La agresión que sufrió un médico del Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Baena ya ha tenido sus primeras consecuencias jurídicas. Gracias a un juicio rápido, se ha condenado al agresor por un delito de atentado a una pena privativa de libertad de cuatro meses, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la expresa imposición de costas procesales.
Denunciados los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el juicio se ha celebrado en poco más de una semana, por ser considerado atentado contra un funcionario público de la sanidad, contemplado en el Código Penal.
Desde la dirección del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba se recuerda que "la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado ya numerosas sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión".
La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha reiterado hoy su condena ante cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que "bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones". De igual modo, recuerdan que "ya se está trabajando en una reforma del actual plan de agresiones a sanitarios".
Protección de profesionales sanitarios
La Junta de Andalucía reforzará con nuevas medidas más efectivas la protección de los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad, articulando entre otras acciones, la adopción de medidas dirigidas a concienciar a los pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional. Además, se pondrá en marcha un programa especial de acompañamiento al trabajador agredido.
De esta forma, en caso de que se haya producido una agresión, se facilitará atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y, en todo momento, se acompañará al profesional agredido a recibir asistencia sanitaria. Otra de las medidas es la simplificación de la tramitación burocrática, de manera que se pueda simultanear la cumplimentación de los documentos para evitar que el profesional tenga que recordar repetidamente lo ocurrido.
Denunciados los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el juicio se ha celebrado en poco más de una semana, por ser considerado atentado contra un funcionario público de la sanidad, contemplado en el Código Penal.
Desde la dirección del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba se recuerda que "la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado ya numerosas sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión".
La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha reiterado hoy su condena ante cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que "bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones". De igual modo, recuerdan que "ya se está trabajando en una reforma del actual plan de agresiones a sanitarios".
Protección de profesionales sanitarios
La Junta de Andalucía reforzará con nuevas medidas más efectivas la protección de los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad, articulando entre otras acciones, la adopción de medidas dirigidas a concienciar a los pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional. Además, se pondrá en marcha un programa especial de acompañamiento al trabajador agredido.
De esta forma, en caso de que se haya producido una agresión, se facilitará atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y, en todo momento, se acompañará al profesional agredido a recibir asistencia sanitaria. Otra de las medidas es la simplificación de la tramitación burocrática, de manera que se pueda simultanear la cumplimentación de los documentos para evitar que el profesional tenga que recordar repetidamente lo ocurrido.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JESÚS ORDÓÑEZ
FOTOGRAFÍA: JESÚS ORDÓÑEZ
