La nueva renta mínima de inserción social en Andalucía beneficiará a más de 42.500 unidades familiares anualmente. Así lo anunció en comisión parlamentaria la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien informó también de que para el ejercicio 2018-2021 se destinaría a esta medida un total de 819 millones de euros.
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales convocó recientemente la primera Comisión para el desarrollo de esta medida, tras el anuncio de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre esta nueva prestación, a la que asistieron entidades y agentes sociales.
La consejera destacó que esta medida "se establece como una prestación garantizada y por tanto como derecho subjetivo, como marca nuestra Ley de Servicios Sociales, y se concibe como medio e instrumento para la inserción social y laboral en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la marginación".
Sánchez Rubio subrayó que "esta prestación se desarrollará mediante una norma que requiere una tramitación de carácter urgente". Así, la renta mínima de inserción va a suponer un nuevo modelo de atención basado en criterios de universalidad, dando prioridad a las familias con hijos menores de edad, a las unidades familiares monomarentales o monoparentales, y también se le va a dar prioridad a las mujeres víctimas de violencia.
Además, la consejera detalló que se amplía el tiempo de percepción de la renta mínima hasta 12 meses y, en el caso de mujeres víctimas de violencia de género y unidades familiares con menores de edad a cargo, se podrá prorrogar cada seis meses mientras se mantenga la situación que motivó su concesión, siendo esta es una diferencia sustancial respecto a la normativa vigente.
Sánchez Rubio informó en la comisión de las novedades que va a suponer esta nueva prestación. Por ejemplo, se modifican algunos de los requisitos establecidos en el anterior ingreso mínimo de solidaridad para adaptarnos a la realidad, como el poder solicitarlo varias unidades familiares sin parentesco que convivan en el mismo domicilio.
A su vez, se modifican los recursos computables para la percepción de la renta mínima de inserción, no considerando computables las pensiones de alimentos, las remuneraciones por acogimiento familiar, las prestaciones por hija o hijo a cargo, las pensiones de orfandad, las prestaciones económicas derivadas de la Ley de Dependencia, y las becas para educación o la formación y el transporte.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales destacó, además, que se introducen excepciones en el cumplimiento de requisitos en supuestos de urgencia o emergencia social y se unifican los motivos por los que se identifica y determina esta situación.
Los Servicios Sociales Comunitarios toman un protagonismo y un papel fundamental, "no sólo como puerta de entrada al acceso a esta prestación", sino también en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Inclusión sociolaboral de las familias perceptoras.
"Se subraya la transversalidad de las medidas de acompañamiento al proceso de inclusión social, reforzándose la implicación de otros departamentos de la Administración autonómica mediante la elaboración de protocolos, sobre todo del Servicio Andaluz de Empleo", finalizó la consejera.
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales convocó recientemente la primera Comisión para el desarrollo de esta medida, tras el anuncio de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre esta nueva prestación, a la que asistieron entidades y agentes sociales.
La consejera destacó que esta medida "se establece como una prestación garantizada y por tanto como derecho subjetivo, como marca nuestra Ley de Servicios Sociales, y se concibe como medio e instrumento para la inserción social y laboral en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la marginación".
Sánchez Rubio subrayó que "esta prestación se desarrollará mediante una norma que requiere una tramitación de carácter urgente". Así, la renta mínima de inserción va a suponer un nuevo modelo de atención basado en criterios de universalidad, dando prioridad a las familias con hijos menores de edad, a las unidades familiares monomarentales o monoparentales, y también se le va a dar prioridad a las mujeres víctimas de violencia.
Además, la consejera detalló que se amplía el tiempo de percepción de la renta mínima hasta 12 meses y, en el caso de mujeres víctimas de violencia de género y unidades familiares con menores de edad a cargo, se podrá prorrogar cada seis meses mientras se mantenga la situación que motivó su concesión, siendo esta es una diferencia sustancial respecto a la normativa vigente.
Sánchez Rubio informó en la comisión de las novedades que va a suponer esta nueva prestación. Por ejemplo, se modifican algunos de los requisitos establecidos en el anterior ingreso mínimo de solidaridad para adaptarnos a la realidad, como el poder solicitarlo varias unidades familiares sin parentesco que convivan en el mismo domicilio.
A su vez, se modifican los recursos computables para la percepción de la renta mínima de inserción, no considerando computables las pensiones de alimentos, las remuneraciones por acogimiento familiar, las prestaciones por hija o hijo a cargo, las pensiones de orfandad, las prestaciones económicas derivadas de la Ley de Dependencia, y las becas para educación o la formación y el transporte.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales destacó, además, que se introducen excepciones en el cumplimiento de requisitos en supuestos de urgencia o emergencia social y se unifican los motivos por los que se identifica y determina esta situación.
Los Servicios Sociales Comunitarios toman un protagonismo y un papel fundamental, "no sólo como puerta de entrada al acceso a esta prestación", sino también en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Inclusión sociolaboral de las familias perceptoras.
"Se subraya la transversalidad de las medidas de acompañamiento al proceso de inclusión social, reforzándose la implicación de otros departamentos de la Administración autonómica mediante la elaboración de protocolos, sobre todo del Servicio Andaluz de Empleo", finalizó la consejera.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
