El autor de la célebre frase “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir” ha superado en cinismo a todos sus antecesores. De todos es sabida la promiscuidad de la que siempre hicieron gala los Borbones: desde la reina Isabel, que pasó por su cama a toda la Guardia Real, hasta Alfonso XIII, famoso por sus salidas secretas por los cabarets de Madrid.
La primera tenía una gran excusa y es que su marido, en la noche de bodas, llevaba un camisón con más encajes que el de ella. Pero el segundo no creo que tuviese dificultades para poder usar el lecho real con su mujer, la reina Victoria Eugenia. Sin embargo, en ambos casos, sus dos protagonistas no molestaban al pueblo. Es más: el pueblo los amaba y esas salidas de tono las alababa y hacían bromas y cancioncillas con ellas.
Hasta ahora se ha ido sobrellevando la conducta presunta –no vayamos a liarla– del emérito. Pero de un tiempo a esta parte nos hemos enterado de que pagaba a sus supuestas amantes con dinero público, siempre presuntamente. Y de que utilizaba el servicio secreto para, supuestamente, seguirlas y acosarlas, al objeto de evitar que hablasen. Siempre presuntamente, ya saben.
También las ponía a vivir, presuntamente, en palacetes del Patrimonio Nacional, incluso en el mismo recinto de La Zarzuela. Pero ¿qué es lo más lamentable? Pues que todos lo sabían: los medios de comunicación estaban al tanto de estas correrías y no, no eran "vida privada" puesto que, presuntamente, utilizaba dinero público. Pero nadie, absolutamente nadie, denunció el caso.
La Constitución del 78 había blindado a Juan Carlos I. No podía ser juzgado, ya que gozaba de inviolabilidad, por lo que, presuntamente, se limitó a hacer lo que le vino en gana sin la más mínima consecuencia. Daba igual que estuviésemos en una crisis tremenda, que muchos niños españoles solo pudiesen comer una vez al día o que algunos jubilados andasen buscando por las basuras algo que llevarse a sus bocas desdentadas y hambrientas. Daba igual: eran sus súbditos. E, igual que en plena Edad Media, el rey disponía de unos privilegios de los que el pueblo carecía. La diferencia, claro, es que estamos en pleno siglo XXI.
Cada Navidad leía su discursito para tenernos contentos y, no conforme con ello, ayudó a cerrar una serie de contratos con empresas españolas en Arabia Saudí, en los que el rey emérito era intermediario. Esa conducta ha provocado que Anticorrupción abriese diligencias y que la Fiscalía las haya elevado al Tribunal Supremo.
Los documentos que se han hecho públicos en los últimos meses apuntan a que Juan Carlos I recibió, presuntamente, una transferencia del régimen saudí de 100 millones de euros que ingresó luego en una cuenta suiza. Se cree que fue una comisión por su mediación en la adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE a la Meca.
Es cierto que la figura de Juan Carlos I ya estaba muy dañada tras salir a la luz su relación con Corinna Larsen y las constantes revelaciones que hizo ella en el caso Villarejo. Pero no se investiga al emérito por nada que se circunscriba a sus relaciones sentimentales, sino que lo que ahora toca dilucidar es si cobró alguna comisión y si, con ello, se pudo cometer blanqueo de capitales o algún otro delito fiscal.
Lo que parece claro es que, al final, sea declarado culpable o no de algún delito, a Juan Carlos I nadie lo librará del escándalo porque, como dice el refrán, "la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo". Pero si después de todos estos acontecimientos el pueblo español sigue queriendo rey, entonces parece claro que no nos hemos enterado de qué va la historia. Y va de reyes y vasallos, de súbditos, de tontos que trabajan y pagan y que, además, se creen las memeces que dicen los cuatro nostálgicos de una España cateta con corona.
La primera tenía una gran excusa y es que su marido, en la noche de bodas, llevaba un camisón con más encajes que el de ella. Pero el segundo no creo que tuviese dificultades para poder usar el lecho real con su mujer, la reina Victoria Eugenia. Sin embargo, en ambos casos, sus dos protagonistas no molestaban al pueblo. Es más: el pueblo los amaba y esas salidas de tono las alababa y hacían bromas y cancioncillas con ellas.
Hasta ahora se ha ido sobrellevando la conducta presunta –no vayamos a liarla– del emérito. Pero de un tiempo a esta parte nos hemos enterado de que pagaba a sus supuestas amantes con dinero público, siempre presuntamente. Y de que utilizaba el servicio secreto para, supuestamente, seguirlas y acosarlas, al objeto de evitar que hablasen. Siempre presuntamente, ya saben.
También las ponía a vivir, presuntamente, en palacetes del Patrimonio Nacional, incluso en el mismo recinto de La Zarzuela. Pero ¿qué es lo más lamentable? Pues que todos lo sabían: los medios de comunicación estaban al tanto de estas correrías y no, no eran "vida privada" puesto que, presuntamente, utilizaba dinero público. Pero nadie, absolutamente nadie, denunció el caso.
La Constitución del 78 había blindado a Juan Carlos I. No podía ser juzgado, ya que gozaba de inviolabilidad, por lo que, presuntamente, se limitó a hacer lo que le vino en gana sin la más mínima consecuencia. Daba igual que estuviésemos en una crisis tremenda, que muchos niños españoles solo pudiesen comer una vez al día o que algunos jubilados andasen buscando por las basuras algo que llevarse a sus bocas desdentadas y hambrientas. Daba igual: eran sus súbditos. E, igual que en plena Edad Media, el rey disponía de unos privilegios de los que el pueblo carecía. La diferencia, claro, es que estamos en pleno siglo XXI.
Cada Navidad leía su discursito para tenernos contentos y, no conforme con ello, ayudó a cerrar una serie de contratos con empresas españolas en Arabia Saudí, en los que el rey emérito era intermediario. Esa conducta ha provocado que Anticorrupción abriese diligencias y que la Fiscalía las haya elevado al Tribunal Supremo.
Los documentos que se han hecho públicos en los últimos meses apuntan a que Juan Carlos I recibió, presuntamente, una transferencia del régimen saudí de 100 millones de euros que ingresó luego en una cuenta suiza. Se cree que fue una comisión por su mediación en la adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE a la Meca.
Es cierto que la figura de Juan Carlos I ya estaba muy dañada tras salir a la luz su relación con Corinna Larsen y las constantes revelaciones que hizo ella en el caso Villarejo. Pero no se investiga al emérito por nada que se circunscriba a sus relaciones sentimentales, sino que lo que ahora toca dilucidar es si cobró alguna comisión y si, con ello, se pudo cometer blanqueo de capitales o algún otro delito fiscal.
Lo que parece claro es que, al final, sea declarado culpable o no de algún delito, a Juan Carlos I nadie lo librará del escándalo porque, como dice el refrán, "la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo". Pero si después de todos estos acontecimientos el pueblo español sigue queriendo rey, entonces parece claro que no nos hemos enterado de qué va la historia. Y va de reyes y vasallos, de súbditos, de tontos que trabajan y pagan y que, además, se creen las memeces que dicen los cuatro nostálgicos de una España cateta con corona.
REMEDIOS FARIÑAS