La Audiencia de Sevilla dictó el pasado martes su esperada sentencia sobre el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por la que condena a dos expresidentes y otros altos cargos de la Junta de Andalucía, de la etapa anterior de gobiernos socialistas, a penas contundentes de prisión e inhabilitación, según los casos y la gravedad de los delitos cometidos y, después del fallo del tribunal, comprobados judicialmente.
Es, por tanto, una noticia triste y bochornosa para el socialismo andaluz, que ve cómo la dirigencia que pilotó toda una etapa de gobiernos del PSOE en Andalucía durante decenios acaba en entredicho en los tribunales y condenada por prevaricación y malversación de fondos públicos.
Lo investigado por la juez Mercedes Alaya, primera instructora del caso, y dilucidado en la sentencia, avergüenza a todos pero, especialmente, a los seguidores de esa ideología y al votante de unas siglas históricas. Porque, aunque no se haya enjuiciado al socialismo ni al partido que lo representa, sí se ha condenado a la antigua cúpula que lo dirigió y con la que se cometieron los graves hechos investigados.
Será difícil mantener, en medio de la vergüenza ajena y el señalamiento hipócrita de otros, la confianza en un ideario y una formación que supusieron, antes y ahora, esfuerzos, sacrificios y logros por el progreso de este país, el bienestar del conjunto de la población y la protección pública de los más desfavorecidos.
Y será difícil porque quienes debían protagonizar la conquista de tales objetivos confundieron los fines con los medios y permitieron un descontrol del que se aprovecharon los más indignos de los avariciosos: los que roban a los pobres.
Hay que recordar que el caso de los ERE consistió en destinar una partida presupuestaria, dotada con más de 600 millones de euros en el curso de una década (2000-2009), para ayudar de manera rápida a empresas en crisis y prejubilar a los trabajadores despedidos.
Dado un paro endémico que generaba brotes de conflictividad laboral, los gobiernos socialistas buscaron la fórmula de conceder ayudas sociolaborales que contribuyeran a la “paz social”. Y para agilizar los trámites, resolvieron convertir las subvenciones excepcionales en transferencias de financiación, que prescindían de los controles de fiscalización por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
Desde la Consejería de Empleo se tramitaban los expedientes y se aprobaban unas ayudas que eran abonadas por la Agencia pública IFA-IDEA. Abierto el grifo del dinero, fue tentador el uso arbitrario de estos recursos por parte de la Dirección General de Trabajo, que empezó a conceder ayudas a amigos o conocidos y negociaba ERE en empresas recomendadas y sin la debida supervisión.
Así durante años, hasta poderse constatar la existencia de 103 intrusos prejubilados, sin que pertenecieran a ninguna empresa socorrida, entre los más de 6.000 trabajadores correctamente prejubilados, el abono de sobrecomisiones a agencias de seguros intermediarias y la concesión de subvenciones a amigos y familiares del director de Empleo, como su chófer.
Para la jueza que instruyó el caso y, ahora, también para el tribunal que lo ha sentenciado, el sistema estaba conscientemente diseñado para eludir los controles legales establecidos, lo que facilitaba destinar recursos a fines ajenos al interés público. Es por ello que, según la sentencia, se incluían esas partidas de forma fraudulenta. Es decir, eran ilegales y todo el Gobierno lo sabía y lo consintió. De ahí las condenas.
Las responsabilidades políticas de los condenados ya fueron asumidas por todos ellos, de manera más o menos voluntaria, dimitiendo de sus cargos y dándose de baja de la militancia del partido, pero las penales son las que quedan ahora establecidas con el fallo, aunque probablemente serán recurridas ante el Tribunal Supremo y, por parte de algunos de los condenados, ante el Constitucional.
No todos se consideran culpables ni creen haber actuado en contra de la ley. Elaborar leyes presupuestarias, ratificarlas en el Consejo de Gobierno y aprobarlas en el Parlamento no constituye un mecanismo ilícito, sino conforme al procedimiento. Que, a partir de tales “hechos probados”, se deduzca intencionalidad penal resulta cuestionable si no se demuestra fehacientemente, como señala Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Puede admitirse como mera interpretación subjetiva, pero no como verdad judicial.
Sin embargo, a la hora de valorar la implicación de los expresidentes, la sentencia concluye que “es imposible que la inclusión de la partida presupuestaria de los ERE no se hiciera de forma fraudulenta”, pero no lo demuestra y, a pesar de ello, los condena. De ahí la probabilidad de recurso.
Sea como fuere el resultado final de estos recursos, causa bochorno la falta de celo de un Gobierno en controlar con el máximo rigor la concesión de unas ayudas públicas cuya utilidad y necesidad nadie pone en cuestión, y menos el Parlamento andaluz, que ha venido aprobándolas anualmente en la partida presupuestaria correspondiente.
Y, aunque la intención era loable como parte de los Pactos de Concertación Social, que firman patronal, sindicatos y Gobierno andaluz, la arbitrariedad y los abusos cometidos en su reparto han hecho un daño enorme en el prestigio de las instituciones y en la honradez y honestidad de sus responsables. Máxime cuando tales desbarajustes permitieron el desvío de fondos públicos a fines o personas para los que no estaban destinados.
Causa estupor tanta desidia y falta de vigilancia en el cumplimiento de unas normas que, por ello, resultaron discriminatorias e injustas para los que, en las mismas circunstancias, no pudieron conocerlas ni hacer uso de ellas para recibir unas ayudas a las que eran merecedores. Y aunque tal abuso de los recursos no sirvió para el enriquecimiento personal de los condenados, no deja de ser un ejercicio de corrupción que la Justicia, con esta sentencia, pone freno de forma contundente.
Pero, al mismo tiempo, causa asombro la desfachatez con la que, autoaupados a una tribuna ética que les queda demasiado alta, saltan a la palestra algunos personajes y adversarios políticos que enseguida se ponen a dar lecciones de moralidad y exigir responsabilidades que rayan la ofensa, partiendo de quienes pretenden parecer indignados.
Me refiero al actual presidente de la Junta de Andalucía, quien no aguardó ni un minuto, tras conocerse la sentencia, en proclamar en la sede del Gobierno su vergüenza por lo sucedido y poner a su Ejecutivo como modelo de “ruptura con los tiempos de la corrupción, la malversación, el despilfarro y el clientelismo”, en un intento partidista que busca réditos electorales.
Asombra esa desfachatez en alguien que representa a un partido condenado por corrupción, que mantiene numerosas causas abiertas por el caso Gürtel y que cuenta con diversos presidentes autonómicos que, bien están condenados, o bien imputados por innumerables escándalos de corrupción. No se trata de defender a unos con el “y tú más” de otros, sino denunciar la hipocresía interesada de quienes aprovechan cualquier circunstancia en beneficio partidista, sin mantener el debido decoro, imparcialidad y honestidad.
Es cierto que en la diatriba política se hace uso de todas las oportunidades y medios para derrotar al adversario y conseguir el triunfo –que consiste en llegar al poder– de la formación a la que se pertenece. Pero no todo vale. Y menos cuando se está manchado con la misma adherencia que se denuncia en el contrario. No solo es cuestión de ética, sino también de coherencia.
De ser consecuente con las exigencias en casos similares que nos afectan. Y tal actitud no es habitual en la política española, tanto en el PP, que ha salido en desbandada a exigir dimisiones y responsabilidades a quienes ni siquiera tienen que ver con este caso, como en el PSOE, que también hace lo propio cuando tiene ocasión.
Las más de 1.800 páginas de la sentencia del caso ERE constituyen el relato de la vergüenza que provoca un comportamiento que todos condenan. Causan bochorno en las personas honradas que confiaron en unos líderes y los mantuvieron durante décadas administrando los bienes de todos y los sueños de un futuro mejor. Son merecedores, por tanto, del castigo que, con todas las garantías procesales, la justicia les cause.
Políticamente, el PSOE está pagando por ello, al ver a la excúpula de la Junta condenada en los tribunales y al perder el Gobierno de Andalucía. Pero, al mismo tiempo, asquea la desfachatez de quienes no dudan en hacer leña el árbol caído, dando muestras de una hipocresía moral y política que los descalifica. Tal vez sea esa una de las virtudes de esta sentencia: desenmascara a unos y otros de la falsedad con la que se exhiben. Una vergüenza.
Es, por tanto, una noticia triste y bochornosa para el socialismo andaluz, que ve cómo la dirigencia que pilotó toda una etapa de gobiernos del PSOE en Andalucía durante decenios acaba en entredicho en los tribunales y condenada por prevaricación y malversación de fondos públicos.
Lo investigado por la juez Mercedes Alaya, primera instructora del caso, y dilucidado en la sentencia, avergüenza a todos pero, especialmente, a los seguidores de esa ideología y al votante de unas siglas históricas. Porque, aunque no se haya enjuiciado al socialismo ni al partido que lo representa, sí se ha condenado a la antigua cúpula que lo dirigió y con la que se cometieron los graves hechos investigados.
Será difícil mantener, en medio de la vergüenza ajena y el señalamiento hipócrita de otros, la confianza en un ideario y una formación que supusieron, antes y ahora, esfuerzos, sacrificios y logros por el progreso de este país, el bienestar del conjunto de la población y la protección pública de los más desfavorecidos.
Y será difícil porque quienes debían protagonizar la conquista de tales objetivos confundieron los fines con los medios y permitieron un descontrol del que se aprovecharon los más indignos de los avariciosos: los que roban a los pobres.
Hay que recordar que el caso de los ERE consistió en destinar una partida presupuestaria, dotada con más de 600 millones de euros en el curso de una década (2000-2009), para ayudar de manera rápida a empresas en crisis y prejubilar a los trabajadores despedidos.
Dado un paro endémico que generaba brotes de conflictividad laboral, los gobiernos socialistas buscaron la fórmula de conceder ayudas sociolaborales que contribuyeran a la “paz social”. Y para agilizar los trámites, resolvieron convertir las subvenciones excepcionales en transferencias de financiación, que prescindían de los controles de fiscalización por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
Desde la Consejería de Empleo se tramitaban los expedientes y se aprobaban unas ayudas que eran abonadas por la Agencia pública IFA-IDEA. Abierto el grifo del dinero, fue tentador el uso arbitrario de estos recursos por parte de la Dirección General de Trabajo, que empezó a conceder ayudas a amigos o conocidos y negociaba ERE en empresas recomendadas y sin la debida supervisión.
Así durante años, hasta poderse constatar la existencia de 103 intrusos prejubilados, sin que pertenecieran a ninguna empresa socorrida, entre los más de 6.000 trabajadores correctamente prejubilados, el abono de sobrecomisiones a agencias de seguros intermediarias y la concesión de subvenciones a amigos y familiares del director de Empleo, como su chófer.
Para la jueza que instruyó el caso y, ahora, también para el tribunal que lo ha sentenciado, el sistema estaba conscientemente diseñado para eludir los controles legales establecidos, lo que facilitaba destinar recursos a fines ajenos al interés público. Es por ello que, según la sentencia, se incluían esas partidas de forma fraudulenta. Es decir, eran ilegales y todo el Gobierno lo sabía y lo consintió. De ahí las condenas.
Las responsabilidades políticas de los condenados ya fueron asumidas por todos ellos, de manera más o menos voluntaria, dimitiendo de sus cargos y dándose de baja de la militancia del partido, pero las penales son las que quedan ahora establecidas con el fallo, aunque probablemente serán recurridas ante el Tribunal Supremo y, por parte de algunos de los condenados, ante el Constitucional.
No todos se consideran culpables ni creen haber actuado en contra de la ley. Elaborar leyes presupuestarias, ratificarlas en el Consejo de Gobierno y aprobarlas en el Parlamento no constituye un mecanismo ilícito, sino conforme al procedimiento. Que, a partir de tales “hechos probados”, se deduzca intencionalidad penal resulta cuestionable si no se demuestra fehacientemente, como señala Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Puede admitirse como mera interpretación subjetiva, pero no como verdad judicial.
Sin embargo, a la hora de valorar la implicación de los expresidentes, la sentencia concluye que “es imposible que la inclusión de la partida presupuestaria de los ERE no se hiciera de forma fraudulenta”, pero no lo demuestra y, a pesar de ello, los condena. De ahí la probabilidad de recurso.
Sea como fuere el resultado final de estos recursos, causa bochorno la falta de celo de un Gobierno en controlar con el máximo rigor la concesión de unas ayudas públicas cuya utilidad y necesidad nadie pone en cuestión, y menos el Parlamento andaluz, que ha venido aprobándolas anualmente en la partida presupuestaria correspondiente.
Y, aunque la intención era loable como parte de los Pactos de Concertación Social, que firman patronal, sindicatos y Gobierno andaluz, la arbitrariedad y los abusos cometidos en su reparto han hecho un daño enorme en el prestigio de las instituciones y en la honradez y honestidad de sus responsables. Máxime cuando tales desbarajustes permitieron el desvío de fondos públicos a fines o personas para los que no estaban destinados.
Causa estupor tanta desidia y falta de vigilancia en el cumplimiento de unas normas que, por ello, resultaron discriminatorias e injustas para los que, en las mismas circunstancias, no pudieron conocerlas ni hacer uso de ellas para recibir unas ayudas a las que eran merecedores. Y aunque tal abuso de los recursos no sirvió para el enriquecimiento personal de los condenados, no deja de ser un ejercicio de corrupción que la Justicia, con esta sentencia, pone freno de forma contundente.
Pero, al mismo tiempo, causa asombro la desfachatez con la que, autoaupados a una tribuna ética que les queda demasiado alta, saltan a la palestra algunos personajes y adversarios políticos que enseguida se ponen a dar lecciones de moralidad y exigir responsabilidades que rayan la ofensa, partiendo de quienes pretenden parecer indignados.
Me refiero al actual presidente de la Junta de Andalucía, quien no aguardó ni un minuto, tras conocerse la sentencia, en proclamar en la sede del Gobierno su vergüenza por lo sucedido y poner a su Ejecutivo como modelo de “ruptura con los tiempos de la corrupción, la malversación, el despilfarro y el clientelismo”, en un intento partidista que busca réditos electorales.
Asombra esa desfachatez en alguien que representa a un partido condenado por corrupción, que mantiene numerosas causas abiertas por el caso Gürtel y que cuenta con diversos presidentes autonómicos que, bien están condenados, o bien imputados por innumerables escándalos de corrupción. No se trata de defender a unos con el “y tú más” de otros, sino denunciar la hipocresía interesada de quienes aprovechan cualquier circunstancia en beneficio partidista, sin mantener el debido decoro, imparcialidad y honestidad.
Es cierto que en la diatriba política se hace uso de todas las oportunidades y medios para derrotar al adversario y conseguir el triunfo –que consiste en llegar al poder– de la formación a la que se pertenece. Pero no todo vale. Y menos cuando se está manchado con la misma adherencia que se denuncia en el contrario. No solo es cuestión de ética, sino también de coherencia.
De ser consecuente con las exigencias en casos similares que nos afectan. Y tal actitud no es habitual en la política española, tanto en el PP, que ha salido en desbandada a exigir dimisiones y responsabilidades a quienes ni siquiera tienen que ver con este caso, como en el PSOE, que también hace lo propio cuando tiene ocasión.
Las más de 1.800 páginas de la sentencia del caso ERE constituyen el relato de la vergüenza que provoca un comportamiento que todos condenan. Causan bochorno en las personas honradas que confiaron en unos líderes y los mantuvieron durante décadas administrando los bienes de todos y los sueños de un futuro mejor. Son merecedores, por tanto, del castigo que, con todas las garantías procesales, la justicia les cause.
Políticamente, el PSOE está pagando por ello, al ver a la excúpula de la Junta condenada en los tribunales y al perder el Gobierno de Andalucía. Pero, al mismo tiempo, asquea la desfachatez de quienes no dudan en hacer leña el árbol caído, dando muestras de una hipocresía moral y política que los descalifica. Tal vez sea esa una de las virtudes de esta sentencia: desenmascara a unos y otros de la falsedad con la que se exhiben. Una vergüenza.
DANIEL GUERRERO
