El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, visitó ayer la Comunidad Terapéutica "La Muela", situada a nueve kilómetros del casco urbano de Montilla, entre los términos municipales de Montilla, Montalbán y La Rambla, para conocer el proyecto de atención a mujeres y niños inmigrantes que desarrolla la Fundación EMET Arcoiris, con el respaldo del Ayuntamiento de La Rambla.
Fernández Marugán, que mantuvo una reunión con el alcalde de La Rambla, Alfonso Osuna, mostró su preocupación por la situación de estas mujeres que llegan en situación irregular a las costas con sus hijos e hijas o en avanzado estado de gestación.
"Muchas de ellas no son reconocidas en un primer momento como víctimas de trata y, por eso, no entran en los recursos existentes", reconoció Fernández Marugán, quien resaltó que "por ese motivo son tan importantes centros como el que gestiona EMET Arcoiris en Montilla".
El Defensor del Pueblo valoró positivamente la colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría de Estado de Migraciones, la Fiscalía de Córdoba, la Consejería de Bienestar de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Montilla, La Rambla y Montalbán para hacer realidad este tipo de proyectos pioneros que atienden de forma integral a estas mujeres y a sus hijos e hijas.
"La Oficina del Defensor del Pueblo siempre ha apoyado este tipo de proyectos y ha formulado recomendaciones y sugerencias a las administraciones implicadas para que estas mujeres y sus hijos e hijas cuenten con mecanismos de protección adecuados", recordó su titular, quien defendió la necesidad de elaborar un protocolo nacional para la detección y protección de víctimas de trata menores de edad en el que intervengan todas las entidades de protección de menores autonómicas.
Además, reclamó que los menores que acceden de manera irregular a España junto a adultos indocumentados sean considerados siempre "en situación de riesgo". Por ello, valoró positivamente que desde 2013, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras registre los datos de los menores que acceden de manera irregular a España y los relacione con los adultos que los acompañan pero advierte de que estos datos deberían compartirse con los cuerpos policiales de otros países para evitar la desaparición de estos niños y niñas.
Para Fernández Marugán, "también es imprescindible revisar el procedimiento utilizado para la detección de potenciales víctimas de trata entre los inmigrantes que intentan acceder irregularmente a España". Así, recordó que "ante una posible víctima de trata" se deben establecer dos fases diferenciadas. "La primera, para el restablecimiento de las presuntas víctimas que necesitan sentirse seguras y recuperarse física y psicológicamente; y la segunda, para la reflexión, para que decidan si desean cooperar con las autoridades", concluyó.
Fernández Marugán, que mantuvo una reunión con el alcalde de La Rambla, Alfonso Osuna, mostró su preocupación por la situación de estas mujeres que llegan en situación irregular a las costas con sus hijos e hijas o en avanzado estado de gestación.
"Muchas de ellas no son reconocidas en un primer momento como víctimas de trata y, por eso, no entran en los recursos existentes", reconoció Fernández Marugán, quien resaltó que "por ese motivo son tan importantes centros como el que gestiona EMET Arcoiris en Montilla".
El Defensor del Pueblo valoró positivamente la colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría de Estado de Migraciones, la Fiscalía de Córdoba, la Consejería de Bienestar de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Montilla, La Rambla y Montalbán para hacer realidad este tipo de proyectos pioneros que atienden de forma integral a estas mujeres y a sus hijos e hijas.
"La Oficina del Defensor del Pueblo siempre ha apoyado este tipo de proyectos y ha formulado recomendaciones y sugerencias a las administraciones implicadas para que estas mujeres y sus hijos e hijas cuenten con mecanismos de protección adecuados", recordó su titular, quien defendió la necesidad de elaborar un protocolo nacional para la detección y protección de víctimas de trata menores de edad en el que intervengan todas las entidades de protección de menores autonómicas.
Además, reclamó que los menores que acceden de manera irregular a España junto a adultos indocumentados sean considerados siempre "en situación de riesgo". Por ello, valoró positivamente que desde 2013, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras registre los datos de los menores que acceden de manera irregular a España y los relacione con los adultos que los acompañan pero advierte de que estos datos deberían compartirse con los cuerpos policiales de otros países para evitar la desaparición de estos niños y niñas.
Para Fernández Marugán, "también es imprescindible revisar el procedimiento utilizado para la detección de potenciales víctimas de trata entre los inmigrantes que intentan acceder irregularmente a España". Así, recordó que "ante una posible víctima de trata" se deben establecer dos fases diferenciadas. "La primera, para el restablecimiento de las presuntas víctimas que necesitan sentirse seguras y recuperarse física y psicológicamente; y la segunda, para la reflexión, para que decidan si desean cooperar con las autoridades", concluyó.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
