Memoria Democrática y un largo etcétera del resto de medidas retrógradas que componen su ideario.
Tal vez sea por ello que la derecha extremista no ha podido acceder, todavía, al Gobierno de España, a pesar de que en municipios y autonomías haya podido asentar sus posaderas en las poltronas del poder, gracias precisamente a la mal llamada derecha moderada que asume y aplica el ideario ultra. De ahí que no haya día en que todas ellas, moderadas y ultras bien coordinadas, adviertan que el país se rompe. Un peligro tan inminente que llevan años anunciándolo.
La última vez, y con gran alboroto, fue con ocasión de la aprobación definitiva, por parte del Congreso de los Diputados, de la Ley de Amnistía, con 177 votos a favor y 172 en contra, después de un proceso controvertido que incluyó el uso filibusterista del Senado por la mayoría de derechas en dicha Cámara.
Y una vez más, una ley, elaborada de acuerdo con los procedimientos y trámites legislativos de un Estado de Derecho, ha vuelto a desatar la reacción airada, despreciativa y maleducada de las derechas durante la sesión de votación. Como con sus argumentos no convencieron ni con sus votos no pudieron, esas derechas trataron por todos los medios de interrumpir el pleno mediante una algarabía orquestada de gritos e insultos contra miembros del Gobierno y los parlamentarios partidarios de la ley.
Así, calificativos como “traidores”, “corruptos”, “vendidos”, “Sánchez a prisión”, “cómplices de Hamás” y otros jalonaron una sesión que provocaba vergüenza ajena, pues parecía una bronca de un patio de vecinos. La bronca de los que no aceptan, cuando les es adversa, la democracia.
Entonces se dedican a emprender campañas de desinformación para engañar y confundir a los ciudadanos, presentando la Ley de amnistía para los condenados del procés como si se tratara de un atentado a la democracia, un acto inconstitucional y una quiebra del principio de igualdad de todos los españoles. Vamos, que se rompía España, otra vez. Pero ocultando que todos esos exabruptos provenían de una derecha que ha promovido o ha estado conforme con otras amnistías que, mira por dónde, no han roto España porque habían sido de su agrado o conveniencia.
Callaron que, durante los primeros pasos de nuestra democracia, allá por 1977, el centroderecha de UCD (aquello sí que era una derecha moderada) aprobó una ley de amnistía para los represaliados por la dictadura franquista, a la que la Alianza Popular del exministro franquista Manuel Fraga, antecesora del actual Partido Popular del que Fraga es presidente de honor y referencia carismática, se abstuvo, pero no votó en contra. No la rechazó porque amparaba, además de a los “rojos” que sufrieron persecución y castigos, a numerosos personajes que habían sido altos cargos de la criminal dictadura de Franco. Y no se rompió España.
Y que más adelante, la derecha gobernante del citado M. Rajoy (¿quién será?) aprobó mediante decreto-ley otra amnistía que perdonó a los evasores fiscales sus delitos contra Hacienda si pagaban el 3 por ciento (era el 10%, pero se lo rebajaron) de los capitales así blanqueados y retornados, sin multas ni intereses. No fue casualidad que este “perdón” de 2012, que sí quebraba la justicia contributiva, en función de su capacidad, de los españoles, fuera declarada inconstitucional posteriormente por el Tribunal Constitucional. Pero nadie dijo que con ella se rompiera España.
Sólo la promovida por un Gobierno de izquierdas, tras un pacto entre PSOE, Junts y ERC, es un disparate, un acto de deslealtad histórica y una traición a la Nación, aunque posibilite la normalización política y convivencial de Cataluña y sirva para superar, de alguna manera, el trauma del procés. A tenor de esta derecha, de las tres amnistías promovidas en democracia, sólo esta última rompe España, aunque para su disgusto España no acabe de romperse.
Habrá que aguardar a otra ocasión para ver si nuestro país salta por los aires, como teme y espera la derecha. ¡Y mira que lo procuran con todas sus ganas! No hacen más que preconizarlo a través de sus sucursales políticas, judiciales y mediáticas con catastrofismo y exageración desmedidos. Habrá que esperar a lo que se desprende del resultado de las elecciones europeas de ayer, para ver si entonces se rompe de una vez, como desean, para que las derechas tengan que venir a salvar España, como dijo una vez el ministro Montoro (¿se acuerdan?). Desde entonces no sueñan más que con eso: que España se rompe.
DANIEL GUERRERO
