La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), rubricó ayer con las 67 entidades locales de la provincia menores de 20.000 habitantes y dos ELA las adendas a los convenios de colaboración firmados en 2011 para la gestión del servicio provincial de Ayuda a Domicilio de 2017, por valor de más de 28 millones de euros.
En concreto, la cuantía total que supone el desarrollo del servicio a domicilio recogido en estas adendas asciende, una vez reducida la aportación económica de los usuarios 401.676 euros, a 28.016.686 euros, lo que supone ejecutar un total de 2.322.429 horas distribuidas entre 4.152 usuarios.
Así lo destacó el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y la presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social, Felisa Cañete, quienes afirmaron que “con la firma de estas addendas la Institución Provincial permite que se ponga a disposición de la provincia de Córdoba y de aquellas personas que más lo necesitan más de 28 millones de euros y lo hace con el objetivo de afianzar uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar social que es la atención a personas en situación de dependencia, asegurando así, la atención y cuidados de los más de 4.000 usuarios de este servicio que hay en nuestra provincia”.
Como novedad, tanto Ruiz como Cañete aseguraron que “la Diputación de Córdoba efectuará el pago a los ayuntamientos el primer mes del trimestre, para aliviar las arcas municipales”. Igualmente, informaron que “el equipo de gobierno pretender aumentar la cuantía de la hora a los consistorios hasta los 13 euros/hora”.
Ambos dirigentes alabaron “el importante trabajo que realizan todas las personas implicadas en las Ayudas a Domicilio, prestando así un servicio de calidad en todos y cada uno de los municipios de la provincia de Córdoba”.
Además, Ruiz resaltó “la importancia que la Ley de Dependencia supuso para el estado social ya que permitió que los usuarios fueran atendidos de forma digna en sus municipios, con la importante generación de empleo suponía. Una ley que facilita la autonomía de las personas en situación de dependencia en su medio habitual, permitiendo así que permanezcan en el entorno en el que desarrollan sus vidas estas personas”.
El presidente de la Diputación recalcó que “tenemos la responsabilidad de proporcionarles una mayor calidad de vida y poniendo los medios necesarios a su alcance para que no se tengan que marchar de su hogar para ser atendidos, porque eso facilita su atención, su autonomía y beneficia a la conciliación de sus familiares en los que también tenemos la responsabilidad de pensar y de ayudar”.
Además, Ruiz apostilló que “la necesidad de la prestación de este servicio es una de las piedras angulares del recientemente presentado Plan Impulso se lo hemos dedicado a Córdoba Social. Porque entendemos que es imprescindible atender las necesidades, cada vez más crecientes, de una parte importante de la población y ésta debe estar en concordancia con otros agentes públicos y privados, incluyendo actuaciones vinculadas a políticas de empleo, de educación, de vivienda, de promoción de la salud, de desarrollo local en general y que contribuyan a combatir situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social”.
“Para ello, es imprescindible la configuración de modelo basado en la colaboración y coordinación entre administraciones, en el que participen conjuntamente los Ayuntamientos, las Delegaciones Territoriales de la Administración Autonómica y la Diputación Provincial, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social, instrumento sobre el que recae la responsabilidad de poner en marcha y ejecutar, la hoja de ruta definida en el presente Plan, todo ello, sin olvidar otros agentes externos del ámbito privado”, concluyó el presidente.
Por otra parte, el máximo representante de la provincia afirmó que “hay que tener en muy en cuenta el gran impacto en el empleo que tienen estas políticas, y sobre todo entre un colectivo con mayor dificultad de inserción laboral como son las mujeres, que aglutinan un gran porcentaje del empleo que generan la ayuda a domicilio en la provincia”.
“Ha quedado más que demostrado que el sistema de atención a la dependencia y en este caso el servicio de Ayuda a domicilio es más que rentable socialmente hablando, lo cual ya es motivo suficiente para apostar por ello, pero también esta demostrado que es rentable económica, porque genera trabajo, crea riqueza y permite que muchas personas, sobre todo mujeres, tengan un empleo digno en su pueblo, ayudando a sus vecinos y vecinas que lo necesitan, y permitiendo que tanto cuidadores como pacientes y familiares puedan vivir dignamente en sus municipios sin necesidad de marcharse fuera, evitando así que nuestro medio rural quede despoblado” finalizó Antonio Ruiz.
En concreto, la cuantía total que supone el desarrollo del servicio a domicilio recogido en estas adendas asciende, una vez reducida la aportación económica de los usuarios 401.676 euros, a 28.016.686 euros, lo que supone ejecutar un total de 2.322.429 horas distribuidas entre 4.152 usuarios.
Así lo destacó el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y la presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social, Felisa Cañete, quienes afirmaron que “con la firma de estas addendas la Institución Provincial permite que se ponga a disposición de la provincia de Córdoba y de aquellas personas que más lo necesitan más de 28 millones de euros y lo hace con el objetivo de afianzar uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar social que es la atención a personas en situación de dependencia, asegurando así, la atención y cuidados de los más de 4.000 usuarios de este servicio que hay en nuestra provincia”.
Como novedad, tanto Ruiz como Cañete aseguraron que “la Diputación de Córdoba efectuará el pago a los ayuntamientos el primer mes del trimestre, para aliviar las arcas municipales”. Igualmente, informaron que “el equipo de gobierno pretender aumentar la cuantía de la hora a los consistorios hasta los 13 euros/hora”.
Ambos dirigentes alabaron “el importante trabajo que realizan todas las personas implicadas en las Ayudas a Domicilio, prestando así un servicio de calidad en todos y cada uno de los municipios de la provincia de Córdoba”.
Además, Ruiz resaltó “la importancia que la Ley de Dependencia supuso para el estado social ya que permitió que los usuarios fueran atendidos de forma digna en sus municipios, con la importante generación de empleo suponía. Una ley que facilita la autonomía de las personas en situación de dependencia en su medio habitual, permitiendo así que permanezcan en el entorno en el que desarrollan sus vidas estas personas”.
El presidente de la Diputación recalcó que “tenemos la responsabilidad de proporcionarles una mayor calidad de vida y poniendo los medios necesarios a su alcance para que no se tengan que marchar de su hogar para ser atendidos, porque eso facilita su atención, su autonomía y beneficia a la conciliación de sus familiares en los que también tenemos la responsabilidad de pensar y de ayudar”.
Además, Ruiz apostilló que “la necesidad de la prestación de este servicio es una de las piedras angulares del recientemente presentado Plan Impulso se lo hemos dedicado a Córdoba Social. Porque entendemos que es imprescindible atender las necesidades, cada vez más crecientes, de una parte importante de la población y ésta debe estar en concordancia con otros agentes públicos y privados, incluyendo actuaciones vinculadas a políticas de empleo, de educación, de vivienda, de promoción de la salud, de desarrollo local en general y que contribuyan a combatir situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social”.
“Para ello, es imprescindible la configuración de modelo basado en la colaboración y coordinación entre administraciones, en el que participen conjuntamente los Ayuntamientos, las Delegaciones Territoriales de la Administración Autonómica y la Diputación Provincial, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social, instrumento sobre el que recae la responsabilidad de poner en marcha y ejecutar, la hoja de ruta definida en el presente Plan, todo ello, sin olvidar otros agentes externos del ámbito privado”, concluyó el presidente.
Por otra parte, el máximo representante de la provincia afirmó que “hay que tener en muy en cuenta el gran impacto en el empleo que tienen estas políticas, y sobre todo entre un colectivo con mayor dificultad de inserción laboral como son las mujeres, que aglutinan un gran porcentaje del empleo que generan la ayuda a domicilio en la provincia”.
“Ha quedado más que demostrado que el sistema de atención a la dependencia y en este caso el servicio de Ayuda a domicilio es más que rentable socialmente hablando, lo cual ya es motivo suficiente para apostar por ello, pero también esta demostrado que es rentable económica, porque genera trabajo, crea riqueza y permite que muchas personas, sobre todo mujeres, tengan un empleo digno en su pueblo, ayudando a sus vecinos y vecinas que lo necesitan, y permitiendo que tanto cuidadores como pacientes y familiares puedan vivir dignamente en sus municipios sin necesidad de marcharse fuera, evitando así que nuestro medio rural quede despoblado” finalizó Antonio Ruiz.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
