La implantación de los grados duales en el sistema público universitario andaluz será "prioritaria" a partir del año 2025, gracias al nuevo decreto de ordenación de enseñanzas universitarias en el que trabaja ya la Junta de Andalucía y en el que se regula esta modalidad de título.
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha firmado el acuerdo que permite comenzar con la tramitación por la vía de urgencia del proyecto de decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias en Andalucía en el que se regula esta modalidad de títulos.
Una vez que esté listo este texto legal en el actual ejercicio, tal y como se comprometió Gómez Villamandos, la comunidad podrá contar con la primera norma específica de carácter autonómico que se encargará de establecer los criterios para aprobar la programación universitaria en la comunidad y adecuar los planes de estudio a esa programación.
También regulará la autorización para implantar, modificar y suprimir los títulos de grado, máster y doctorado, así como la necesidad y viabilidad académica y social de estas enseñanzas. Además, recogerá los procedimientos para la verificación de los planes de estudios de las universidades. Hasta ahora, en Andalucía este proceso de autorización, acreditación o verificación se ha llevado a cabo tomando como referencia el marco estatal que era de aplicación.
Este proyecto de decreto se aplicará al conjunto de las diez instituciones académicas y las nuevas titulaciones a impartir con sus determinaciones se incorporarán al sistema a partir del año 2025. Entre las novedades recogidas, incluye la modalidad de grados y másteres con mención dual, cuya impartición se pretende promover desde la Junta de Andalucía, al igual que la enseñanza interuniversitaria y la de carácter internacional.
Para ello se suavizarán los criterios exigidos para el conjunto de titulaciones en lo que respecta a los recursos de personal docente e investigador que deberán garantizar las universidades públicas andaluzas para llevarlas a cabo.
Los grados y másteres con mención dual contemplan la posibilidad de que el estudiantado compatibilice su proceso formativo con una actividad retribuida en una empresa o institución mediante un contrato de formación en alternancia, de acuerdo con la ley laboral.
De acuerdo con la normativa, el porcentaje de créditos que se podrán desarrollar en la empresa o entidad empleadora oscilará entre un mínimo del 20% y un máximo del 40% en el caso de los grados y entre el 25 y el 50% en los másteres.
Atendiendo a las condiciones que se plantean en el nuevo decreto de ordenación, será necesario formalizar un convenio de colaboración entre el centro formativo y la empresa o entidad empleadora, que definirá con carácter previo las competencias y conocimientos que se pretenden alcanzar de forma complementaria mediante la actividad laboral. Dicho convenio tendrá que recoger un plan formativo para el alumnado que contendrá su itinerario de cualificación laboral, los mecanismos de tutoría y supervisión y los sistemas de evaluación.
La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), de reciente creación, será la responsable de constatar que se puede otorgar esa consideración de dual. Gómez Villamandos ha explicado que esta medida tiene como finalidad favorecer la empleabilidad del estudiantado y su incorporación adecuada al tejido productivo.
“La formación dual fomenta que los jóvenes tomen contacto con la realidad laboral desde sus años de estudio”, ha apostillado, para añadir que este modelo “garantiza personal cualificado a sectores que lo necesiten, además de un acceso más fácil a un primer puesto de trabajo”.
La formación dual es una práctica extendida en muchos países europeos frente a lo que ocurre en España, donde su desarrollo se encuentra en una fase incipiente. Por tanto, según el consejero de Universidad, se trata de "una oportunidad para mejorar la competitividad del alumnado andaluz y para lograr una mayor eficiencia y eficacia de los recursos del propio sistema público universitario de la comunidad”.
Se buscará, igualmente, un equilibrio territorial en la oferta para evitar duplicidades, eliminar desajustes entre oferta y demanda y actualizar la oferta incorporando títulos que respondan a necesidades objetivas de formación de la sociedad.
De igual modo, el proyecto de decreto plantea atender otros criterios como la suficiencia financiera y de recursos de personal e infraestructura y llama la atención sobre la necesidad de que el sistema universitario aborde cambios estructurales para adaptarse a una estrategia de internacionalización.
En cualquier caso, otorga una consideración especial a aquellas titulaciones que, aun teniendo poca demanda, sean necesarias para responder a las necesidades del tejido económico y productivo del territorio o la provincia en cuestión.
Los últimos títulos de grado que se han aprobado en Andalucía, como es el caso de Medicina de Almería y Jaén, obtuvieron la autorización en 2010, fecha a partir de la cual no se ha vuelto a dar luz verde a ningún otro.
El texto legal ya tiene incorporadas las aportaciones realizadas por las diferentes universidades públicas andaluzas a través de las reuniones que ha venido manteniendo en los últimos meses el consejero José Carlos Gómez Villamandos con los vicerrectores de ordenación académica y de internacionalización.
Además, ya se ha sometido a consulta pública previa, por lo que el siguiente paso que se dé será el trámite de información pública, en el que la ciudadanía, así como las asociaciones y entidades afectadas por este cambio normativo tendrán la oportunidad de realizar sugerencias y observaciones.
Con posterioridad, la Consejería de Universidad procederá a solicitar los correspondientes informes preceptivos, entre los que destacan, los del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y del Consejo Asesor de Estudiantes de Andalucía. También tienen esa consideración los emitidos por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y por el Consejo Consultivo.
Tras completar todo el proceso, el proyecto de decreto será remitido finalmente al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva y su entrada en vigor. En la actualidad, en el sistema universitario andaluz existen 1.336 títulos oficiales, de los que 1.294 se imparten en las instituciones académicas públicas y 42 en la Universidad Loyola de Andalucía, de naturaleza privada.
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha firmado el acuerdo que permite comenzar con la tramitación por la vía de urgencia del proyecto de decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias en Andalucía en el que se regula esta modalidad de títulos.
Una vez que esté listo este texto legal en el actual ejercicio, tal y como se comprometió Gómez Villamandos, la comunidad podrá contar con la primera norma específica de carácter autonómico que se encargará de establecer los criterios para aprobar la programación universitaria en la comunidad y adecuar los planes de estudio a esa programación.
También regulará la autorización para implantar, modificar y suprimir los títulos de grado, máster y doctorado, así como la necesidad y viabilidad académica y social de estas enseñanzas. Además, recogerá los procedimientos para la verificación de los planes de estudios de las universidades. Hasta ahora, en Andalucía este proceso de autorización, acreditación o verificación se ha llevado a cabo tomando como referencia el marco estatal que era de aplicación.
Este proyecto de decreto se aplicará al conjunto de las diez instituciones académicas y las nuevas titulaciones a impartir con sus determinaciones se incorporarán al sistema a partir del año 2025. Entre las novedades recogidas, incluye la modalidad de grados y másteres con mención dual, cuya impartición se pretende promover desde la Junta de Andalucía, al igual que la enseñanza interuniversitaria y la de carácter internacional.
Para ello se suavizarán los criterios exigidos para el conjunto de titulaciones en lo que respecta a los recursos de personal docente e investigador que deberán garantizar las universidades públicas andaluzas para llevarlas a cabo.
Los grados y másteres con mención dual contemplan la posibilidad de que el estudiantado compatibilice su proceso formativo con una actividad retribuida en una empresa o institución mediante un contrato de formación en alternancia, de acuerdo con la ley laboral.
De acuerdo con la normativa, el porcentaje de créditos que se podrán desarrollar en la empresa o entidad empleadora oscilará entre un mínimo del 20% y un máximo del 40% en el caso de los grados y entre el 25 y el 50% en los másteres.
Atendiendo a las condiciones que se plantean en el nuevo decreto de ordenación, será necesario formalizar un convenio de colaboración entre el centro formativo y la empresa o entidad empleadora, que definirá con carácter previo las competencias y conocimientos que se pretenden alcanzar de forma complementaria mediante la actividad laboral. Dicho convenio tendrá que recoger un plan formativo para el alumnado que contendrá su itinerario de cualificación laboral, los mecanismos de tutoría y supervisión y los sistemas de evaluación.
La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), de reciente creación, será la responsable de constatar que se puede otorgar esa consideración de dual. Gómez Villamandos ha explicado que esta medida tiene como finalidad favorecer la empleabilidad del estudiantado y su incorporación adecuada al tejido productivo.
“La formación dual fomenta que los jóvenes tomen contacto con la realidad laboral desde sus años de estudio”, ha apostillado, para añadir que este modelo “garantiza personal cualificado a sectores que lo necesiten, además de un acceso más fácil a un primer puesto de trabajo”.
La formación dual es una práctica extendida en muchos países europeos frente a lo que ocurre en España, donde su desarrollo se encuentra en una fase incipiente. Por tanto, según el consejero de Universidad, se trata de "una oportunidad para mejorar la competitividad del alumnado andaluz y para lograr una mayor eficiencia y eficacia de los recursos del propio sistema público universitario de la comunidad”.
Demanda real de titulaciones y equilibrio territorial de la oferta
En el decreto de ordenación se establecen las bases que guiarán la aprobación de la programación universitaria de Andalucía, en la que se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, la estructura socioeconómica del territorio, su tejido productivo, así como las potencialidades y necesidades de su mercado laboral. También se atenderá a la existencia de una demanda real, tanto por parte de la sociedad andaluza como del estudiantado, que deberá fundamentarse adecuadamente en estudios y referentes externos, según detalla el documento.Se buscará, igualmente, un equilibrio territorial en la oferta para evitar duplicidades, eliminar desajustes entre oferta y demanda y actualizar la oferta incorporando títulos que respondan a necesidades objetivas de formación de la sociedad.
De igual modo, el proyecto de decreto plantea atender otros criterios como la suficiencia financiera y de recursos de personal e infraestructura y llama la atención sobre la necesidad de que el sistema universitario aborde cambios estructurales para adaptarse a una estrategia de internacionalización.
En cualquier caso, otorga una consideración especial a aquellas titulaciones que, aun teniendo poca demanda, sean necesarias para responder a las necesidades del tejido económico y productivo del territorio o la provincia en cuestión.
Tramitación por la vía de urgencia
La Consejería de Universidad ha iniciado la tramitación del proyecto normativo mediante la vía de urgencia con el fin de implementar a la mayor brevedad posible los diversos procedimientos regulados en el documento y vinculados a la aprobación de la propia programación universitaria, la verificación de los planes de estudios o la autorización para la implantación de nuevas titulaciones. De hecho, desde el primero hasta el último de los trámites implicados en la aprobación de nuevas enseñanzas suele transcurrir un año y medio como mínimo.Los últimos títulos de grado que se han aprobado en Andalucía, como es el caso de Medicina de Almería y Jaén, obtuvieron la autorización en 2010, fecha a partir de la cual no se ha vuelto a dar luz verde a ningún otro.
El texto legal ya tiene incorporadas las aportaciones realizadas por las diferentes universidades públicas andaluzas a través de las reuniones que ha venido manteniendo en los últimos meses el consejero José Carlos Gómez Villamandos con los vicerrectores de ordenación académica y de internacionalización.
Además, ya se ha sometido a consulta pública previa, por lo que el siguiente paso que se dé será el trámite de información pública, en el que la ciudadanía, así como las asociaciones y entidades afectadas por este cambio normativo tendrán la oportunidad de realizar sugerencias y observaciones.
Con posterioridad, la Consejería de Universidad procederá a solicitar los correspondientes informes preceptivos, entre los que destacan, los del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y del Consejo Asesor de Estudiantes de Andalucía. También tienen esa consideración los emitidos por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y por el Consejo Consultivo.
Tras completar todo el proceso, el proyecto de decreto será remitido finalmente al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva y su entrada en vigor. En la actualidad, en el sistema universitario andaluz existen 1.336 títulos oficiales, de los que 1.294 se imparten en las instituciones académicas públicas y 42 en la Universidad Loyola de Andalucía, de naturaleza privada.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
