FACUA Andalucía lamentó ayer que la Junta de Andalucía haya vuelto a dejar fuera la banca, por segundo año consecutivo, de su Plan Anual de Inspección de Consumo 2024. Dicho plan incluye la realización de 18 campañas y la de alrededor de 9.000 controles en los sectores de alimentación, productos industriales y servicios.
La federación remitió el pasado mes de octubre un escrito a Milagros de Borbón y Cruz, directora general de Consumo, en el que planteaba que se incluyesen inspecciones a la banca, entre otros sectores, de acuerdo a los problemas que aglutinan un mayor número de quejas y reclamaciones de los usuarios.
FACUA Andalucía le planteó inspeccionar la posibilidad de retroceder los recibos cargados por la propia entidad (por ejemplo, las entidades no permiten a los clientes devolver recibos de préstamos hipotecarios cuando la hipoteca la tienen formalizada con ellos), el control de empresas o establecimientos financieros que ofrecen tarjetas en centros comerciales, la supervisión en los casos de cobro por reclamación de posiciones deudoras o realizar una labor de inspección en la publicidad y el clausurado de los créditos revolving y minicréditos, entre otras propuestas.
"La Junta de Andalucía ha hecho caso omiso a estas peticiones, y ha dejado a la banca, una vez más, fuera de su Plan de Inspección de Consumo 2024", sostiene la asociación, que califica de "grave error" esta decisión, ya que, año tras año, es uno de los sectores contra el que más reclamaciones presentan los consumidores.
"Ante esta inacción de la autoridad autonómica de Consumo, las empresas del sector no se sentirán vigiladas y, por tanto, no harán nada para revertir o eliminar aquellas prácticas o conductas que suponen la vulneración de los derechos de los consumidores", denuncia FACUA.
La última vez que la Dirección General de Consumo incluyó la banca en su Plan Anual de Inspección de Consumo fue en 2022, un año en el que apenas se revisaron ocho contratos bancarios de ocho entidades financieras. En 2020 y 2021 tampoco se llevaron a cabo inspecciones en este sector pese a que en 2019 se habían detectado numerosas irregularidades que supusieron multas de decenas de miles de euros a varios bancos.
La federación entiende la limitación técnica y de personal que puede tener la Dirección General de Consumo a la hora de abarcar y controlar los diferentes sectores, aunque lamenta la decisión política de dejar fuera de estas inspecciones a la banca.
El Defensor del Pueblo ya abordó en 2016 de forma expresa la precariedad de la Administración de consumo y alertó sobre la necesidad de dotar de medios económicos y humanos a los servicios de consumo, ya que se ven desbordados e imposibilitados para atender adecuadamente sus funciones. Los medios humanos destinados a día de hoy son inferiores que en el momento en que se pronunció el Defensor del Pueblo.
Por todo ello, FACUA Andalucía considera que, en un contexto de incremento de los abusos a los consumidores y de debilidad de las estructuras administrativas para hacerle frente, la acción de lo público debería verse reforzada presupuestariamente.
La federación remitió el pasado mes de octubre un escrito a Milagros de Borbón y Cruz, directora general de Consumo, en el que planteaba que se incluyesen inspecciones a la banca, entre otros sectores, de acuerdo a los problemas que aglutinan un mayor número de quejas y reclamaciones de los usuarios.
FACUA Andalucía le planteó inspeccionar la posibilidad de retroceder los recibos cargados por la propia entidad (por ejemplo, las entidades no permiten a los clientes devolver recibos de préstamos hipotecarios cuando la hipoteca la tienen formalizada con ellos), el control de empresas o establecimientos financieros que ofrecen tarjetas en centros comerciales, la supervisión en los casos de cobro por reclamación de posiciones deudoras o realizar una labor de inspección en la publicidad y el clausurado de los créditos revolving y minicréditos, entre otras propuestas.
"La Junta de Andalucía ha hecho caso omiso a estas peticiones, y ha dejado a la banca, una vez más, fuera de su Plan de Inspección de Consumo 2024", sostiene la asociación, que califica de "grave error" esta decisión, ya que, año tras año, es uno de los sectores contra el que más reclamaciones presentan los consumidores.
"Ante esta inacción de la autoridad autonómica de Consumo, las empresas del sector no se sentirán vigiladas y, por tanto, no harán nada para revertir o eliminar aquellas prácticas o conductas que suponen la vulneración de los derechos de los consumidores", denuncia FACUA.
La última vez que la Dirección General de Consumo incluyó la banca en su Plan Anual de Inspección de Consumo fue en 2022, un año en el que apenas se revisaron ocho contratos bancarios de ocho entidades financieras. En 2020 y 2021 tampoco se llevaron a cabo inspecciones en este sector pese a que en 2019 se habían detectado numerosas irregularidades que supusieron multas de decenas de miles de euros a varios bancos.
Mayor dotación presupuestaria y voluntad política
FACUA Andalucía lleva años solicitando a la Junta de Andalucía que incremente la partida presupuestaria destinada a Consumo, pues es cada vez más necesario el fortalecimiento e incremento de las labores de inspección para que los consumidores y usuarios se vean menos inseguros en el mercado, garantizando por tanto un mercado seguro y transparente para los consumidores.
La federación entiende la limitación técnica y de personal que puede tener la Dirección General de Consumo a la hora de abarcar y controlar los diferentes sectores, aunque lamenta la decisión política de dejar fuera de estas inspecciones a la banca.
El Defensor del Pueblo ya abordó en 2016 de forma expresa la precariedad de la Administración de consumo y alertó sobre la necesidad de dotar de medios económicos y humanos a los servicios de consumo, ya que se ven desbordados e imposibilitados para atender adecuadamente sus funciones. Los medios humanos destinados a día de hoy son inferiores que en el momento en que se pronunció el Defensor del Pueblo.
Por todo ello, FACUA Andalucía considera que, en un contexto de incremento de los abusos a los consumidores y de debilidad de las estructuras administrativas para hacerle frente, la acción de lo público debería verse reforzada presupuestariamente.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
