La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha articulado, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la aplicación de las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedos, la promoción de vinos en mercados de terceros países y la inversión en instalaciones de transformación e infraestructuras vinícolas, la comercialización, la eficiencia energética y la sostenibilidad para el periodo 2019-2023.
Así lo puso ayer de relieve el viceconsejero, Ricardo Domínguez, quien abogó por aprovechar “al máximo” los recursos de un programa de apoyo nacional que cuenta para los próximos cinco años con una financiación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) de 1.051,6 millones de euros.
El plazo para la presentación de solicitudes de estas ayudas, de las que pueden beneficiarse las empresas vitivinícolas, las organizaciones de productores vitivinícolas reconocidas, las asociaciones de dos o más productores y las organizaciones interprofesionales, finalizará el 31 de enero de cada año, salvo para la primera convocatoria, que, como remarcó Ricardo Domínguez, concluirá el próximo 16 de abril.
Con las propuestas recibidas, la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria elaborará una lista priorizada para su envío al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en la que disfrutarán de una mayor valoración las Entidades Asociativas Prioritarias reconocidas para el sector del vino, tanto de carácter estatal como regional, o las cooperativas y otras entidades asociativas agroalimentarias.
Según concretó el viceconsejero, “estamos ante unos fondos que nos permiten ahondar en objetivos estratégicos”, entre los que ha destacado la importancia de caminar hacia una mayor agrupación de los primeros eslabones de la cadena alimentaria mediante la unión de las entidades asociativas y el asociacionismo agrario, el aumento de la dimensión empresarial y la máxima participación de los viticultores y elaboradores en la cadena de valor.
El programa abre una puerta también, dentro de sus operaciones subvencionables, al impulso de la sostenibilidad integral de las industrias, en lo económico, lo social y lo ambiental; y al ahorro de energía, la eficiencia energética global, la utilización de energías renovables y la valorización y tratamiento de los residuos, sin olvidar la certificación ambiental de las instalaciones de las empresas vitivinícolas y la apuesta por la producción ecológica.
Los regímenes de calidad, la comercialización, la innovación y la implantación de nuevos productos y presentaciones, así como la introducción de las tecnologías digitales en las empresas son otros de los campos en los que inciden estas ayudas.
Estos incentivos, que en el periodo 2014-2018 se han traducido en una inyección de más de seis millones de euros por anualidad al campo andaluz (3,1 millones de euros para reestructuración y reconversión; 2,5 millones para promoción en terceros países y 1,1 millones para inversiones en 2016), pueden abarcar hasta el 40% de la inversión en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas (menos de 250 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros).
Este índice es del 20 por ciento para las grandes empresas de menos de 750 trabajadores y una facturación de hasta 200 millones de euros; y del 10 por ciento si igualan o superan estos números. Los fondos disponibles para cada convocatoria, en última instancia, se asignarán a las mejores solicitudes de cada comunidad autónoma proporcionalmente al importe de la ayuda demandada para las propuestas de cada región en el primer ejercicio Feaga.
Así lo puso ayer de relieve el viceconsejero, Ricardo Domínguez, quien abogó por aprovechar “al máximo” los recursos de un programa de apoyo nacional que cuenta para los próximos cinco años con una financiación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) de 1.051,6 millones de euros.
El plazo para la presentación de solicitudes de estas ayudas, de las que pueden beneficiarse las empresas vitivinícolas, las organizaciones de productores vitivinícolas reconocidas, las asociaciones de dos o más productores y las organizaciones interprofesionales, finalizará el 31 de enero de cada año, salvo para la primera convocatoria, que, como remarcó Ricardo Domínguez, concluirá el próximo 16 de abril.
Con las propuestas recibidas, la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria elaborará una lista priorizada para su envío al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en la que disfrutarán de una mayor valoración las Entidades Asociativas Prioritarias reconocidas para el sector del vino, tanto de carácter estatal como regional, o las cooperativas y otras entidades asociativas agroalimentarias.
Según concretó el viceconsejero, “estamos ante unos fondos que nos permiten ahondar en objetivos estratégicos”, entre los que ha destacado la importancia de caminar hacia una mayor agrupación de los primeros eslabones de la cadena alimentaria mediante la unión de las entidades asociativas y el asociacionismo agrario, el aumento de la dimensión empresarial y la máxima participación de los viticultores y elaboradores en la cadena de valor.
El programa abre una puerta también, dentro de sus operaciones subvencionables, al impulso de la sostenibilidad integral de las industrias, en lo económico, lo social y lo ambiental; y al ahorro de energía, la eficiencia energética global, la utilización de energías renovables y la valorización y tratamiento de los residuos, sin olvidar la certificación ambiental de las instalaciones de las empresas vitivinícolas y la apuesta por la producción ecológica.
Los regímenes de calidad, la comercialización, la innovación y la implantación de nuevos productos y presentaciones, así como la introducción de las tecnologías digitales en las empresas son otros de los campos en los que inciden estas ayudas.
Estos incentivos, que en el periodo 2014-2018 se han traducido en una inyección de más de seis millones de euros por anualidad al campo andaluz (3,1 millones de euros para reestructuración y reconversión; 2,5 millones para promoción en terceros países y 1,1 millones para inversiones en 2016), pueden abarcar hasta el 40% de la inversión en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas (menos de 250 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros).
Este índice es del 20 por ciento para las grandes empresas de menos de 750 trabajadores y una facturación de hasta 200 millones de euros; y del 10 por ciento si igualan o superan estos números. Los fondos disponibles para cada convocatoria, en última instancia, se asignarán a las mejores solicitudes de cada comunidad autónoma proporcionalmente al importe de la ayuda demandada para las propuestas de cada región en el primer ejercicio Feaga.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
