La Junta de Andalucía reclama al Gobierno central una “defensa firme” del sistema de ayudas de la Unión Europea al sector agroalimentario ante la denuncia “oportunista e injusta” por dumping que dos empresas de California han planteado contra la aceituna negra de España.
Así lo ha confirmado esta semana en Sevilla el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, durante una reunión con el presidente de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa), Carlos Camacho, y su secretario general, Antonio Mora.
Sánchez Haro lamentó que “las autoridades americanas están utilizando la aceituna negra para cuestionar todo el sistema de ayudas de la Unión Europea”, por lo que solicitó al Gobierno de España que transmita a Bruselas la necesidad de denunciar este tipo de prácticas proteccionistas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El consejero afirmó que de esta forma se estará defendiendo “no sólo a la aceituna negra de España, sino a la totalidad del sistema de ayudas diseñado por la propia Comisión Europea en el marco de los acuerdos internacionales”.
Rodrigo Sánchez destacó que el apoyo que realiza la Junta de Andalucía al sector de la aceituna de mesa “ha sido manifiesto desde el principio y hemos realizado un intenso esfuerzo para recopilar toda la información necesaria para responder al cuestionario que han enviado las autoridades americanas”.
Y, de igual modo, recalcó que todas las ayudas que reciben las empresas denunciadas se circunscriben al marco europeo de la PAC, tratándose de subvenciones que no distorsionan el mercado según los acuerdos de la OMC.
Estas entidades de Estados Unidos solicitaron en junio que se impusieran derechos antidumping y antisubvención cuya aplicación “supondría en la práctica el cierre de este mercado para nuestras aceitunas negras”, lamenó Rodrigo Sánchez.
Esta medida podría prolongarse durante cinco años, con una pérdida estimada de 350 millones de euros, cantidad que se duplicaría hasta alcanzar los 700 millones de euros si hubiese una prórroga y el cierre se extendiera durante un segundo lustro.
Esperamos que el gran esfuerzo y la defensa “hasta última instancia” que está realizando el Gobierno andaluz del sector de la aceituna de mesa demuestre que las ayudas concedidas son legales, establecidas bajo el paraguas de la CE, aceptadas en el marco de la OMC y, por tanto, no influyen en la situación de los operadores americanos, concluyó Sánchez Haro.
Así lo ha confirmado esta semana en Sevilla el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, durante una reunión con el presidente de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa), Carlos Camacho, y su secretario general, Antonio Mora.
Sánchez Haro lamentó que “las autoridades americanas están utilizando la aceituna negra para cuestionar todo el sistema de ayudas de la Unión Europea”, por lo que solicitó al Gobierno de España que transmita a Bruselas la necesidad de denunciar este tipo de prácticas proteccionistas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El consejero afirmó que de esta forma se estará defendiendo “no sólo a la aceituna negra de España, sino a la totalidad del sistema de ayudas diseñado por la propia Comisión Europea en el marco de los acuerdos internacionales”.
Rodrigo Sánchez destacó que el apoyo que realiza la Junta de Andalucía al sector de la aceituna de mesa “ha sido manifiesto desde el principio y hemos realizado un intenso esfuerzo para recopilar toda la información necesaria para responder al cuestionario que han enviado las autoridades americanas”.
Y, de igual modo, recalcó que todas las ayudas que reciben las empresas denunciadas se circunscriben al marco europeo de la PAC, tratándose de subvenciones que no distorsionan el mercado según los acuerdos de la OMC.
Estas entidades de Estados Unidos solicitaron en junio que se impusieran derechos antidumping y antisubvención cuya aplicación “supondría en la práctica el cierre de este mercado para nuestras aceitunas negras”, lamenó Rodrigo Sánchez.
Esta medida podría prolongarse durante cinco años, con una pérdida estimada de 350 millones de euros, cantidad que se duplicaría hasta alcanzar los 700 millones de euros si hubiese una prórroga y el cierre se extendiera durante un segundo lustro.
Esperamos que el gran esfuerzo y la defensa “hasta última instancia” que está realizando el Gobierno andaluz del sector de la aceituna de mesa demuestre que las ayudas concedidas son legales, establecidas bajo el paraguas de la CE, aceptadas en el marco de la OMC y, por tanto, no influyen en la situación de los operadores americanos, concluyó Sánchez Haro.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
