La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha abonado en el primer semestre de 2017 más de 543 millones de euros para la financiación de servicios y prestaciones en materia de dependencia, de los que más de 221 millones corresponden a corporaciones locales, 150 millones a prestaciones económicas a las personas beneficiarias, 169 millones a entidades del tercer sector que prestan servicios de dependencia y 3,2 millones al sector público andaluz.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha detallado que "del total abonado, más de 150 millones de euros se han destinado al pago de las prestaciones económicas a las personas en situación de dependencia de Andalucía".
"La Junta de Andalucía se marcó como prioridad el abono mes a mes de estas prestaciones económicas y, actualmente, podemos decir que se ha hecho frente de forma puntual y rigurosa a estos abonos mensuales", ha añadido la titular de Igualdad y Políticas Sociales.
"De esta forma, cuando lo que se prescribe en el Programa Individual de Atención (PIA) es una prestación de carácter económico, las personas beneficiarias comenzarán a recibir el ingreso aprobado, no sin dificultades por parte del Gobierno andaluz, dada la asfixia económica a la que nos somete el Gobierno estatal, que en lugar de financiar el 50 por ciento que establece la Ley, financia el 20 por ciento del gasto en dependencia, haciendo que el esfuerzo inversor del Gobierno de Andalucía sea de más del 80 por ciento", ha recordado Sánchez Rubio.
Con respecto al Servicio de Ayuda a Domicilio, se ha transferido a los ayuntamientos y diputaciones provinciales lo correspondiente al primer semestre de este año, que ha supuesto el pago de 173,8 millones de euros. Además, se han destinado 164,9 millones de euros al pago del Servicio de Atención Residencial y 44,6 millones al Servicio de Centros de Día.
La consejera ha destacado que, "con respecto al plazo medio de pago de estos servicios, actualmente se cumple en un plazo considerablemente inferior a los 20 días tras visto bueno de la factura que establece el Decreto de garantías de los tiempos de pago aprobado por la Junta, que tiene por objeto garantizar unos determinados plazos de pago en relación con las obligaciones en sectores prioritarios como son los servicios sociales".
Sánchez Rubio ha denunciado que "estos abonos se han realizado pese a los recortes llevados a cabo por la Administración central, que han supuesto que Andalucía deje de recibir 625 millones de euros desde 2012, además de otros 18 millones por el pago de la teleasistencia avanzada, lo que se traduciría en la atención a 105.000 personas más".
En los presupuestos de 2017 de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se consigna un total de 1.188 millones de euros, un 2,5 por ciento más que en 2016, para el desarrollo de la Ley de Dependencia, cantidad similar a la que el Gobierno central destina para toda España.
El compromiso de la Junta es que este incremento continúe hasta alcanzar el 10 por ciento acumulado a lo largo de la legislatura. "La aportación económica de Andalucía ha permitido garantizar la estabilidad de 45.500 empleos desde la implantación del sistema (18.000 de ellos correspondientes a la ayuda a domicilio)", ha resaltado la consejera.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha detallado que "del total abonado, más de 150 millones de euros se han destinado al pago de las prestaciones económicas a las personas en situación de dependencia de Andalucía".
"La Junta de Andalucía se marcó como prioridad el abono mes a mes de estas prestaciones económicas y, actualmente, podemos decir que se ha hecho frente de forma puntual y rigurosa a estos abonos mensuales", ha añadido la titular de Igualdad y Políticas Sociales.
"De esta forma, cuando lo que se prescribe en el Programa Individual de Atención (PIA) es una prestación de carácter económico, las personas beneficiarias comenzarán a recibir el ingreso aprobado, no sin dificultades por parte del Gobierno andaluz, dada la asfixia económica a la que nos somete el Gobierno estatal, que en lugar de financiar el 50 por ciento que establece la Ley, financia el 20 por ciento del gasto en dependencia, haciendo que el esfuerzo inversor del Gobierno de Andalucía sea de más del 80 por ciento", ha recordado Sánchez Rubio.
Con respecto al Servicio de Ayuda a Domicilio, se ha transferido a los ayuntamientos y diputaciones provinciales lo correspondiente al primer semestre de este año, que ha supuesto el pago de 173,8 millones de euros. Además, se han destinado 164,9 millones de euros al pago del Servicio de Atención Residencial y 44,6 millones al Servicio de Centros de Día.
La consejera ha destacado que, "con respecto al plazo medio de pago de estos servicios, actualmente se cumple en un plazo considerablemente inferior a los 20 días tras visto bueno de la factura que establece el Decreto de garantías de los tiempos de pago aprobado por la Junta, que tiene por objeto garantizar unos determinados plazos de pago en relación con las obligaciones en sectores prioritarios como son los servicios sociales".
Sánchez Rubio ha denunciado que "estos abonos se han realizado pese a los recortes llevados a cabo por la Administración central, que han supuesto que Andalucía deje de recibir 625 millones de euros desde 2012, además de otros 18 millones por el pago de la teleasistencia avanzada, lo que se traduciría en la atención a 105.000 personas más".
En los presupuestos de 2017 de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se consigna un total de 1.188 millones de euros, un 2,5 por ciento más que en 2016, para el desarrollo de la Ley de Dependencia, cantidad similar a la que el Gobierno central destina para toda España.
El compromiso de la Junta es que este incremento continúe hasta alcanzar el 10 por ciento acumulado a lo largo de la legislatura. "La aportación económica de Andalucía ha permitido garantizar la estabilidad de 45.500 empleos desde la implantación del sistema (18.000 de ellos correspondientes a la ayuda a domicilio)", ha resaltado la consejera.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
