Hay declaraciones e intervenciones de miembros del Gobierno –de cualquier Gobierno, pero especialmente del actual– acerca del problema de las pensiones, detrás de las cuales se adivina esta interjección: "¡Malditos jubilados!". Veladamente parecen acusar a los jubilados del peso que supone para las arcas del Estado pagar religiosamente su derecho a “la suficiencia económica durante la tercera edad” (artículo 50 de la Constitución Española).
Por lo general, enfocan el asunto como un gasto insostenible que, de seguir así, hará inviable en pocos años garantizar el sistema de reparto por el que se financian las pensiones. Más aun, incluso endosan a los jubilados tener que recurrir al Fondo de Reserva hasta agotarlo para hacer frente al abono de las pagas extras de los pensionistas. Todo un dispendio, por lo que parece.
Para ello esgrimen múltiples causas demográficas y económicas que centran la culpabilidad en los pensionistas y el creciente gasto que acarrean a las cuentas públicas. Por un lado, advierten de que los jubilados son un colectivo cada vez más numeroso y sobreviven como pasivos durante mucho más tiempo, hasta el extremo de invertir la pirámide de edad y hacer que la punta (de jubilados) sea más gruesa que la base sobre la que descansa (nuevas generaciones). "¡Malditos jubilados: no se mueren!", sería la conclusión de este planteamiento.
Por otra parte, se emiten y difunden informes o estadísticas (la última, de la OCDE) que indican que la renta media (pensiones) de los pensionistas de 66 a 75 años es mayor que la renta media (salarios) nacional. Es decir, que cobran más que lo que gana un trabajador hoy en día. "¡Malditos jubilados, viven de lujo!", sería la segunda conclusión tras este dato.
Tanto es el dispendio que el déficit que generan las pensiones (diferencia entre ingresos y gastos) alcanza ya cifras astronómicas, en torno a los 18.000 millones de euros, y no deja de crecer, a pesar de que las cotizaciones a la Seguridad Social también remontan a máximos históricos.
Esto parece una contradicción, y lo es, pero no se explica lo suficiente porque conviene dejar entrever que es el “elevado” nivel de vida de una cantidad ingente de jubilados lo que quiebra el sistema. Interesa ocultar que son otras las causas (reales) del déficit en las pensiones para, así, poder “criminalizar” a los propios pensionistas del insoportable gasto que suponen y “mentalizarlos” de que acepten sin rechistar la devaluación de sus rentas y la congelación técnica (incremento de sólo el 0,25 por ciento anual) que sufren desde hace años.
Ante todo ello, lo primero que hay que subrayar constantemente, para desmontar el argumento torticero del “gasto” que representan los pensionistas, es que el dinero de las pensiones lo han adelantado los propios jubilados durante sus años de vida activa como trabajadores. No es el Estado el que paga las pensiones, son ellos mismos los que sufragan con sus cotizaciones la “suficiencia económica en la tercera edad”.
El Estado, simplemente, administra tal recurso y hace frente a las obligaciones contraídas con los trabajadores cuando alcanzan una jubilación anhelada pero no siempre disfrutada. De todas las estadísticas que periódicamente se publican para advertir de la carga económica que suponen las pensiones, echo en falta la que cuantifique los jubilados fallecidos tempranamente y cuyas cotizaciones quedan en manos del Estado, el cual, como la banca, siempre gana.
De igual modo que se divulga el número de nuevos pensionistas, se debería ofrecer también el de fallecidos antes de los 70 años que alivia el sistema. Y es que no todos los jubilados son “gastos” para la Seguridad Social, algunos constituyen beneficios. ¿En qué proporción y cuantía?
También habría que aclarar en sus justos términos el problema de la longevidad de los pensionistas. Es cierto que la pirámide "invertida" de edad engorda por la cúspide gracias, afortunadamente, a la mayor longevidad de nuestros mayores, que sobreviven una media de 80 años, lo que hace de España el segundo país del mundo de más alta supervivencia.
Pero ello debería alegrarnos en vez de representar un problema. Tampoco debiera ser un quebranto para las finanzas de las pensiones, por cuanto significa, grosso modo, que una persona que ha estado cotizando una media de 40 años, disfrutará unos 13 años (desde los 67 a los 80 años de edad) como pensionista. ¿Es demasiado larga esa esperanza de vida para nuestra sociedad y economía? Quienes así lo piensen, deberían exponerlo y aportar propuestas justas y sensatas.
Porque el verdadero problema se da en la base de la pirámide, en esos trabajadores actuales cuyos salarios se han deteriorado considerablemente, sus condiciones laborales han empeorado una barbaridad y los empleos que consiguen resultan, en gran parte, precarios y temporales. Sin estabilidad laboral y con sueldos de miseria es imposible mantener unas cotizaciones a la Seguridad Social en la cuantía y duración que requiere el sistema de reparto de las pensiones.
Con un salario mínimo de 825 euros no se puede financiar una pensión media de 920 euros, aunque sean tres por cada pensionista los trabajadores necesarios para que el sistema sea sostenible, ya que esos tres trabajadores no gozan de un salario digno ni duradero. Es precisamente el resultado de una política de austeridad suicida en el mercado laboral, sólo ventajosa para el empresariado y la fuerza del capital, lo que ha puesto en peligro, no sólo las pensiones de los hoy jubilados, sino también las de los pensionistas de mañana.
Así que quienes han convertido en un problema la jubilación han sido los que han impulsado reformas laborales que han precarizado el mundo laboral en España, favorecido y abaratado despidos y depreciado los salarios. Esos políticos que han conseguido que los hijos ganen menos y vivan peor que sus padres son los que han erosionado intencionadamente los cimientos de la Seguridad Social hasta hacerla casi inviable, y ahora claman medidas (curiosamente, fondos privados, progresiva reducción de las pensiones y endurecimiento de las condiciones para jubilarse) para que el sistema sea sostenible.
Y ha sido el actual Gobierno el que, encima, ha metido mano en el Fondo de Reserva de las Pensiones hasta agotarlo y poner en dificultad el abono puntual de las pagas a los pensionistas. Esa “herencia recibida” de más de 66.000 millones de euros de la “hucha” de las pensiones, ha sido “esquilmada” cada año por parte del actual Gobierno para hacer frente al déficit de la Seguridad Social y ajustes del sistema que él había provocado con sus políticas de empobrecimiento del trabajador.
Sin ese “colchón” financiero, creado en el año 2000 para combatir los efectos de los ciclos económicos bajos, la “solvencia” de la Seguridad Social se ve seriamente comprometida, y no por culpa de los jubilados ni de los precarios trabajadores que no disfrutan de unas condiciones laborales dignas para equilibrar con sus cotizaciones el sistema.
El panorama futuro es desolador por la progresiva pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y por la inviabilidad de un sistema involutivo de reparto, mortalmente herido por unas políticas nefastas que parecen diseñadas para hacerlo quebrar.
Hasta el Fondo Monetario Internacional se ha visto obligado a aconsejar al Gobierno modificar este sistema que conduce a las pensiones a seguir perdiendo capacidad de compra, si se mantiene la revalorización de las mismas en sólo el 0,25 por ciento anual.
Y es que con unos objetivos de inflación cercanos al 2 por ciento hasta el año 2020, como persigue el Banco Central Europeo, queda claro que las pensiones seguirán por la pendiente de la pérdida de valor en relación con el Índice de Precios al Consumo (IPC), aunque la ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegure que durante la década de 2007 a 2017 los pensionistas han mantenido su capacidad adquisitiva. Cosa que ni los propios pensionistas se han creído. "¡Malditos jubilados, parecían tontos!", podría ser otra conclusión a la que llegase la ministra.
Por lo general, enfocan el asunto como un gasto insostenible que, de seguir así, hará inviable en pocos años garantizar el sistema de reparto por el que se financian las pensiones. Más aun, incluso endosan a los jubilados tener que recurrir al Fondo de Reserva hasta agotarlo para hacer frente al abono de las pagas extras de los pensionistas. Todo un dispendio, por lo que parece.
Para ello esgrimen múltiples causas demográficas y económicas que centran la culpabilidad en los pensionistas y el creciente gasto que acarrean a las cuentas públicas. Por un lado, advierten de que los jubilados son un colectivo cada vez más numeroso y sobreviven como pasivos durante mucho más tiempo, hasta el extremo de invertir la pirámide de edad y hacer que la punta (de jubilados) sea más gruesa que la base sobre la que descansa (nuevas generaciones). "¡Malditos jubilados: no se mueren!", sería la conclusión de este planteamiento.
Por otra parte, se emiten y difunden informes o estadísticas (la última, de la OCDE) que indican que la renta media (pensiones) de los pensionistas de 66 a 75 años es mayor que la renta media (salarios) nacional. Es decir, que cobran más que lo que gana un trabajador hoy en día. "¡Malditos jubilados, viven de lujo!", sería la segunda conclusión tras este dato.
Tanto es el dispendio que el déficit que generan las pensiones (diferencia entre ingresos y gastos) alcanza ya cifras astronómicas, en torno a los 18.000 millones de euros, y no deja de crecer, a pesar de que las cotizaciones a la Seguridad Social también remontan a máximos históricos.
Esto parece una contradicción, y lo es, pero no se explica lo suficiente porque conviene dejar entrever que es el “elevado” nivel de vida de una cantidad ingente de jubilados lo que quiebra el sistema. Interesa ocultar que son otras las causas (reales) del déficit en las pensiones para, así, poder “criminalizar” a los propios pensionistas del insoportable gasto que suponen y “mentalizarlos” de que acepten sin rechistar la devaluación de sus rentas y la congelación técnica (incremento de sólo el 0,25 por ciento anual) que sufren desde hace años.
Ante todo ello, lo primero que hay que subrayar constantemente, para desmontar el argumento torticero del “gasto” que representan los pensionistas, es que el dinero de las pensiones lo han adelantado los propios jubilados durante sus años de vida activa como trabajadores. No es el Estado el que paga las pensiones, son ellos mismos los que sufragan con sus cotizaciones la “suficiencia económica en la tercera edad”.
El Estado, simplemente, administra tal recurso y hace frente a las obligaciones contraídas con los trabajadores cuando alcanzan una jubilación anhelada pero no siempre disfrutada. De todas las estadísticas que periódicamente se publican para advertir de la carga económica que suponen las pensiones, echo en falta la que cuantifique los jubilados fallecidos tempranamente y cuyas cotizaciones quedan en manos del Estado, el cual, como la banca, siempre gana.
De igual modo que se divulga el número de nuevos pensionistas, se debería ofrecer también el de fallecidos antes de los 70 años que alivia el sistema. Y es que no todos los jubilados son “gastos” para la Seguridad Social, algunos constituyen beneficios. ¿En qué proporción y cuantía?
También habría que aclarar en sus justos términos el problema de la longevidad de los pensionistas. Es cierto que la pirámide "invertida" de edad engorda por la cúspide gracias, afortunadamente, a la mayor longevidad de nuestros mayores, que sobreviven una media de 80 años, lo que hace de España el segundo país del mundo de más alta supervivencia.
Pero ello debería alegrarnos en vez de representar un problema. Tampoco debiera ser un quebranto para las finanzas de las pensiones, por cuanto significa, grosso modo, que una persona que ha estado cotizando una media de 40 años, disfrutará unos 13 años (desde los 67 a los 80 años de edad) como pensionista. ¿Es demasiado larga esa esperanza de vida para nuestra sociedad y economía? Quienes así lo piensen, deberían exponerlo y aportar propuestas justas y sensatas.
Porque el verdadero problema se da en la base de la pirámide, en esos trabajadores actuales cuyos salarios se han deteriorado considerablemente, sus condiciones laborales han empeorado una barbaridad y los empleos que consiguen resultan, en gran parte, precarios y temporales. Sin estabilidad laboral y con sueldos de miseria es imposible mantener unas cotizaciones a la Seguridad Social en la cuantía y duración que requiere el sistema de reparto de las pensiones.
Con un salario mínimo de 825 euros no se puede financiar una pensión media de 920 euros, aunque sean tres por cada pensionista los trabajadores necesarios para que el sistema sea sostenible, ya que esos tres trabajadores no gozan de un salario digno ni duradero. Es precisamente el resultado de una política de austeridad suicida en el mercado laboral, sólo ventajosa para el empresariado y la fuerza del capital, lo que ha puesto en peligro, no sólo las pensiones de los hoy jubilados, sino también las de los pensionistas de mañana.
Así que quienes han convertido en un problema la jubilación han sido los que han impulsado reformas laborales que han precarizado el mundo laboral en España, favorecido y abaratado despidos y depreciado los salarios. Esos políticos que han conseguido que los hijos ganen menos y vivan peor que sus padres son los que han erosionado intencionadamente los cimientos de la Seguridad Social hasta hacerla casi inviable, y ahora claman medidas (curiosamente, fondos privados, progresiva reducción de las pensiones y endurecimiento de las condiciones para jubilarse) para que el sistema sea sostenible.
Y ha sido el actual Gobierno el que, encima, ha metido mano en el Fondo de Reserva de las Pensiones hasta agotarlo y poner en dificultad el abono puntual de las pagas a los pensionistas. Esa “herencia recibida” de más de 66.000 millones de euros de la “hucha” de las pensiones, ha sido “esquilmada” cada año por parte del actual Gobierno para hacer frente al déficit de la Seguridad Social y ajustes del sistema que él había provocado con sus políticas de empobrecimiento del trabajador.
Sin ese “colchón” financiero, creado en el año 2000 para combatir los efectos de los ciclos económicos bajos, la “solvencia” de la Seguridad Social se ve seriamente comprometida, y no por culpa de los jubilados ni de los precarios trabajadores que no disfrutan de unas condiciones laborales dignas para equilibrar con sus cotizaciones el sistema.
El panorama futuro es desolador por la progresiva pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y por la inviabilidad de un sistema involutivo de reparto, mortalmente herido por unas políticas nefastas que parecen diseñadas para hacerlo quebrar.
Hasta el Fondo Monetario Internacional se ha visto obligado a aconsejar al Gobierno modificar este sistema que conduce a las pensiones a seguir perdiendo capacidad de compra, si se mantiene la revalorización de las mismas en sólo el 0,25 por ciento anual.
Y es que con unos objetivos de inflación cercanos al 2 por ciento hasta el año 2020, como persigue el Banco Central Europeo, queda claro que las pensiones seguirán por la pendiente de la pérdida de valor en relación con el Índice de Precios al Consumo (IPC), aunque la ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegure que durante la década de 2007 a 2017 los pensionistas han mantenido su capacidad adquisitiva. Cosa que ni los propios pensionistas se han creído. "¡Malditos jubilados, parecían tontos!", podría ser otra conclusión a la que llegase la ministra.
DANIEL GUERRERO
