La provincia de Córdoba ha registrado en lo que va de año 114 agresiones a los profesionales del sistema sanitario público andaluz. Así lo confirmó ayer la delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella, tras presidir la reunión de la Comisión Provincial de Agresiones a Profesionales de la Salud.
El organismo, que se constituyó para seguir y coordinar las incidencias en este ámbito, está formado por interlocutores de la Policía y de la Guardia Civil, junto a los responsables de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros y y letrados de la Administración sanitaria.
La provincia de Córdoba cuenta en sus centros sanitarios con 694 cámaras de seguridad; 206 GPS en ambulancias; 134 interfonos; 1.349 salidas alternativas; 1.562 programas antipánico; 995 teléfonos; 206 timbres en ambulancias; 488 timbres en consultas; 27 alarmas individuales y 44 tarjetas magnéticas, entre otras medidas de seguridad que detalló María Jesús Botella.
En este ámbito, la delegada territorial destacó la importancia de la labor preventiva y, también, la posterior a una agresión, en las que, dijo, es determinante la actuación y labor conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional que, diariamente, "trabajan para mantener y garantizar la seguridad en los centros sanitarios".
El plan ofrece una asesoría jurídica a los profesionales que deciden denunciar que ha tramitado nueve expedientes de agresiones a profesionales del sistema sanitario público en lo que va de año. En ese sentido, los integrantes de la comisión coincidieron ayer en resaltar que "los datos que se están registrando en este año se asemejan a los registrados antes de la pandemia de covid".
A los efectos de aplicación de este plan, se considera agresión “la violencia física, insultos graves, amenazas, coacciones y todo tipo de hechos, actos o comportamientos que supongan cualquier forma de acoso o persecución de los profesionales del ámbito sanitario, ejercida por pacientes, acompañantes o usuarios, sufrida en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de estas”, según detalló la delegada.
El plan habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y ha venido a reforzar además las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.
El organismo, que se constituyó para seguir y coordinar las incidencias en este ámbito, está formado por interlocutores de la Policía y de la Guardia Civil, junto a los responsables de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros y y letrados de la Administración sanitaria.
La provincia de Córdoba cuenta en sus centros sanitarios con 694 cámaras de seguridad; 206 GPS en ambulancias; 134 interfonos; 1.349 salidas alternativas; 1.562 programas antipánico; 995 teléfonos; 206 timbres en ambulancias; 488 timbres en consultas; 27 alarmas individuales y 44 tarjetas magnéticas, entre otras medidas de seguridad que detalló María Jesús Botella.
En este ámbito, la delegada territorial destacó la importancia de la labor preventiva y, también, la posterior a una agresión, en las que, dijo, es determinante la actuación y labor conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional que, diariamente, "trabajan para mantener y garantizar la seguridad en los centros sanitarios".
El plan ofrece una asesoría jurídica a los profesionales que deciden denunciar que ha tramitado nueve expedientes de agresiones a profesionales del sistema sanitario público en lo que va de año. En ese sentido, los integrantes de la comisión coincidieron ayer en resaltar que "los datos que se están registrando en este año se asemejan a los registrados antes de la pandemia de covid".
A los efectos de aplicación de este plan, se considera agresión “la violencia física, insultos graves, amenazas, coacciones y todo tipo de hechos, actos o comportamientos que supongan cualquier forma de acoso o persecución de los profesionales del ámbito sanitario, ejercida por pacientes, acompañantes o usuarios, sufrida en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de estas”, según detalló la delegada.
El plan habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y ha venido a reforzar además las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: ARCHIVO
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