Con el título El Derecho y los trastornos adictivos, dos realidades obligadas a entenderse, la Diputación de Córdoba ha acogido en la mañana de hoy unas jornadas que han puesto el acento en la necesidad de la información y el asesoramiento jurídico de aquellos profesionales y técnicos que trabajan con personas con algún tipo de adicción.
Así, este foro, organizado por el Instituto Provincial de Bienestar Social, en colaboración con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, está dirigido a profesionales de la judicatura -abogados, médicos forenses, fiscales y trabajadores sociales-, así como a trabajadores de la Unidad de Drogas y Adicciones de Córdoba y de Andalucía, y trabajadores de colectivos relacionados con esta materia.
La vicepresidenta del IPBS, Felisa Cañete, ha destacado que “las adicciones son un problema que afecta a todos los sectores de la sociedad y debemos contar con las herramientas adecuadas para afrontarlo y tratar a quienes lo sufren con total normalidad”.
Una de las ponencias ha corrido a cargo del presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula, con el título Apuntes sobre el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, en referencia a las personas con problemas de adicción. De Paula ha señalado en su intervención que “el tema de drogas y criminalidad o delincuencia están unidos desde hace tiempo”.
Por su parte, Fernando Arenas, jefe de la Oficina de Planificación y Gestión de la Secretaría General de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, ha versado su exposición en las estrategias y medidas que existen para la incorporación social de las personas que padecen algún tipo de adicción, salvando los posibles obstáculos jurídicos y penales.
Por último, Antonio Escobar, presidente de la Federación Andaluza de Drogodependencias y SIDA de Andalucía, ha explicado que “desde el movimiento asociativo consideramos de gran importancia tener en cuenta los aspectos jurídico penales de cara a una mejor recuperación de la persona con problemas de adicción”.
En este sentido, ha apuntado que “los encarcelamientos de estas personas suelen interrumpir el proceso de rehabilitación que hubieran iniciado, y esto hay que tenerlo en cuenta para aplicar las medidas alternativas y oportunas”.
Otra de las conferencias de las jornadas ha versado sobre Abordaje de las adicciones desde el punto de vista terapéutico. Individualización del tratamiento y de los recursos. Patología dual y procedimientos judiciales, su incidencia práctica en el proceso terapéutico, a cargo de María de Guía Castro, médica psiquiatra de la Unidad de Drogas y Adiciones del Instituto Provincial de Bienestar Social.
La jornada ha concluido con una mesa redonda sobre Adicciones y Derecho. Medidas alternativas a la prisión.
Así, este foro, organizado por el Instituto Provincial de Bienestar Social, en colaboración con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, está dirigido a profesionales de la judicatura -abogados, médicos forenses, fiscales y trabajadores sociales-, así como a trabajadores de la Unidad de Drogas y Adicciones de Córdoba y de Andalucía, y trabajadores de colectivos relacionados con esta materia.
La vicepresidenta del IPBS, Felisa Cañete, ha destacado que “las adicciones son un problema que afecta a todos los sectores de la sociedad y debemos contar con las herramientas adecuadas para afrontarlo y tratar a quienes lo sufren con total normalidad”.
Una de las ponencias ha corrido a cargo del presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula, con el título Apuntes sobre el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, en referencia a las personas con problemas de adicción. De Paula ha señalado en su intervención que “el tema de drogas y criminalidad o delincuencia están unidos desde hace tiempo”.
Por su parte, Fernando Arenas, jefe de la Oficina de Planificación y Gestión de la Secretaría General de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, ha versado su exposición en las estrategias y medidas que existen para la incorporación social de las personas que padecen algún tipo de adicción, salvando los posibles obstáculos jurídicos y penales.
Por último, Antonio Escobar, presidente de la Federación Andaluza de Drogodependencias y SIDA de Andalucía, ha explicado que “desde el movimiento asociativo consideramos de gran importancia tener en cuenta los aspectos jurídico penales de cara a una mejor recuperación de la persona con problemas de adicción”.
En este sentido, ha apuntado que “los encarcelamientos de estas personas suelen interrumpir el proceso de rehabilitación que hubieran iniciado, y esto hay que tenerlo en cuenta para aplicar las medidas alternativas y oportunas”.
Otra de las conferencias de las jornadas ha versado sobre Abordaje de las adicciones desde el punto de vista terapéutico. Individualización del tratamiento y de los recursos. Patología dual y procedimientos judiciales, su incidencia práctica en el proceso terapéutico, a cargo de María de Guía Castro, médica psiquiatra de la Unidad de Drogas y Adiciones del Instituto Provincial de Bienestar Social.
La jornada ha concluido con una mesa redonda sobre Adicciones y Derecho. Medidas alternativas a la prisión.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
