Excepto bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, Radio Televisión Española (RTVE) siempre ha estado al servicio del Gobierno de turno para utilizarla como un formidable instrumento propagandístico de sus políticas y para la manipulación sectaria e ideológica. Aquel Gobierno socialista quiso profesionalizar la Televisión pública (TVE) y conferirle la mayor neutralidad posible del poder político, de tal manera que sus contenidos, sobre todo los informativos, fueran fruto del criterio periodístico de sus profesionales –que los hay y muy buenos– y no del recado de obligado cumplimiento de La Moncloa (Presidencia del Gobierno) o del Ministerio correspondiente.
Recuerdo que en esta misma columna ya hicimos en su día una valoración de la reforma que impulsó en 2006 el Gobierno socialista de Zapatero para intentar que TVE se pareciera lo más posible, en rigor e independencia, a la BBC inglesa, corporación mediática que se toma como modelo de una televisión pública de calidad.
En aquel entonces se legisló para que el presidente del ente público fuera elegido por una mayoría de dos tercios del Parlamento, lo cual evitaba que un único grupo con mayoría absoluta pudiese designarlo sin consenso entre sus correligionarios, y se establecieron las bases para una progresiva autosuficiencia financiera que la librara de la dependencia de los Presupuestos Generales del Estado, incluso renunciando a la tarta publicitaria que se disputan las televisiones privadas.
Se perseguía, con aquellas medidas, una televisión de servicio público de indiscutible profesionalidad e independencia, y no un panfleto audiovisual gubernamental. Hasta que llegó Rajoy en 2012 y recuperó “la voz de su amo”.
Gracias a la mayoría absoluta de su primera legislatura, el Gobierno del Partido Popular modificó aquel sistema de elección del presidente de RTVE y del Consejo de Administración por el de simple mayoría absoluta, lo que permitía su designación sin mediar consenso con los demás partidos de la Cámara.
Además, los eximió de la dedicación exclusiva que el anterior sistema les exigía, suprimiéndoles el sueldo como consejeros pero remunerándolos con el cobro de dietas por su asistencia a las reuniones, compatibles con los emolumentos que percibieran por su actividad privada o funcionarial.
Para mayor control, redujo de 12 a 9 el número de miembros del Consejo de Administración y consideró extinguidos –y, por tanto, eliminados– los tres puestos de ese Consejo que eran nombrados por los sindicatos mayoritarios.
El resultado de todo ello está a la vista con el deterioro de la credibilidad de la televisión pública, las múltiples quejas de los propios profesionales de la corporación sobre las trabas y las interferencias políticas en su trabajo y por unos índices de audiencia que la sitúan en los puestos más deshonrosos del ránking nacional.
El modelo impuesto por Rajoy era el perpetrado en TeleMadrid por el Gobierno de la Comunidad Autónoma con tanto éxito “manipulador” que el presidente del canal regional fue la persona designada para dirigir la televisión pública nacional, con los resultados ya señalados.
Actualmente, al gobernar en minoría, el Gobierno del Partido Popular no ha tenido más remedio que aceptar, en el último momento, una propuesta del PSOE, apoyada por la mayoría del Parlamento, para recuperar el sistema de elección de la dirección de RTVE mediante mayoría cualificada de dos tercios, y que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados.
No ha podido impedir que se recupere el Estatuto de RTVE que implantó el denostado presidente Zapatero para que la imparcialidad, la neutralidad y la independencia rigieran el servicio público de la televisión que sufragan todos los españoles.
Ahora, vuelve a requerirse una mayoría de dos tercios para la elección del presidente y el Consejo de Administración de TVE y, en un plazo no mayor de tres meses, proceder a renovar la actual dirección del ente, nombrada sin consenso por el Gobierno de Mariano Rajoy gracias a su anterior mayoría absoluta.
Dicha renovación se hará por concurso público y los candidatos deberán ser refrendados por esa mayoría cualificada del Congreso y el Senado. Pero para evitar bloqueos como los que el PP realizó al final de la legislatura socialista, si no se logra esa mayoría de dos tercios, la elección se hará por mayoría absoluta, siempre que consiga el aval de la mitad de los grupos parlamentarios.
De esta manera, ningún partido podrá bloquear la renovación de la dirección de RTVE. Se pretende con ello implantar un modelo de desgubernamentalización y despolitización en la gestión de la televisión pública de España.
Ni que decir tiene que la modificación legal del Estatuto de la RTVE ha sido recibida con satisfacción por los trabajadores y periodistas de la empresa pública, por su Consejo de Informativos y por los sindicatos con representación en ella, Habría que añadir que, también, por los ciudadanos que demandaban una televisión pública neutral y de calidad que no avergonzara a la audiencia.
Se revierten, por fin, las políticas de manipulación informativa del Gobierno del Partido Popular que utilizaba la televisión pública como órgano de propaganda a su servicio. Se recupera, además, la profesionalidad, la independencia política y la neutralidad de un medio de comunicación tan importante y que aspira a la excelencia, como es Radio Televisión Española. ¡Ya era hora!
Recuerdo que en esta misma columna ya hicimos en su día una valoración de la reforma que impulsó en 2006 el Gobierno socialista de Zapatero para intentar que TVE se pareciera lo más posible, en rigor e independencia, a la BBC inglesa, corporación mediática que se toma como modelo de una televisión pública de calidad.
En aquel entonces se legisló para que el presidente del ente público fuera elegido por una mayoría de dos tercios del Parlamento, lo cual evitaba que un único grupo con mayoría absoluta pudiese designarlo sin consenso entre sus correligionarios, y se establecieron las bases para una progresiva autosuficiencia financiera que la librara de la dependencia de los Presupuestos Generales del Estado, incluso renunciando a la tarta publicitaria que se disputan las televisiones privadas.
Se perseguía, con aquellas medidas, una televisión de servicio público de indiscutible profesionalidad e independencia, y no un panfleto audiovisual gubernamental. Hasta que llegó Rajoy en 2012 y recuperó “la voz de su amo”.
Gracias a la mayoría absoluta de su primera legislatura, el Gobierno del Partido Popular modificó aquel sistema de elección del presidente de RTVE y del Consejo de Administración por el de simple mayoría absoluta, lo que permitía su designación sin mediar consenso con los demás partidos de la Cámara.
Además, los eximió de la dedicación exclusiva que el anterior sistema les exigía, suprimiéndoles el sueldo como consejeros pero remunerándolos con el cobro de dietas por su asistencia a las reuniones, compatibles con los emolumentos que percibieran por su actividad privada o funcionarial.
Para mayor control, redujo de 12 a 9 el número de miembros del Consejo de Administración y consideró extinguidos –y, por tanto, eliminados– los tres puestos de ese Consejo que eran nombrados por los sindicatos mayoritarios.
El resultado de todo ello está a la vista con el deterioro de la credibilidad de la televisión pública, las múltiples quejas de los propios profesionales de la corporación sobre las trabas y las interferencias políticas en su trabajo y por unos índices de audiencia que la sitúan en los puestos más deshonrosos del ránking nacional.
El modelo impuesto por Rajoy era el perpetrado en TeleMadrid por el Gobierno de la Comunidad Autónoma con tanto éxito “manipulador” que el presidente del canal regional fue la persona designada para dirigir la televisión pública nacional, con los resultados ya señalados.
Actualmente, al gobernar en minoría, el Gobierno del Partido Popular no ha tenido más remedio que aceptar, en el último momento, una propuesta del PSOE, apoyada por la mayoría del Parlamento, para recuperar el sistema de elección de la dirección de RTVE mediante mayoría cualificada de dos tercios, y que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados.
No ha podido impedir que se recupere el Estatuto de RTVE que implantó el denostado presidente Zapatero para que la imparcialidad, la neutralidad y la independencia rigieran el servicio público de la televisión que sufragan todos los españoles.
Ahora, vuelve a requerirse una mayoría de dos tercios para la elección del presidente y el Consejo de Administración de TVE y, en un plazo no mayor de tres meses, proceder a renovar la actual dirección del ente, nombrada sin consenso por el Gobierno de Mariano Rajoy gracias a su anterior mayoría absoluta.
Dicha renovación se hará por concurso público y los candidatos deberán ser refrendados por esa mayoría cualificada del Congreso y el Senado. Pero para evitar bloqueos como los que el PP realizó al final de la legislatura socialista, si no se logra esa mayoría de dos tercios, la elección se hará por mayoría absoluta, siempre que consiga el aval de la mitad de los grupos parlamentarios.
De esta manera, ningún partido podrá bloquear la renovación de la dirección de RTVE. Se pretende con ello implantar un modelo de desgubernamentalización y despolitización en la gestión de la televisión pública de España.
Ni que decir tiene que la modificación legal del Estatuto de la RTVE ha sido recibida con satisfacción por los trabajadores y periodistas de la empresa pública, por su Consejo de Informativos y por los sindicatos con representación en ella, Habría que añadir que, también, por los ciudadanos que demandaban una televisión pública neutral y de calidad que no avergonzara a la audiencia.
Se revierten, por fin, las políticas de manipulación informativa del Gobierno del Partido Popular que utilizaba la televisión pública como órgano de propaganda a su servicio. Se recupera, además, la profesionalidad, la independencia política y la neutralidad de un medio de comunicación tan importante y que aspira a la excelencia, como es Radio Televisión Española. ¡Ya era hora!
DANIEL GUERRERO
