El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana el nuevo decreto regulador del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía, que prevé beneficiar a más de 54.000 personas y contará con un presupuesto inicial de 308,87 millones de euros para los años 2018 y 2019.
La nueva estrategia se desarrollará en catorce convocatorias e incluirá, entre otras medidas, actuaciones integrales para la inserción laboral, incentivos a la contratación, planes de empleo, prácticas profesionales y distintas iniciativas en materia de seguridad y salud y de conciliación familiar, con especial atención a la industria.
En relación con este sector, sus objetivos serán los mismos que los de la vigente Estrategia Industrial de Andalucía 2020: recuperar el nivel de ocupación previo a la crisis y alcanzar los 533.000 trabajadores; reducir en un 10 por ciento la tasa de temporalidad, y disminuir en un 30% los accidentes graves y mortales. La medidas previstas se estructuran en seis capítulos: desarrollo local; fomento del empleo; mejora de la empleabilidad; innovación en el empleo; seguridad y salud laboral, y conciliación familiar.
El bloque de desarrollo local es el de mayor envergadura, con un presupuesto de 182 millones de euros y la previsión de beneficiar a más de 30.000 desempleados. Incluye la reedición de las iniciativas de cooperación social y comunitaria actualmente en vigor, desarrolladas por los ayuntamientos y destinadas a la contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años, mayores de 30 y, como novedad, parados mayores de 45.
Dentro de este capítulo, también se desarrollarán acciones de orientación y tutorización de los beneficiarios; iniciativas de diagnóstico y prospección para determinar oportunidades de negocio en los municipios, con incentivos para ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y otras entidades; una línea de ayudas a autónomos, sociedades y entidades sin ánimo de lucro para planes de empresas y estudios de viabilidad de proyectos de desarrollo local, preferentemente centrados en el sector industrial, y otra de incentivos a las contrataciones de trabajadores por más de un año para poner en marcha estos proyectos.
Asimismo, el programa incentivará la contratación de trabajadores durante un mínimo de nueve meses para la realización de proyectos de I+D+i promovidos por empresas, autónomos, entidades sin ánimo de lucro y universidades. En este caso, los beneficiarios deberán estar en posesión de un título de formación profesional de grado superior o universitario de grado, máster o doctorado o equivalente.
En el capítulo de fomento del empleo, que prevé beneficiar a 8.800 desempleados con un presupuesto de 71,75 millones de euros, se establecen incentivos a la contratación para a favorecer la creación de puestos de trabajos estables y la transformación de contratos indefinidos en temporales, con el requisito, en ambos casos, de una duración mínima ininterrumpida de doce meses. Respecto al marco actual de ayudas, se incluyen como novedad aquellos contratos indefinidos con jornada laboral parcial en los que se decida ampliar su duración a jornada completa.
De igual modo, se incentivará la adquisición de competencias profesionales a través de la contratación de desempleados por entidades sin ánimo de lucro para proyectos de interés general y social, principalmente en sectores como la dependencia, el medio ambiente, las nuevas tecnologías o el voluntariado.
Inserción laboral
El tercer bloque, dotado con 40,5 millones de euros, se centra en la mejora de la empleabilidad e incluye proyectos integrales de inserción que desarrollarán entidades sin ánimo de lucro, universidades y asociaciones del sector industrial, con una previsión de más de 13.600 personas beneficiarias.
Dirigidos a parados de larga duración mayores de 45 años, mujeres y personas con discapacidad, este capítulo combinará acciones de orientación laboral y asesoramiento, formación e intermediación laboral, entre otras. Además, recogerá una oferta de prácticas de entre tres y nueve meses para jóvenes desempleados, con una beca equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (537 euros mensuales), y otras de ámbito europeo con ayudas que cubrirán gastos de preparación lingüística y cultural, desplazamiento, alojamiento y manutención.
Los dos siguientes capítulos se dedican a la innovación del empleo (7,5 millones de euros) y a la seguridad y salud laboral (4 millones). El primero de ellos, centrado en la prospección y conocimiento de la oferta y la demanda del mercado laboral industrial, pondrá en marcha experiencias novedosas para mejorar la empleabilidad de los trabajadores y promoverá la investigación y celebración de eventos especializados sobre la materia. El segundo incluye acciones de información, asistencia técnica y formación, así como de lucha contra la accidentalidad laboral.
Finalmente, el sexto bloque de medidas se dirige a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, con un presupuesto de 2,5 millones de euros. Dentro de este capítulo se recogen incentivos a la contratación para la sustitución de trabajadores por bajas maternidad, paternidad, adopción o guarda los fines de semana, así como ayudas para contratos en régimen de interinidad para sustituciones de los acogidos a periodos de excedencia o reducción de jornada para el cuidado de hijos o personas dependientes.
La nueva estrategia se desarrollará en catorce convocatorias e incluirá, entre otras medidas, actuaciones integrales para la inserción laboral, incentivos a la contratación, planes de empleo, prácticas profesionales y distintas iniciativas en materia de seguridad y salud y de conciliación familiar, con especial atención a la industria.
En relación con este sector, sus objetivos serán los mismos que los de la vigente Estrategia Industrial de Andalucía 2020: recuperar el nivel de ocupación previo a la crisis y alcanzar los 533.000 trabajadores; reducir en un 10 por ciento la tasa de temporalidad, y disminuir en un 30% los accidentes graves y mortales. La medidas previstas se estructuran en seis capítulos: desarrollo local; fomento del empleo; mejora de la empleabilidad; innovación en el empleo; seguridad y salud laboral, y conciliación familiar.
El bloque de desarrollo local es el de mayor envergadura, con un presupuesto de 182 millones de euros y la previsión de beneficiar a más de 30.000 desempleados. Incluye la reedición de las iniciativas de cooperación social y comunitaria actualmente en vigor, desarrolladas por los ayuntamientos y destinadas a la contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años, mayores de 30 y, como novedad, parados mayores de 45.
Dentro de este capítulo, también se desarrollarán acciones de orientación y tutorización de los beneficiarios; iniciativas de diagnóstico y prospección para determinar oportunidades de negocio en los municipios, con incentivos para ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y otras entidades; una línea de ayudas a autónomos, sociedades y entidades sin ánimo de lucro para planes de empresas y estudios de viabilidad de proyectos de desarrollo local, preferentemente centrados en el sector industrial, y otra de incentivos a las contrataciones de trabajadores por más de un año para poner en marcha estos proyectos.
Asimismo, el programa incentivará la contratación de trabajadores durante un mínimo de nueve meses para la realización de proyectos de I+D+i promovidos por empresas, autónomos, entidades sin ánimo de lucro y universidades. En este caso, los beneficiarios deberán estar en posesión de un título de formación profesional de grado superior o universitario de grado, máster o doctorado o equivalente.
En el capítulo de fomento del empleo, que prevé beneficiar a 8.800 desempleados con un presupuesto de 71,75 millones de euros, se establecen incentivos a la contratación para a favorecer la creación de puestos de trabajos estables y la transformación de contratos indefinidos en temporales, con el requisito, en ambos casos, de una duración mínima ininterrumpida de doce meses. Respecto al marco actual de ayudas, se incluyen como novedad aquellos contratos indefinidos con jornada laboral parcial en los que se decida ampliar su duración a jornada completa.
De igual modo, se incentivará la adquisición de competencias profesionales a través de la contratación de desempleados por entidades sin ánimo de lucro para proyectos de interés general y social, principalmente en sectores como la dependencia, el medio ambiente, las nuevas tecnologías o el voluntariado.
Inserción laboral
El tercer bloque, dotado con 40,5 millones de euros, se centra en la mejora de la empleabilidad e incluye proyectos integrales de inserción que desarrollarán entidades sin ánimo de lucro, universidades y asociaciones del sector industrial, con una previsión de más de 13.600 personas beneficiarias.
Dirigidos a parados de larga duración mayores de 45 años, mujeres y personas con discapacidad, este capítulo combinará acciones de orientación laboral y asesoramiento, formación e intermediación laboral, entre otras. Además, recogerá una oferta de prácticas de entre tres y nueve meses para jóvenes desempleados, con una beca equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (537 euros mensuales), y otras de ámbito europeo con ayudas que cubrirán gastos de preparación lingüística y cultural, desplazamiento, alojamiento y manutención.
Los dos siguientes capítulos se dedican a la innovación del empleo (7,5 millones de euros) y a la seguridad y salud laboral (4 millones). El primero de ellos, centrado en la prospección y conocimiento de la oferta y la demanda del mercado laboral industrial, pondrá en marcha experiencias novedosas para mejorar la empleabilidad de los trabajadores y promoverá la investigación y celebración de eventos especializados sobre la materia. El segundo incluye acciones de información, asistencia técnica y formación, así como de lucha contra la accidentalidad laboral.
Finalmente, el sexto bloque de medidas se dirige a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, con un presupuesto de 2,5 millones de euros. Dentro de este capítulo se recogen incentivos a la contratación para la sustitución de trabajadores por bajas maternidad, paternidad, adopción o guarda los fines de semana, así como ayudas para contratos en régimen de interinidad para sustituciones de los acogidos a periodos de excedencia o reducción de jornada para el cuidado de hijos o personas dependientes.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
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