El nuevo Plan Provincial de Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos de Entidades Locales 2022-2023, impulsado por la Delegación de Infraestructuras Rurales de la Diputación, cuenta este año con casi cinco millones de euros de presupuesto, de los cuales 4,06 millones de euros son aportados por la institución provincial y 857.563 euros proceden de las aportaciones obligatorias de las entidades locales.
El responsable del Área, Manuel Olmo, ha explicado que “se trata de un plan ambicioso con el que se da respuesta a las demandas de los municipios y que, por tanto, siempre es muy bien recibido por ellos”. “Los caminos públicos son fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos, pero también lo son para el sector agrícola y ganadero puesto que mejoran el trabajo en el medio rural y la competitividad de las explotaciones. Además, conectan nuestros pueblos y dan acceso a las aldeas y a otros servicios”, ha manifestado.
El diputado provincial ha señalado que este nuevo plan incrementa un 36 por ciento su presupuesto, pasando de 3,6 millones a 4,9 millones, y para el reparto de los fondos entre los municipios se sigue un criterio fijo del 40 por ciento y otro variable del 60 por ciento, en función de la población, de la relación entre superficie y número de explotaciones y del tamaño del término municipal.
Con respecto a las entidades locales autónomas, el presupuesto de la Diputación disponible para las inversiones se distribuirá siguiendo un criterio de proporción inversa al número de habitantes, según un criterio relativo de dispersión y según la relación entre la longitud total de caminos y el número de caminos.
En cuanto a la aportación obligatoria de los municipios, Olmo ha destacado que “los que tienen hasta 2.000 habitantes aportarán un 10 por ciento y este porcentaje se irá incrementando progresivamente en función de la población del municipio hasta un máximo de un 40 por ciento”. Las ELA hasta 2.000 habitantes deberán realizar una aportación del 10 por ciento del presupuesto.
Según el delegado de Infraestructuras Rurales, “los ayuntamientos que lo necesiten podrán solicitar asistencia técnica a la Diputación para la redacción de los proyectos”. Asimismo, ha continuado, “los municipios que tengan una población inferior a 10.000 habitantes podrán solicitar la licitación, adjudicación y ejecución de las actuaciones por parte de la institución y los de población igual o superior a 10.000 deberán ejecutar las actuaciones por contratación por la propia entidad local o por el sistema de ejecución directa”.
Por último, Olmo ha valorado “el carácter participativo del plan, que involucra a los ayuntamientos por ser los mejores conocedores de la realidad de sus pueblos, siendo ellos los encargados de establecer las prioridades en el arreglo y mejora de sus caminos”.
El plazo para la presentación de proyectos por parte de municipios y entidades locales autónomas se abrirá una vez sea publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Los ayuntamientos podrán presentar actuaciones por el valor máximo que les asigna el Plan, aunque podrán realizar aportaciones extraordinarias para financiar proyectos de mayor valor.
Cada ayuntamiento podrá presentar un máximo de tres proyectos con la finalidad común de reponer, mejorar o reparar el firme o el drenaje, así como actuaciones para mejorar la seguridad vial y la prevención ante incidencias meteorológicas o condicionantes extraordinarios.
El responsable del Área, Manuel Olmo, ha explicado que “se trata de un plan ambicioso con el que se da respuesta a las demandas de los municipios y que, por tanto, siempre es muy bien recibido por ellos”. “Los caminos públicos son fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos, pero también lo son para el sector agrícola y ganadero puesto que mejoran el trabajo en el medio rural y la competitividad de las explotaciones. Además, conectan nuestros pueblos y dan acceso a las aldeas y a otros servicios”, ha manifestado.
El diputado provincial ha señalado que este nuevo plan incrementa un 36 por ciento su presupuesto, pasando de 3,6 millones a 4,9 millones, y para el reparto de los fondos entre los municipios se sigue un criterio fijo del 40 por ciento y otro variable del 60 por ciento, en función de la población, de la relación entre superficie y número de explotaciones y del tamaño del término municipal.
Con respecto a las entidades locales autónomas, el presupuesto de la Diputación disponible para las inversiones se distribuirá siguiendo un criterio de proporción inversa al número de habitantes, según un criterio relativo de dispersión y según la relación entre la longitud total de caminos y el número de caminos.
En cuanto a la aportación obligatoria de los municipios, Olmo ha destacado que “los que tienen hasta 2.000 habitantes aportarán un 10 por ciento y este porcentaje se irá incrementando progresivamente en función de la población del municipio hasta un máximo de un 40 por ciento”. Las ELA hasta 2.000 habitantes deberán realizar una aportación del 10 por ciento del presupuesto.
Según el delegado de Infraestructuras Rurales, “los ayuntamientos que lo necesiten podrán solicitar asistencia técnica a la Diputación para la redacción de los proyectos”. Asimismo, ha continuado, “los municipios que tengan una población inferior a 10.000 habitantes podrán solicitar la licitación, adjudicación y ejecución de las actuaciones por parte de la institución y los de población igual o superior a 10.000 deberán ejecutar las actuaciones por contratación por la propia entidad local o por el sistema de ejecución directa”.
Por último, Olmo ha valorado “el carácter participativo del plan, que involucra a los ayuntamientos por ser los mejores conocedores de la realidad de sus pueblos, siendo ellos los encargados de establecer las prioridades en el arreglo y mejora de sus caminos”.
El plazo para la presentación de proyectos por parte de municipios y entidades locales autónomas se abrirá una vez sea publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Los ayuntamientos podrán presentar actuaciones por el valor máximo que les asigna el Plan, aunque podrán realizar aportaciones extraordinarias para financiar proyectos de mayor valor.
Cada ayuntamiento podrá presentar un máximo de tres proyectos con la finalidad común de reponer, mejorar o reparar el firme o el drenaje, así como actuaciones para mejorar la seguridad vial y la prevención ante incidencias meteorológicas o condicionantes extraordinarios.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
