En los últimos años se ha consolidado en empresas y entidades la figura del responsable de cumplimiento normativo (compliance, en inglés), que se encarga de asegurarse de que la sociedad o institución desarrolla su actividad de acuerdo a las leyes, reglamentos, normas y prácticas éticas que se aplican a su sector.
La creciente complejidad normativa en España con leyes autonómicas, estatales y europeas obliga a que hasta la más pequeña firma contrate la gestión del cumplimiento legal a un abogado o bufete externo. Pero, ya en 1734, el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua recogía la expresión “Hecha la ley, hecha la trampa.”
La tradición española marca que las leyes están para que las cumpla el prójimo y a ser posible los de abajo, porque los de arriba, las élites económicas y empresariales, las clases altas y el clero, siempre han encontrado la manera de esquivarlas o incumplirlas directamente. La justicia, como uno de los poderes fácticos, ha servido para mantener a raya al “populacho" y sus desórdenes.
El incumplimiento legal afecta a casi todos los sectores. Ocho meses después de la entrada en vigor de la ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular –que en su artículo 18.3 dice que todos los establecimientos de hostelería ofrecerán siempre a los consumidores agua no envasada de manera gratuita–, la excepción son los bares y restaurantes que ponen de oficio la jarra de cristal o el vaso de agua del grifo.
La ya citada ley de Residuos obliga a las empresas constructoras a separar los escombros generados en las obras y lograr el 70 por ciento de valorización de los residuos derivados de demoliciones, construcciones o rehabilitaciones pero, según los datos del Clúster de la Edificación, el 75 por ciento de las constructoras no cumplen con lo que marca la ley.
Los ayuntamientos tampoco destacan por el cumplimiento legislativo. La ley de Cambio Climático exige que a partir del 1 de enero de 2023, los 149 municipios de más de 50.000 habitantes fijen Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) con restricciones de acceso a los vehículos más antiguos y contaminantes.
La realidad es desoladora: salvo Madrid y Barcelona, que ya las habían establecido, solo Sevilla y Zaragoza las han puesto en marcha en áreas muy reducidas y con un carácter casi simbólico. En la capital andaluza, la ZBE está en la Cartuja, una zona alejada del centro histórico. En el caso de los ayuntamientos, casi todos han decidido esperar a las elecciones municipales de mayo para cumplir con la ley y dejarle el marrón legal a la futura Corporación.
Podríamos seguir por numerosos sectores y la conclusión sería la misma: incumplimiento normativo generalizado como se vió en su día con el descuento en las gasolinas y ahora con las exenciones del IVA a los productos básicos de alimentación. La respuesta debe ser doble: incremento de las inspecciones y denuncias de consumidores y usuarios.
La creciente complejidad normativa en España con leyes autonómicas, estatales y europeas obliga a que hasta la más pequeña firma contrate la gestión del cumplimiento legal a un abogado o bufete externo. Pero, ya en 1734, el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua recogía la expresión “Hecha la ley, hecha la trampa.”
La tradición española marca que las leyes están para que las cumpla el prójimo y a ser posible los de abajo, porque los de arriba, las élites económicas y empresariales, las clases altas y el clero, siempre han encontrado la manera de esquivarlas o incumplirlas directamente. La justicia, como uno de los poderes fácticos, ha servido para mantener a raya al “populacho" y sus desórdenes.
El incumplimiento legal afecta a casi todos los sectores. Ocho meses después de la entrada en vigor de la ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular –que en su artículo 18.3 dice que todos los establecimientos de hostelería ofrecerán siempre a los consumidores agua no envasada de manera gratuita–, la excepción son los bares y restaurantes que ponen de oficio la jarra de cristal o el vaso de agua del grifo.
La ya citada ley de Residuos obliga a las empresas constructoras a separar los escombros generados en las obras y lograr el 70 por ciento de valorización de los residuos derivados de demoliciones, construcciones o rehabilitaciones pero, según los datos del Clúster de la Edificación, el 75 por ciento de las constructoras no cumplen con lo que marca la ley.
Los ayuntamientos tampoco destacan por el cumplimiento legislativo. La ley de Cambio Climático exige que a partir del 1 de enero de 2023, los 149 municipios de más de 50.000 habitantes fijen Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) con restricciones de acceso a los vehículos más antiguos y contaminantes.
La realidad es desoladora: salvo Madrid y Barcelona, que ya las habían establecido, solo Sevilla y Zaragoza las han puesto en marcha en áreas muy reducidas y con un carácter casi simbólico. En la capital andaluza, la ZBE está en la Cartuja, una zona alejada del centro histórico. En el caso de los ayuntamientos, casi todos han decidido esperar a las elecciones municipales de mayo para cumplir con la ley y dejarle el marrón legal a la futura Corporación.
Podríamos seguir por numerosos sectores y la conclusión sería la misma: incumplimiento normativo generalizado como se vió en su día con el descuento en las gasolinas y ahora con las exenciones del IVA a los productos básicos de alimentación. La respuesta debe ser doble: incremento de las inspecciones y denuncias de consumidores y usuarios.
ÁNGEL FERNÁNDEZ MILLÁN
