Tras el esfuerzo exigido en la vigilancia y el control de Cataluña, a fin de evitar, sin conseguirlo, la celebración del referéndum ilegal de octubre pasado e investigar los posibles delitos cometidos contra la legalidad vigente por parte de la Generalitat, diputados soberanistas del Parlament y otros colaboradores civiles concernidos para declarar unilateralmente la independencia en aquella Comunidad, el Gobierno parece ahora dispuesto a atender los requerimientos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de equiparar sus salarios, claramente inferiores, a los de los Mossos d´Esquadra, la policía catalana.
No se trata, aunque lo parezca, de corresponder así al tremendo sacrificio y la eficiencia profesional demostrada por esos Cuerpos de Seguridad del Estado, alojados en Cataluña en condiciones lamentables y bajo una presión social que ni el Gobierno ni las autoridades al mando supieron o pudieron prever y contrarrestar.
Parece obvio que, haciendo el mismo trabajo, cualquier profesional cobre igual salario, sin que el territorio, la lengua vehicular o el sexo supongan causas de discriminación salarial reseñables. Pero lo que parece razonable, después de cerca de medio siglo de democracia y del Estado de las Autonomías, no lo es, puesto que existen grandes diferencias retributivas en estos profesionales en función de la Administración de la que dependen (estatal, autonómica o local). Lo cierto es que esas exigencias de igualdad salarial siguen sin ser atendidas, salvo promesas de futuro que retrasan indefinidamente una solución, confiándola a una mejora de la economía.
Pero lo que puede ser –y es– una reclamación justa por parte de los distintos cuerpos policiales existentes en el país, podría complicarse sobremanera si la misma demanda de igualdad salarial se extiende también a otros colectivos profesionales que sufren idéntica discriminación, motivada por el lugar donde ejercen su cometido y la Administración que los emplea.
De hecho, ya algunos estamentos del Ejército español, a través de la asociación militar ATME, han expresado públicamente la reivindicación de unas remuneraciones justas para los miembros de las Fuerzas Armadas. Aducen que no se puede consentir que un agente raso cobre unos 500 euros más que un oficial del Ejército.
Y tienen razón. Porque si se atiende a unos, se deberá atender también a otros. ¿O acaso los policías son más importantes que los militares? ¿La seguridad en las calles es más relevante que la defensa del país? ¿La dedicación y los riesgos de unos son mayores que los de otros? ¿Cuáles son los criterios con los que se establecen estas diferencias salariales claramente discriminatorias?
Lo malo del asunto es que, además de los militares y los policías, otros colectivos puedan exigir también la igualdad en sus retribuciones y la supresión de los agravios comparativos que se producen, no por motivos profesionales, sino por el lugar de nacimiento o de desempeño del trabajo.
Son muchos los que están aguardando turno en la ventanilla de reclamaciones del Gobierno para exigir, de una vez por todas, la eliminación de unas brechas salariales que dividen a los profesionales no por su valía, sino por depender, afortunada o desgraciadamente, del ente público que los contrata.
Tanta es la diferencia, que unos se sienten privilegiados frente a compañeros maltratados que ejercen el mismo trabajo en otras comunidades. Y si tan obvio y razonable es atender estas exigencias de policías y militares, también lo será en las que formulen cuantos se sienten discriminados en sus nóminas por trabajar en Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, por ejemplo, en relación a sus compañeros de Cataluña, País Vasco o Navarra.
Por eso y ante la actitud selectiva del Gobierno, los profesionales de tales colectivos se hacen algunas preguntas. ¿Será que los uniformados son más necesarios que los médicos, los enfermeros, los maestros o los bomberos, por citar algunos empleos públicos? ¿Un sanitario andaluz es peor profesional que uno vasco o catalán? ¿El nivel de exigencias, preparación y habilidades no son los mismos para cualquiera de ellos, sin importar el lugar donde los desarrollen?
Es evidente que la vía que abre el Gobierno, si es que la abre, recibirá una avalancha de reclamaciones contra las brechas salariales que sufren muchos colectivos profesionales en España desde que se descentralizó la Administración y se configuró el Estado de las Autonomías.
Con la transferencia de competencias en muchas materias a todas ellas, algunas comunidades han querido “premiar” remunerativamente a los componentes de determinados colectivos en comparación con sus compañeros de otras latitudes del país.
Tanto es así que el verdadero hecho diferencial que les distingue, más que cualquier otro, es el económico, pero no sobre la base de un esfuerzo mayor y una superior capacidad profesional, sino por el hecho accidental del territorio donde se ejerce y la Administración que abona los emolumentos.
Si los policías logran la equiparación salarial a nivel nacional y los militares consiguen que se escuchen sus reivindicaciones en el mismo sentido, no habrá excusa para negar idéntico trato a cualquier colectivo profesional que demande una medida semejante.
Ni la supuesta autonomía de cada comunidad para administrar su territorio ni las diferencias identitarias que se aluden para establecer diferencias con las demás, justificarían la permanencia de esa discriminación salarial existente entre profesionales de un lugar respecto a los de otro. Ni siquiera la elitista diferenciación de región rica o pobre.
El cupo vasco, los fueros navarros y las “peculiaridades” catalanas se nutren de la caja común que aportamos todos los contribuyentes del país, sin distinción, por lo que la retribución de los profesionales de estos colectivos no debería servir para establecer discriminaciones y distingos.
La igualdad salarial es una exigencia de justicia y equidad tanto para policía y militares como para bomberos, médicos o cualquier colectivo que soporte agravios salariales. De todas maneras, está por ver, no si el Gobierno atiende todas las reclamaciones con el mismo interés, sino si las atiende siquiera.
No se trata, aunque lo parezca, de corresponder así al tremendo sacrificio y la eficiencia profesional demostrada por esos Cuerpos de Seguridad del Estado, alojados en Cataluña en condiciones lamentables y bajo una presión social que ni el Gobierno ni las autoridades al mando supieron o pudieron prever y contrarrestar.
Parece obvio que, haciendo el mismo trabajo, cualquier profesional cobre igual salario, sin que el territorio, la lengua vehicular o el sexo supongan causas de discriminación salarial reseñables. Pero lo que parece razonable, después de cerca de medio siglo de democracia y del Estado de las Autonomías, no lo es, puesto que existen grandes diferencias retributivas en estos profesionales en función de la Administración de la que dependen (estatal, autonómica o local). Lo cierto es que esas exigencias de igualdad salarial siguen sin ser atendidas, salvo promesas de futuro que retrasan indefinidamente una solución, confiándola a una mejora de la economía.
Pero lo que puede ser –y es– una reclamación justa por parte de los distintos cuerpos policiales existentes en el país, podría complicarse sobremanera si la misma demanda de igualdad salarial se extiende también a otros colectivos profesionales que sufren idéntica discriminación, motivada por el lugar donde ejercen su cometido y la Administración que los emplea.
De hecho, ya algunos estamentos del Ejército español, a través de la asociación militar ATME, han expresado públicamente la reivindicación de unas remuneraciones justas para los miembros de las Fuerzas Armadas. Aducen que no se puede consentir que un agente raso cobre unos 500 euros más que un oficial del Ejército.
Y tienen razón. Porque si se atiende a unos, se deberá atender también a otros. ¿O acaso los policías son más importantes que los militares? ¿La seguridad en las calles es más relevante que la defensa del país? ¿La dedicación y los riesgos de unos son mayores que los de otros? ¿Cuáles son los criterios con los que se establecen estas diferencias salariales claramente discriminatorias?
Lo malo del asunto es que, además de los militares y los policías, otros colectivos puedan exigir también la igualdad en sus retribuciones y la supresión de los agravios comparativos que se producen, no por motivos profesionales, sino por el lugar de nacimiento o de desempeño del trabajo.
Son muchos los que están aguardando turno en la ventanilla de reclamaciones del Gobierno para exigir, de una vez por todas, la eliminación de unas brechas salariales que dividen a los profesionales no por su valía, sino por depender, afortunada o desgraciadamente, del ente público que los contrata.
Tanta es la diferencia, que unos se sienten privilegiados frente a compañeros maltratados que ejercen el mismo trabajo en otras comunidades. Y si tan obvio y razonable es atender estas exigencias de policías y militares, también lo será en las que formulen cuantos se sienten discriminados en sus nóminas por trabajar en Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, por ejemplo, en relación a sus compañeros de Cataluña, País Vasco o Navarra.
Por eso y ante la actitud selectiva del Gobierno, los profesionales de tales colectivos se hacen algunas preguntas. ¿Será que los uniformados son más necesarios que los médicos, los enfermeros, los maestros o los bomberos, por citar algunos empleos públicos? ¿Un sanitario andaluz es peor profesional que uno vasco o catalán? ¿El nivel de exigencias, preparación y habilidades no son los mismos para cualquiera de ellos, sin importar el lugar donde los desarrollen?
Es evidente que la vía que abre el Gobierno, si es que la abre, recibirá una avalancha de reclamaciones contra las brechas salariales que sufren muchos colectivos profesionales en España desde que se descentralizó la Administración y se configuró el Estado de las Autonomías.
Con la transferencia de competencias en muchas materias a todas ellas, algunas comunidades han querido “premiar” remunerativamente a los componentes de determinados colectivos en comparación con sus compañeros de otras latitudes del país.
Tanto es así que el verdadero hecho diferencial que les distingue, más que cualquier otro, es el económico, pero no sobre la base de un esfuerzo mayor y una superior capacidad profesional, sino por el hecho accidental del territorio donde se ejerce y la Administración que abona los emolumentos.
Si los policías logran la equiparación salarial a nivel nacional y los militares consiguen que se escuchen sus reivindicaciones en el mismo sentido, no habrá excusa para negar idéntico trato a cualquier colectivo profesional que demande una medida semejante.
Ni la supuesta autonomía de cada comunidad para administrar su territorio ni las diferencias identitarias que se aluden para establecer diferencias con las demás, justificarían la permanencia de esa discriminación salarial existente entre profesionales de un lugar respecto a los de otro. Ni siquiera la elitista diferenciación de región rica o pobre.
El cupo vasco, los fueros navarros y las “peculiaridades” catalanas se nutren de la caja común que aportamos todos los contribuyentes del país, sin distinción, por lo que la retribución de los profesionales de estos colectivos no debería servir para establecer discriminaciones y distingos.
La igualdad salarial es una exigencia de justicia y equidad tanto para policía y militares como para bomberos, médicos o cualquier colectivo que soporte agravios salariales. De todas maneras, está por ver, no si el Gobierno atiende todas las reclamaciones con el mismo interés, sino si las atiende siquiera.
DANIEL GUERRERO
