Hay revuelo gubernamental por la ley del solo sí es sí. Y no es para menos. La intención con la que se elaboró esa norma por parte del Ministerio de Igualdad pudo haber sido buena, pero su puesta en vigor ha resultado ser, cuando menos, contraproducente judicialmente.
Más que proteger a la mujer víctima de violación u otras agresiones sexuales, ha favorecido al delincuente sexual, permitiéndole unas rebajas de penas que han soliviantado a todo el mundo, menos a los responsables ministeriales que redactaron la ley, pues no admiten ninguna corrección de un texto legal manifiestamente mejorable.
Achacan sus efectos indeseados a los jueces, quienes suelen interpretar cualquier ley y fallar toda sentencia según los términos que la misma ley establece. Sin embargo, parece que el entuerto cometido no tiene fácil solución, a la vista de las tensiones que provoca entre los socios del Gobierno.
Unas tensiones más teatrales que reales, puesto que afloran en un momento en el que parece aconsejable delimitar perfiles que diferencien a los protagonistas de una coalición que han de competir en las próximas elecciones que tenemos por delante.
Dan la impresión, desde las gradas de la calle, que están tomando posiciones para ver quién es más guapo electoralmente. Porque, de lo contrario, no se entiende que perfeccionar una ley sea motivo de tanta discusión y enfrentamiento.
Para cualquier profano en Derecho, como el que suscribe, resulta evidente que algo falla en la ley cuando su efecto más inmediato no es el endurecimiento de las condenas, sino la reducción de las mismas a los reos. A los legos en la materia no les cuesta trabajo comprender que no son los jueces los causantes de este desaguisado, sino la propia ley que permite tal lectura.
De ahí que la gente no se explique por qué no se aborda su corrección sin más, sin tantas algaradas ni sobreactuaciones de cara a la galería, máxime cuando en el Gobierno hay jueces y abogados con experiencia al respecto y cuentan con asesores legales y toda una panoplia de expertos jurídicos que conocen perfectamente cómo armar un texto legal blindado a las interpretaciones.
El cálculo electoral y la soberbia parecen presidir las negociaciones hasta el extremo de impedir la enmienda de una ley que causa más daño que amparo a las víctimas de la violencia sexual. En el poco tiempo que lleva vigente, cerca de 500 condenados por delitos sexuales han visto reducidas sus condenas y decenas de ellos, con penas bajas es verdad, han sido excarcelados.
¿Acaso no es motivo suficiente este resultado indeseado de la ley para acometer su reforma sin demora ni discusión? Flaco favor se les está haciendo a las mujeres, que asisten atónitas al espectáculo encarnizado que protagonizan quienes presumen de portar la bandera del feminismo y, por consiguiente, la de la lucha contra las desigualdades que aun penalizan a la mujer y la del combate contra la violencia de género.
Si la gran ley que iba a materializar ese ideal de justicia es ésta por la que ahora se pelean, mejor sería que se dedicasen a otra cosa más apropiada con los egos intransigentes que exhiben con mutua desconfianza. Así no se trabaja por el bien general, sino por el interés partidista, para ver quién se pone la medalla ante la opinión pública.
Los tertulianos de cualquier taberna del país sabrían qué hacer para corregir una norma con absoluto respeto al espíritu que la inspira: centrar todo el peso de la prueba del delito en la no existencia de consentimiento expreso, en el “solo sí es sí”.
Y graduar las condenas, que han de castigar tanto los abusos como las agresiones –unificados en la ley solo como agresiones–, en función de si, además, se ejerce violencia e intimidación en el ilícito penal, lo que implicaría el aumento de las penas mínimas y evitaría la reducción de condenas y las excarcelaciones. Es decir, se mantendría la agresión sexual como único delito, pero diferenciando si hubo violencia o no. ¿Significaría esto recuperar la denostada ley anterior?
Hay que comprender que el objetivo de la actual Ley de Libertad Sexual, que se pretende corregir, es procurar que cualquier acto no consentido contra la libertad sexual sea tipificado como un delito de agresión, exista o no violencia, puesto que lesiona esa libertad, que es considerada un bien jurídico cuya esencia se defiende.
A los artífices de la ley no les agrada la introducción de grados entre agresiones con violencia o intimidación o no porque temen que se volvería a diferenciar la existencia de ataques más graves o menos graves a la libertad sexual.
A su juicio, de alguna manera se estaría otorgando más importancia a la violencia que al ataque a la libertad sexual. Mientras que los partidarios de la reforma lo que persiguen es recortar en lo posible el arbitrio judicial, al reducir o acotar el margen interpretativo, agravando las penas cuando concurran violencia o intimidación. ¿Será posible compatibilizar ambos objetivos?
Si se empeñan con buena voluntad y sin ánimos torticeros, claro que sí. No hay que ser un togado jurista para hallar lo que tienen en común ambas propuestas, manteniendo el concepto de libertad sexual y el consentimiento como eje central de la ley. Es decir, sin tocar el artículo 178 del Código Penal. Y sin hacer distinción entre abuso y agresión, pues se conserva que cualquier lesión a esa libertad sexual sea tipificado como delito de agresión sexual, ya que esa libertad sexual es un bien jurídico esencial, o sea, el tipo básico o derecho a proteger.
De ahí que agravar la pena sin cambiar la esencia del delito, incluyendo la violencia y la intimidación como agravantes, no es recuperar la ley anterior, sino perfeccionar una excelente Ley de Libertad Sexual que es muy necesaria y oportuna.
Tampoco significaría recriminar a la víctima la ausencia de resistencia a la hora de ponderar el empleo de violencia o intimidación en el ataque que sufre. ¿Se pondrán de acuerdo Unidas Podemos y PSOE durante la tramitación parlamentaria de la reforma? Depende de los cálculos electoralistas de ambos partidos, socios coaligados en el Gobierno.
Y eso es más difícil que dominar Derecho, pues entra de lleno en el terreno de la Política, campo abonado a la demagogia, a la manipulación y al fariseísmo cuando olvida su fin, que es el bien común. En este caso, el de las mujeres que todavía tienen que aguantar palabras, tocamientos, agresiones, violaciones y ataques a su integridad física que menosprecian y socavan su libertad sexual. Ya es hora de que solo sí sea sí.
Más que proteger a la mujer víctima de violación u otras agresiones sexuales, ha favorecido al delincuente sexual, permitiéndole unas rebajas de penas que han soliviantado a todo el mundo, menos a los responsables ministeriales que redactaron la ley, pues no admiten ninguna corrección de un texto legal manifiestamente mejorable.
Achacan sus efectos indeseados a los jueces, quienes suelen interpretar cualquier ley y fallar toda sentencia según los términos que la misma ley establece. Sin embargo, parece que el entuerto cometido no tiene fácil solución, a la vista de las tensiones que provoca entre los socios del Gobierno.
Unas tensiones más teatrales que reales, puesto que afloran en un momento en el que parece aconsejable delimitar perfiles que diferencien a los protagonistas de una coalición que han de competir en las próximas elecciones que tenemos por delante.
Dan la impresión, desde las gradas de la calle, que están tomando posiciones para ver quién es más guapo electoralmente. Porque, de lo contrario, no se entiende que perfeccionar una ley sea motivo de tanta discusión y enfrentamiento.
Para cualquier profano en Derecho, como el que suscribe, resulta evidente que algo falla en la ley cuando su efecto más inmediato no es el endurecimiento de las condenas, sino la reducción de las mismas a los reos. A los legos en la materia no les cuesta trabajo comprender que no son los jueces los causantes de este desaguisado, sino la propia ley que permite tal lectura.
De ahí que la gente no se explique por qué no se aborda su corrección sin más, sin tantas algaradas ni sobreactuaciones de cara a la galería, máxime cuando en el Gobierno hay jueces y abogados con experiencia al respecto y cuentan con asesores legales y toda una panoplia de expertos jurídicos que conocen perfectamente cómo armar un texto legal blindado a las interpretaciones.
El cálculo electoral y la soberbia parecen presidir las negociaciones hasta el extremo de impedir la enmienda de una ley que causa más daño que amparo a las víctimas de la violencia sexual. En el poco tiempo que lleva vigente, cerca de 500 condenados por delitos sexuales han visto reducidas sus condenas y decenas de ellos, con penas bajas es verdad, han sido excarcelados.
¿Acaso no es motivo suficiente este resultado indeseado de la ley para acometer su reforma sin demora ni discusión? Flaco favor se les está haciendo a las mujeres, que asisten atónitas al espectáculo encarnizado que protagonizan quienes presumen de portar la bandera del feminismo y, por consiguiente, la de la lucha contra las desigualdades que aun penalizan a la mujer y la del combate contra la violencia de género.
Si la gran ley que iba a materializar ese ideal de justicia es ésta por la que ahora se pelean, mejor sería que se dedicasen a otra cosa más apropiada con los egos intransigentes que exhiben con mutua desconfianza. Así no se trabaja por el bien general, sino por el interés partidista, para ver quién se pone la medalla ante la opinión pública.
Los tertulianos de cualquier taberna del país sabrían qué hacer para corregir una norma con absoluto respeto al espíritu que la inspira: centrar todo el peso de la prueba del delito en la no existencia de consentimiento expreso, en el “solo sí es sí”.
Y graduar las condenas, que han de castigar tanto los abusos como las agresiones –unificados en la ley solo como agresiones–, en función de si, además, se ejerce violencia e intimidación en el ilícito penal, lo que implicaría el aumento de las penas mínimas y evitaría la reducción de condenas y las excarcelaciones. Es decir, se mantendría la agresión sexual como único delito, pero diferenciando si hubo violencia o no. ¿Significaría esto recuperar la denostada ley anterior?
Hay que comprender que el objetivo de la actual Ley de Libertad Sexual, que se pretende corregir, es procurar que cualquier acto no consentido contra la libertad sexual sea tipificado como un delito de agresión, exista o no violencia, puesto que lesiona esa libertad, que es considerada un bien jurídico cuya esencia se defiende.
A los artífices de la ley no les agrada la introducción de grados entre agresiones con violencia o intimidación o no porque temen que se volvería a diferenciar la existencia de ataques más graves o menos graves a la libertad sexual.
A su juicio, de alguna manera se estaría otorgando más importancia a la violencia que al ataque a la libertad sexual. Mientras que los partidarios de la reforma lo que persiguen es recortar en lo posible el arbitrio judicial, al reducir o acotar el margen interpretativo, agravando las penas cuando concurran violencia o intimidación. ¿Será posible compatibilizar ambos objetivos?
Si se empeñan con buena voluntad y sin ánimos torticeros, claro que sí. No hay que ser un togado jurista para hallar lo que tienen en común ambas propuestas, manteniendo el concepto de libertad sexual y el consentimiento como eje central de la ley. Es decir, sin tocar el artículo 178 del Código Penal. Y sin hacer distinción entre abuso y agresión, pues se conserva que cualquier lesión a esa libertad sexual sea tipificado como delito de agresión sexual, ya que esa libertad sexual es un bien jurídico esencial, o sea, el tipo básico o derecho a proteger.
De ahí que agravar la pena sin cambiar la esencia del delito, incluyendo la violencia y la intimidación como agravantes, no es recuperar la ley anterior, sino perfeccionar una excelente Ley de Libertad Sexual que es muy necesaria y oportuna.
Tampoco significaría recriminar a la víctima la ausencia de resistencia a la hora de ponderar el empleo de violencia o intimidación en el ataque que sufre. ¿Se pondrán de acuerdo Unidas Podemos y PSOE durante la tramitación parlamentaria de la reforma? Depende de los cálculos electoralistas de ambos partidos, socios coaligados en el Gobierno.
Y eso es más difícil que dominar Derecho, pues entra de lleno en el terreno de la Política, campo abonado a la demagogia, a la manipulación y al fariseísmo cuando olvida su fin, que es el bien común. En este caso, el de las mujeres que todavía tienen que aguantar palabras, tocamientos, agresiones, violaciones y ataques a su integridad física que menosprecian y socavan su libertad sexual. Ya es hora de que solo sí sea sí.
DANIEL GUERRERO
