La oferta de empleo público extraordinaria con más de 30.000 plazas en Andalucía se aprobará antes de final de año, según anunció esta semana la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que explicó que los exámenes se desarrollarán entre 2018 y 2020 de forma coordinada con el resto del Estado para "evitar desplazamientos de candidatos de unas comunidades a otras".
En comisión parlamentaria, Montero recordó que Andalucía ya planteó en la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero la necesidad de estabilizar las plantillas y reducir la temporalidad a través de una convocatoria extraordinaria de empleo público.
En este sentido, la consejera reclamó al Gobierno central que agilice las decisiones necesarias para unificar criterios de selección, temarios y calendarios, con el fin de que las comunidades autónomas puedan concretar sus plazas. La previsión es que en Andalucía se convoquen más de 30.000 plazas, de las que 18.195 se ofertarán en Sanidad y 10.682 en Educación.
La consejera hizo hincapié en la necesidad de reducir la temporalidad que afecta al conjunto de las administraciones, tras la acumulación de contrataciones temporales provocadas por las tasas de reposición fijadas por el Gobierno central en los últimos años y que han impedido la convocatoria de más plazas de empleo público. En este sentido, insistió en que estos límites ya no tienen razón de ser en un contexto de crecimiento económico, por lo que ha reivindicación su eliminación.
No obstante, la responsable de Hacienda y Administración Pública subrayó que Andalucía siempre ha llevado "al máximo" la tasa de reposición de efectivos, situada en el 50 por ciento con carácter general y en el cien por cien para los sectores considerados prioritarios.
En concreto, se refirió a las 8.122 plazas de empleo público convocadas este año en Andalucía, de las que 3.553 corresponden a 14 especialidades de Sanidad, 2.468 plazas de Educación y 2.101 para la Administración General. Estas últimas, convocadas este mismo mes y que son competencia de su departamento, ofertan 961 plazas de acceso libre y 1.140 de promoción interna para los empleados públicos que quieran acceder a cuerpos o grupos superiores, mejorando sus expectativas profesionales.
Defensa de los servicios públicos
Durante su intervención en comisión parlamentaria, la consejera de Hacienda subrayó que una de las señas de identidad del Gobierno andaluz es garantizar que todos los ciudadanos que viven en Andalucía puedan acceder a unos servicios públicos universales y de calidad.
"Frente a los que han querido excusarse en la crisis para acometer privatizaciones", defendió que la Junta siempre ha respondido a las "necesidades y demandas de la sociedad desde lo público, mejorando día a día la gestión y eficiencia de los recursos y la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía".
Junto a la defensa de los servicios públicos, Montero también trasladó su compromiso con los profesionales que los hacen posible, "nuestro principal activo", cuya aportación e implicación ha sido "esencial" para el mantenimiento del Estado de bienestar en los años más difíciles de la crisis. De ahí, apuntó, que Andalucía haya aprovechado los primeros indicios de recuperación para acometer la restitución de los derechos suspendidos, conforme al calendario pactado con los sindicatos.
En comisión parlamentaria, Montero recordó que Andalucía ya planteó en la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero la necesidad de estabilizar las plantillas y reducir la temporalidad a través de una convocatoria extraordinaria de empleo público.
En este sentido, la consejera reclamó al Gobierno central que agilice las decisiones necesarias para unificar criterios de selección, temarios y calendarios, con el fin de que las comunidades autónomas puedan concretar sus plazas. La previsión es que en Andalucía se convoquen más de 30.000 plazas, de las que 18.195 se ofertarán en Sanidad y 10.682 en Educación.
La consejera hizo hincapié en la necesidad de reducir la temporalidad que afecta al conjunto de las administraciones, tras la acumulación de contrataciones temporales provocadas por las tasas de reposición fijadas por el Gobierno central en los últimos años y que han impedido la convocatoria de más plazas de empleo público. En este sentido, insistió en que estos límites ya no tienen razón de ser en un contexto de crecimiento económico, por lo que ha reivindicación su eliminación.
No obstante, la responsable de Hacienda y Administración Pública subrayó que Andalucía siempre ha llevado "al máximo" la tasa de reposición de efectivos, situada en el 50 por ciento con carácter general y en el cien por cien para los sectores considerados prioritarios.
En concreto, se refirió a las 8.122 plazas de empleo público convocadas este año en Andalucía, de las que 3.553 corresponden a 14 especialidades de Sanidad, 2.468 plazas de Educación y 2.101 para la Administración General. Estas últimas, convocadas este mismo mes y que son competencia de su departamento, ofertan 961 plazas de acceso libre y 1.140 de promoción interna para los empleados públicos que quieran acceder a cuerpos o grupos superiores, mejorando sus expectativas profesionales.
Defensa de los servicios públicos
Durante su intervención en comisión parlamentaria, la consejera de Hacienda subrayó que una de las señas de identidad del Gobierno andaluz es garantizar que todos los ciudadanos que viven en Andalucía puedan acceder a unos servicios públicos universales y de calidad.
"Frente a los que han querido excusarse en la crisis para acometer privatizaciones", defendió que la Junta siempre ha respondido a las "necesidades y demandas de la sociedad desde lo público, mejorando día a día la gestión y eficiencia de los recursos y la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía".
Junto a la defensa de los servicios públicos, Montero también trasladó su compromiso con los profesionales que los hacen posible, "nuestro principal activo", cuya aportación e implicación ha sido "esencial" para el mantenimiento del Estado de bienestar en los años más difíciles de la crisis. De ahí, apuntó, que Andalucía haya aprovechado los primeros indicios de recuperación para acometer la restitución de los derechos suspendidos, conforme al calendario pactado con los sindicatos.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
