Alfonso Muñoz Cuenca, senador socialista por Córdoba, ha presentado en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Alta una moción en nombre del PSOE para mejorar y facilitar las prejubilaciones de los trabajadores con discapacidades, toda vez que la normativa existente impedía a muchos de ellos acogerse a un derecho que está regulado pero cuyos requisitos les bloqueaba el acceso.
El senador socialista recordó que la entrada en vigor del Real Decreto 1851/2009 recoge el derecho de anticipar sus jubilaciones a aquellos trabajadores con discapacidad igual o superior al 45 por ciento reglamentariamente establecidas que puedan acreditar al menos 15 años de cotización estando afectados por una discapacidad de ese grado, una medida que justificó en base a “la existencia de evidencias que determinan una apreciable reducción de su esperanza de vida”.
La aprobación de este decreto, en palabras de Muñoz Cuenca, supuso un “importante avance en la protección de los derechos de las personas trabajadoras con discapacidad”, aunque la exigencia de que el grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento tuviera que mantenerse durante 15 años “constituyó una resistencia que expulsó de la aplicación de esta modalidad a muchas personas por distintos motivos”.
Así, el senador detalló que antes de la entrada en vigor de esta normativa “muchas personas ya contaban desde hacía más de 15 años con un certificado de discapacidad en grado superior al 33 por ciento, el cual era suficiente para acceder a las ventajas que existían para personas con discapacidad”, pero agregó que la subida del grado y la exigencia de 15 años de cotización del mismo impidió que muchas personas solicitaran adelantar su jubilación, por lo que el PSOE aboga ahora por la necesidad de “flexibilizar unos requisitos que habían mostrado rigidez y de modificar la regulación”.
“Muy pocas personas con discapacidad han accedido a la anticipación de la edad de jubilación en base esta modalidad”, indicó el senador por Córdoba, quien especificó que desde su entrada en vigor, sólo 3.494 trabajadores han anticipado la jubilación por discapacidad, de ellos 278 fueron en 2021, según datos facilitados por el Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Debido a esta situación, Muñoz Cuenca, junto a la senadora socialista Mar Arnaiz, recogieron las inquietudes de los afectados y han defendido una moción en el Senado instando al Gobierno a revisar esta normativa.
Fruto de dicha moción, aprobada por unanimidad, y por los acuerdos del Pacto de Toledo, el citado Ministerio actualizará y flexibilizará la regulación de la jubilación anticipada a los 56 años para trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento vigente desde 2009 tras concluir el periodo de información pública del nuevo decreto que rebaja de 15 a 5 años el periodo de cotización necesario con un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento.
Para Alfonso Muñoz Cuenca, esta medida ampliamente demandada por los colectivos de personas con discapacidad “supone corregir una legislación que nos parecía rígida y que, con este nuevo cambio, permitirá que muchas personas con discapacidad puedan acceder a una jubilación anticipada” y responde “al compromiso del Gobierno de España de mejorar nuestro sistema público de pensiones”.
El senador socialista recordó que la entrada en vigor del Real Decreto 1851/2009 recoge el derecho de anticipar sus jubilaciones a aquellos trabajadores con discapacidad igual o superior al 45 por ciento reglamentariamente establecidas que puedan acreditar al menos 15 años de cotización estando afectados por una discapacidad de ese grado, una medida que justificó en base a “la existencia de evidencias que determinan una apreciable reducción de su esperanza de vida”.
La aprobación de este decreto, en palabras de Muñoz Cuenca, supuso un “importante avance en la protección de los derechos de las personas trabajadoras con discapacidad”, aunque la exigencia de que el grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento tuviera que mantenerse durante 15 años “constituyó una resistencia que expulsó de la aplicación de esta modalidad a muchas personas por distintos motivos”.
Así, el senador detalló que antes de la entrada en vigor de esta normativa “muchas personas ya contaban desde hacía más de 15 años con un certificado de discapacidad en grado superior al 33 por ciento, el cual era suficiente para acceder a las ventajas que existían para personas con discapacidad”, pero agregó que la subida del grado y la exigencia de 15 años de cotización del mismo impidió que muchas personas solicitaran adelantar su jubilación, por lo que el PSOE aboga ahora por la necesidad de “flexibilizar unos requisitos que habían mostrado rigidez y de modificar la regulación”.
“Muy pocas personas con discapacidad han accedido a la anticipación de la edad de jubilación en base esta modalidad”, indicó el senador por Córdoba, quien especificó que desde su entrada en vigor, sólo 3.494 trabajadores han anticipado la jubilación por discapacidad, de ellos 278 fueron en 2021, según datos facilitados por el Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Debido a esta situación, Muñoz Cuenca, junto a la senadora socialista Mar Arnaiz, recogieron las inquietudes de los afectados y han defendido una moción en el Senado instando al Gobierno a revisar esta normativa.
Fruto de dicha moción, aprobada por unanimidad, y por los acuerdos del Pacto de Toledo, el citado Ministerio actualizará y flexibilizará la regulación de la jubilación anticipada a los 56 años para trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento vigente desde 2009 tras concluir el periodo de información pública del nuevo decreto que rebaja de 15 a 5 años el periodo de cotización necesario con un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento.
Para Alfonso Muñoz Cuenca, esta medida ampliamente demandada por los colectivos de personas con discapacidad “supone corregir una legislación que nos parecía rígida y que, con este nuevo cambio, permitirá que muchas personas con discapacidad puedan acceder a una jubilación anticipada” y responde “al compromiso del Gobierno de España de mejorar nuestro sistema público de pensiones”.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
