El Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía reclamará al Gobierno del Partido Popular (PP) "respuestas y soluciones" ante la situación de "deterioro" que, a su juicio, viene registrando el servicio del transporte sanitario en la provincia de Córdoba, especialmente tras el proceso de adjudicación desarrollado en los últimos meses y que, a juicio de los socialistas, "no cumple con las condiciones de seguridad, de eficacia y de rentabilidad".
Isabel Ambrosio, parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba, anunció ayer esta medida durante un encuentro con trabajadores del sector y representantes municipales que tuvo lugar en la sede de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur, con el objetivo de conocer los pormenores que han provocado "la merma en atención y calidad" en el servicio de ambulancias con la nueva empresa y que, según recordó la parlamentaria, "ha dejado sin trabajo y sin subrogar a unos cuarenta operarios de la anterior adjudicataria".
En este sentido, Ambrosio recordó que un número importante de trabajadores del transporte sanitario están reclamando "cuestiones fundamentales que tienen que ver con el ámbito laboral pues, fruto de una decisión de la Junta de Andalucía, se han quedado sin empleo en el cambio de licitación de una empresa a otra".
"Se trata de trabajadores que vienen prestando sus servicios desde hace bastante tiempo en la provincia y con una valoración positiva por parte de los usuarios que son llevados día a día desde las instalaciones sanitarias a sus domicilios", sostuvo Ambrosio, quien reclamó que "sus condiciones laborales no se deterioren y, sobre todo, que se cumpla ese pliego de condiciones".
En este sentido, la parlamentaria socialista insistió en que "detrás de ese incumplimiento del contrato laboral y del deterioro de la condiciones de trabajo está el empeoramiento de la sanidad pública y del transporte sanitario" porque, a juicio de Ambrosio, "no se están dando las condiciones de seguridad, de eficacia y de rentabilidad que debe tener el servicio de transporte sanitario en la provincia al incumplirse de manera grave algunas cuestiones que tienen que ver con la contratación".
En este sentido, la parlamentaria socialista precisó que “lo primero que le hemos recomendado a los trabajadores y trabajadoras es que agoten la vía del recurso en el ámbito laboral y que hagan lo posible para que sus reclamaciones sean atendidas al estar en el periodo de transición del paso de una empresa a otra y deben cumplirse las condiciones del pliego, y que éstas no mermen para nada la prestación del servicio”.
Además, “y en segundo lugar, desde la parte política e institucional, nos hemos comprometido con ellos en hacer una defensa mayor de los derechos que en materia sanitaria tienen los cordobeses, sobre todo desde la complicidad existente entre los ayuntamientos socialistas, que han venido defendiendo a lo largo de estos últimos años que en sanidad no se puede dar ni un paso atrás y que el deterioro de la sanidad pública repercute en peores condiciones de vida de los cordobeses y especialmente en el medio rural”.
“Desde la vía parlamentaria, vamos a exigir respuestas, soluciones y responsabilidades, porque esto no puede ser un negocio; no se puede quedar la prestación del transporte sanitario en manos de algunos y que al final los perjudicados sean los usuarios”, añadió la portavoz socialista, que afeó “las maneras y prioridades que ha marcado Moreno Bonilla en los pocos días que llevamos de mandato, donde por lo único que ha destacado es por la bajada de impuestos a los más ricos de Andalucía, lo que tiene un perjuicio para los servicios públicos como en el caso de la sanidad”.
Según Isabel Ambrosio, la empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario en Córdoba SSGA mantiene a alrededor de 40 trabajadores "sin subrogar" en toda la provincia, lo que tildó de "ilegal" ya que, a juicio de los representantes de los trabajadores, "todos tendrían que haber sido contratados de nuevo en virtud del pliego de condiciones del concurso de licitación habilitado por la Junta en 2021".
Isabel Ambrosio, parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba, anunció ayer esta medida durante un encuentro con trabajadores del sector y representantes municipales que tuvo lugar en la sede de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur, con el objetivo de conocer los pormenores que han provocado "la merma en atención y calidad" en el servicio de ambulancias con la nueva empresa y que, según recordó la parlamentaria, "ha dejado sin trabajo y sin subrogar a unos cuarenta operarios de la anterior adjudicataria".
En este sentido, Ambrosio recordó que un número importante de trabajadores del transporte sanitario están reclamando "cuestiones fundamentales que tienen que ver con el ámbito laboral pues, fruto de una decisión de la Junta de Andalucía, se han quedado sin empleo en el cambio de licitación de una empresa a otra".
"Se trata de trabajadores que vienen prestando sus servicios desde hace bastante tiempo en la provincia y con una valoración positiva por parte de los usuarios que son llevados día a día desde las instalaciones sanitarias a sus domicilios", sostuvo Ambrosio, quien reclamó que "sus condiciones laborales no se deterioren y, sobre todo, que se cumpla ese pliego de condiciones".
En este sentido, la parlamentaria socialista insistió en que "detrás de ese incumplimiento del contrato laboral y del deterioro de la condiciones de trabajo está el empeoramiento de la sanidad pública y del transporte sanitario" porque, a juicio de Ambrosio, "no se están dando las condiciones de seguridad, de eficacia y de rentabilidad que debe tener el servicio de transporte sanitario en la provincia al incumplirse de manera grave algunas cuestiones que tienen que ver con la contratación".
En este sentido, la parlamentaria socialista precisó que “lo primero que le hemos recomendado a los trabajadores y trabajadoras es que agoten la vía del recurso en el ámbito laboral y que hagan lo posible para que sus reclamaciones sean atendidas al estar en el periodo de transición del paso de una empresa a otra y deben cumplirse las condiciones del pliego, y que éstas no mermen para nada la prestación del servicio”.
Además, “y en segundo lugar, desde la parte política e institucional, nos hemos comprometido con ellos en hacer una defensa mayor de los derechos que en materia sanitaria tienen los cordobeses, sobre todo desde la complicidad existente entre los ayuntamientos socialistas, que han venido defendiendo a lo largo de estos últimos años que en sanidad no se puede dar ni un paso atrás y que el deterioro de la sanidad pública repercute en peores condiciones de vida de los cordobeses y especialmente en el medio rural”.
“Desde la vía parlamentaria, vamos a exigir respuestas, soluciones y responsabilidades, porque esto no puede ser un negocio; no se puede quedar la prestación del transporte sanitario en manos de algunos y que al final los perjudicados sean los usuarios”, añadió la portavoz socialista, que afeó “las maneras y prioridades que ha marcado Moreno Bonilla en los pocos días que llevamos de mandato, donde por lo único que ha destacado es por la bajada de impuestos a los más ricos de Andalucía, lo que tiene un perjuicio para los servicios públicos como en el caso de la sanidad”.
Según Isabel Ambrosio, la empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario en Córdoba SSGA mantiene a alrededor de 40 trabajadores "sin subrogar" en toda la provincia, lo que tildó de "ilegal" ya que, a juicio de los representantes de los trabajadores, "todos tendrían que haber sido contratados de nuevo en virtud del pliego de condiciones del concurso de licitación habilitado por la Junta en 2021".
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
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