De nuevo la Comisión Europea corrige a nuestros políticos ante un nuevo delito ecológico. De nuevo los ecologistas vuelven a interpretar las leyes mejor que los dirigentes. De nuevo todo llega tarde y nadie se hará responsable de la destrucción de un ecosistema único en el mundo. Esta vez ha sido por la descatalogación parcial, por parte de la Junta de Andalucía, de 75 hectáreas en Artos de El Ejido, un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) incluido en la Red Natura 2000.
Es un proceso que viene de largo. En el año 2000, unos agricultores, ante la propuesta por parte de la Junta de Andalucía de incluir las artineras en la Red Natura, arrasaron con los arbustos protegidos que ponían en peligro la construcción de invernaderos.
El Ayuntamiento de El Ejido, con su exalcalde Juan Enciso a la cabeza, y a la espera de sentencia por el robo sistemático de las arcas municipales, apoyó estos movimientos de tierras que Ecologistas En Acción denunció en 2002.
Algunos agricultores agraviados por la protección ambiental que les impedía construir más infraestructuras, recurrieron el Plan de Ordenación Urbana de El Ejido, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les dio la razón en 2008 al declarar que esas fincas eran superficie agrícola de regadío.
Doce años después, en octubre de 2020, la Junta, con un nuevo Gobierno y otra visión sobre los espacios naturales protegidos, publicó y aprobó la orden de la descatalogación parcial en base a esta sentencia, y los ecologistas lo volvieron a denunciar. Y la Comisión Europea, cuatro meses después, le recordó en un informe al Gobierno autonómico que no tiene autoridad para ordenar su descatalogación.
El proceso sigue en marcha a la espera de que el TSJA corrobore la primera sentencia, pero la Junta ya ha sido llamada al orden por haberse extralimitado. Así que si el Alto Tribunal andaluz ratificase al magistrado Rafael Puya, que dictó la sentencia en 2008, la justicia europea caería contra nosotros. Algo que los grupos ecologistas tuvieron claro desde un principio y que si nuestros políticos y magistrados no se dejasen llevar por otros intereses diferentes al bien común, también lo habrían tenido.
Mientras todo se dirime, el ecosistema ya fue arrasado, y nadie se hará responsable de ello. Un sistema lento e ineficaz que hace justicia tarde y que deja al descubierto la impunidad y la poca vergüenza con la que algunos se manejan.
Pero lo peor de todo es que de los errores no aprenden porque se ha presentado el proyecto de la construcción de un carril bici, por parte de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, para unir El Ejido y Roquetas de Mar, y que pasa parcialmente por el Espacio Protegido Punta Entinas Sabinar.
El proyecto no es definitivo. La pasada semana acabadó el plazo para presentar las alegaciones a la solicitud ante la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible para la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre, y confiamos en que no se autorice, porque el proyecto presentado es un despropósito en toda regla y tiene claros síntomas de ser un corta y pega de un trabajo que comenzaron en el 2015.
Se basan en una solicitud que se hizo en esa época al Servicio Provincial de Costas en Almería, perteneciente a la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y que esta respondió haciendo algunas correcciones y aclarando que la atención al Dominio Público Marítimo y Terrestre y sus servidumbres correspondía al Servicio Provincial de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como titular de dicho patrimonio.
Informe que no se pidió, como no se ha hecho la Evaluación de Impacto Ambiental necesaria, con el Informe de Afección a la Red Natura 2000 incluido por ser un espacio hiperprotegido a nivel autonómico y europeo.
De haberse hecho en la actualidad, se habrían dado cuenta de que las condiciones ambientales en estos siete años han cambiado mucho y que las decisiones técnicas planteadas, además de no propiciar soluciones efectivas a la subida del nivel del agua de los Charcones de Entinas, pueden causar daños irreparables al ecosistema.
Esperemos que luego no culpabilicen a los ecologistas de que se van a desperdiciar 2,5 millones de euros aprobados para el proyecto, porque lo único que están pidiendo es que los políticos y técnicos de las Administraciones cumplan las leyes establecidas y no se las salten cuando les venga en gana.
Todos estamos deseando de que el sendero GR92 E10 se arregle, porque ayudaría a controlar muchos de los problemas que hay en la actualidad en el Espacio Protegido. Pero no de cualquier manera, no saltándose las normas, no destruyendo ecosistemas únicos para construir una infraestructura que quedará inservible en unos años. Y quien avisa no es un traidor.
Es un proceso que viene de largo. En el año 2000, unos agricultores, ante la propuesta por parte de la Junta de Andalucía de incluir las artineras en la Red Natura, arrasaron con los arbustos protegidos que ponían en peligro la construcción de invernaderos.
El Ayuntamiento de El Ejido, con su exalcalde Juan Enciso a la cabeza, y a la espera de sentencia por el robo sistemático de las arcas municipales, apoyó estos movimientos de tierras que Ecologistas En Acción denunció en 2002.
Algunos agricultores agraviados por la protección ambiental que les impedía construir más infraestructuras, recurrieron el Plan de Ordenación Urbana de El Ejido, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les dio la razón en 2008 al declarar que esas fincas eran superficie agrícola de regadío.
Doce años después, en octubre de 2020, la Junta, con un nuevo Gobierno y otra visión sobre los espacios naturales protegidos, publicó y aprobó la orden de la descatalogación parcial en base a esta sentencia, y los ecologistas lo volvieron a denunciar. Y la Comisión Europea, cuatro meses después, le recordó en un informe al Gobierno autonómico que no tiene autoridad para ordenar su descatalogación.
El proceso sigue en marcha a la espera de que el TSJA corrobore la primera sentencia, pero la Junta ya ha sido llamada al orden por haberse extralimitado. Así que si el Alto Tribunal andaluz ratificase al magistrado Rafael Puya, que dictó la sentencia en 2008, la justicia europea caería contra nosotros. Algo que los grupos ecologistas tuvieron claro desde un principio y que si nuestros políticos y magistrados no se dejasen llevar por otros intereses diferentes al bien común, también lo habrían tenido.
Mientras todo se dirime, el ecosistema ya fue arrasado, y nadie se hará responsable de ello. Un sistema lento e ineficaz que hace justicia tarde y que deja al descubierto la impunidad y la poca vergüenza con la que algunos se manejan.
Pero lo peor de todo es que de los errores no aprenden porque se ha presentado el proyecto de la construcción de un carril bici, por parte de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, para unir El Ejido y Roquetas de Mar, y que pasa parcialmente por el Espacio Protegido Punta Entinas Sabinar.
El proyecto no es definitivo. La pasada semana acabadó el plazo para presentar las alegaciones a la solicitud ante la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible para la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre, y confiamos en que no se autorice, porque el proyecto presentado es un despropósito en toda regla y tiene claros síntomas de ser un corta y pega de un trabajo que comenzaron en el 2015.
Se basan en una solicitud que se hizo en esa época al Servicio Provincial de Costas en Almería, perteneciente a la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y que esta respondió haciendo algunas correcciones y aclarando que la atención al Dominio Público Marítimo y Terrestre y sus servidumbres correspondía al Servicio Provincial de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como titular de dicho patrimonio.
Informe que no se pidió, como no se ha hecho la Evaluación de Impacto Ambiental necesaria, con el Informe de Afección a la Red Natura 2000 incluido por ser un espacio hiperprotegido a nivel autonómico y europeo.
De haberse hecho en la actualidad, se habrían dado cuenta de que las condiciones ambientales en estos siete años han cambiado mucho y que las decisiones técnicas planteadas, además de no propiciar soluciones efectivas a la subida del nivel del agua de los Charcones de Entinas, pueden causar daños irreparables al ecosistema.
Esperemos que luego no culpabilicen a los ecologistas de que se van a desperdiciar 2,5 millones de euros aprobados para el proyecto, porque lo único que están pidiendo es que los políticos y técnicos de las Administraciones cumplan las leyes establecidas y no se las salten cuando les venga en gana.
Todos estamos deseando de que el sendero GR92 E10 se arregle, porque ayudaría a controlar muchos de los problemas que hay en la actualidad en el Espacio Protegido. Pero no de cualquier manera, no saltándose las normas, no destruyendo ecosistemas únicos para construir una infraestructura que quedará inservible en unos años. Y quien avisa no es un traidor.
MOI PALMERO
