En la agenda política mundial se ha implantado, a una escala nunca vista, la retórica tóxica y deshumanizadora del "nosotros contra ellos" o los discursos de culpa, odio y miedo, que está creando un mundo cada vez más dividido y peligroso. El discurso xenófobo que destacó la campaña de Donald Trump, ya dejó vislumbrar estas políticas adversas para los derechos humanos y que, como era de esperar, nada más llegar a la presidencia de Estados Unidos empezó a materializarse.
La retórica de odio ha tenido y está teniendo un peligroso y amplio impacto en las políticas hasta el punto de que se ha convertido en una peligrosa fuerza en los asuntos del mundo. La geografía de las violaciones de derechos humanos alcanza todos los rincones del mapa. En 2016 Amnistía Internacional documentó campañas masivas de represión en China, con medidas muy duras contra activistas, juristas y sus familiares. Lo mismo que en Tailandia, India, Irán, Egipto, Etiopía, donde son cada vez mayores los recortes en la libertad de expresión, reprimiendo duramente cualquier disidencia.
Un ejemplo lo tenemos en Turquía, donde el golpe fallido fue seguido de decenas de miles de encarcelamientos, la suspensión de cientos de ONG y más de 130 cierres de medios de comunicación. Y ya no hablemos de Arabia Saudí, implacable con los activistas de derechos humanos, liderando por cierto la coalición que cometió los presuntos crímenes de guerra en Yemen al bombardear escuelas, hospitales, mercados y mezquitas, causando miles de muerte de civiles.
Pero los mayores focos se han dirigido a Siria, donde los crímenes de guerra y los gravísimos abusos de derechos humanos -documentados detalladamente por múltiples informes de Amnistía Internacional– permanecen impunes y donde sigue pendiente una solución política al conflicto, que desde 2011 ha costado más de 300.000 muertes, 4,8 millones de personas refugiadas y 6,6 millones desplazados. Siria y Yemen son sólo dos ejemplos de la escasa voluntad política para abordar otras gravísimas crisis sin resolver, como las de Libia, Sudán y Sudán del Sur, donde el hambre se utiliza como arma de guerra.
Lo más grave de todo esto es que incluso los Estados que afirmaban defender derechos en otros países, están ahora demasiado ocupados en restringirlos internamente como para pedir cuentas a los demás. ¿Cómo ha respondido la comunidad internacional ante las incontables atrocidades de 2016, como fueron los bombardeos de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas que causaron miles de muerte de civiles en Siria y Yemen o, el uso de armas químicas en Darfur (Sudán) o las miles de muertes causadas por la policía en Filipina? Con un ensordecedor silencio. Así es como ha respondido.
En España
Y en España, inercia. Hasta el pasado 5 de mayo ha acogido menos del diez por ciento de la cifra comprometida en 2015 por el Gobierno español, hasta el próximo mes de septiembre de 17.337 refugiados. A esto se suman las expulsiones colectivas en las fronteras de Ceuta y Melilla, y la situación de las personas refugiadas en estos enclaves donde no existen derechos para ellas.
En la violencia de género ha prevalecido una pérdida de prioridad política que se ha visto reflejada en el enorme descenso presupuestario entre 2007 y 2015 ligeramente corregido en 2016. En lo que va de año, 32 mujeres y seis menores han sido asesinados. Los maltratadores han dejado también 16 huérfanos de menos de 18 años. Los datos son peores que hace un año. El 25 del pasado mes de julio, al parecer, los grupos políticos han dejado de un lado sus diferencias para consensuar el primer gran acuerdo político de la legislatura.
El pacto alcanzado contempla medidas para prevenir la violencia machista desde el colegio, ampliar la protección y cambiar los criterios de acreditación de las víctimas para incluir a aquellas que aún no han interpuesto denuncia y garantizar su seguridad y la de sus hijos. Pero ¡ojo! en 2004 el Congreso aprobó por unanimidad la ley integral contra la violencia de género. El presidente Zapatero, todo optimista, afirmó que la norma sería un “poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal” Una explosión de aplausos recorrieron los escaños del PSOE. A día de hoy, han sido asesinadas más de 800 mujeres.
Por su parte, la ambigüedad de la legislación antiterrorista ha abierto la puerta al uso del delito de enaltecimiento del terrorismo para procesar a personas que ejercen su libertad de expresión, pacíficamente, como fue el caso de los dos titiriteros de la compañía Títeres desde abajo o al cantante César Strawberry.
En 2016 la Audiencia Nacional dictó al menos 36 sentencias por enaltecimiento del terrorismo, la mayoría de ellas dentro de la denominada Operación Araña de la Guardia Civil para perseguir el enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales, particularmente en Facebook y Twitter. Además, la última reforma del Código Penal establece una definición tan amplia y vaga del delito de terrorismo, que algunos derechos como la libertad de expresión o reunión podrían verse reprimidos.
Por otro lado, en España nos encontramos ante la posible impunidad de la tortura y otros malos tratos, incluido el uso desproporcionado de la fuerza por los cuerpos de seguridad. Preocupación compartida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha reprochado a España que no investigue de manera eficaz y exhaustiva las denuncias de personas detenidas e incomunicadas.
Está demostrado que lo único que importa o interesa, políticamente, es buscar "culpables" ante problemas económicos y de seguridad y de paso, por supuesto, ganar votos o aferrarse al poder. Y esto resulta más que evidente, sobre todo, en las políticas de muchos países para esquivar su responsabilidad con las personas refugiadas. Estas personas que están siendo el primer blanco de los ataques perpetrados por motivos de raza, género, nacionalidad y religión.
Por lo tanto, ante la falta de compromisos de los Estados, rechacemos los discursos de odio y la retórica del miedo y movilicémonos para presionar a los gobiernos a que respeten y defiendan los derechos humanos. Es en estas épocas tan difíciles cuando más falta hace voces valientes que se alcen contra la injusticia y la represión. Hagámoslo.
La retórica de odio ha tenido y está teniendo un peligroso y amplio impacto en las políticas hasta el punto de que se ha convertido en una peligrosa fuerza en los asuntos del mundo. La geografía de las violaciones de derechos humanos alcanza todos los rincones del mapa. En 2016 Amnistía Internacional documentó campañas masivas de represión en China, con medidas muy duras contra activistas, juristas y sus familiares. Lo mismo que en Tailandia, India, Irán, Egipto, Etiopía, donde son cada vez mayores los recortes en la libertad de expresión, reprimiendo duramente cualquier disidencia.
Un ejemplo lo tenemos en Turquía, donde el golpe fallido fue seguido de decenas de miles de encarcelamientos, la suspensión de cientos de ONG y más de 130 cierres de medios de comunicación. Y ya no hablemos de Arabia Saudí, implacable con los activistas de derechos humanos, liderando por cierto la coalición que cometió los presuntos crímenes de guerra en Yemen al bombardear escuelas, hospitales, mercados y mezquitas, causando miles de muerte de civiles.
Pero los mayores focos se han dirigido a Siria, donde los crímenes de guerra y los gravísimos abusos de derechos humanos -documentados detalladamente por múltiples informes de Amnistía Internacional– permanecen impunes y donde sigue pendiente una solución política al conflicto, que desde 2011 ha costado más de 300.000 muertes, 4,8 millones de personas refugiadas y 6,6 millones desplazados. Siria y Yemen son sólo dos ejemplos de la escasa voluntad política para abordar otras gravísimas crisis sin resolver, como las de Libia, Sudán y Sudán del Sur, donde el hambre se utiliza como arma de guerra.
Lo más grave de todo esto es que incluso los Estados que afirmaban defender derechos en otros países, están ahora demasiado ocupados en restringirlos internamente como para pedir cuentas a los demás. ¿Cómo ha respondido la comunidad internacional ante las incontables atrocidades de 2016, como fueron los bombardeos de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas que causaron miles de muerte de civiles en Siria y Yemen o, el uso de armas químicas en Darfur (Sudán) o las miles de muertes causadas por la policía en Filipina? Con un ensordecedor silencio. Así es como ha respondido.
En España
Y en España, inercia. Hasta el pasado 5 de mayo ha acogido menos del diez por ciento de la cifra comprometida en 2015 por el Gobierno español, hasta el próximo mes de septiembre de 17.337 refugiados. A esto se suman las expulsiones colectivas en las fronteras de Ceuta y Melilla, y la situación de las personas refugiadas en estos enclaves donde no existen derechos para ellas.
En la violencia de género ha prevalecido una pérdida de prioridad política que se ha visto reflejada en el enorme descenso presupuestario entre 2007 y 2015 ligeramente corregido en 2016. En lo que va de año, 32 mujeres y seis menores han sido asesinados. Los maltratadores han dejado también 16 huérfanos de menos de 18 años. Los datos son peores que hace un año. El 25 del pasado mes de julio, al parecer, los grupos políticos han dejado de un lado sus diferencias para consensuar el primer gran acuerdo político de la legislatura.
El pacto alcanzado contempla medidas para prevenir la violencia machista desde el colegio, ampliar la protección y cambiar los criterios de acreditación de las víctimas para incluir a aquellas que aún no han interpuesto denuncia y garantizar su seguridad y la de sus hijos. Pero ¡ojo! en 2004 el Congreso aprobó por unanimidad la ley integral contra la violencia de género. El presidente Zapatero, todo optimista, afirmó que la norma sería un “poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal” Una explosión de aplausos recorrieron los escaños del PSOE. A día de hoy, han sido asesinadas más de 800 mujeres.
Por su parte, la ambigüedad de la legislación antiterrorista ha abierto la puerta al uso del delito de enaltecimiento del terrorismo para procesar a personas que ejercen su libertad de expresión, pacíficamente, como fue el caso de los dos titiriteros de la compañía Títeres desde abajo o al cantante César Strawberry.
En 2016 la Audiencia Nacional dictó al menos 36 sentencias por enaltecimiento del terrorismo, la mayoría de ellas dentro de la denominada Operación Araña de la Guardia Civil para perseguir el enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales, particularmente en Facebook y Twitter. Además, la última reforma del Código Penal establece una definición tan amplia y vaga del delito de terrorismo, que algunos derechos como la libertad de expresión o reunión podrían verse reprimidos.
Por otro lado, en España nos encontramos ante la posible impunidad de la tortura y otros malos tratos, incluido el uso desproporcionado de la fuerza por los cuerpos de seguridad. Preocupación compartida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha reprochado a España que no investigue de manera eficaz y exhaustiva las denuncias de personas detenidas e incomunicadas.
Está demostrado que lo único que importa o interesa, políticamente, es buscar "culpables" ante problemas económicos y de seguridad y de paso, por supuesto, ganar votos o aferrarse al poder. Y esto resulta más que evidente, sobre todo, en las políticas de muchos países para esquivar su responsabilidad con las personas refugiadas. Estas personas que están siendo el primer blanco de los ataques perpetrados por motivos de raza, género, nacionalidad y religión.
Por lo tanto, ante la falta de compromisos de los Estados, rechacemos los discursos de odio y la retórica del miedo y movilicémonos para presionar a los gobiernos a que respeten y defiendan los derechos humanos. Es en estas épocas tan difíciles cuando más falta hace voces valientes que se alcen contra la injusticia y la represión. Hagámoslo.
MAITE GARCÍA
