La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, anunció en el Pleno del Parlamento que la Junta de Andalucía y el Tercer Sector reforzarán su colaboración a través de la rúbrica del contrato social. Además, la representante autonómica informó sobre la incorporación de cláusulas sociales en la gestión de los servicios sociales públicos, que se va a llevar a cabo de forma paulatina a partir del próximo año.
"El objetivo es promover una contratación responsable en la gestión de servicios públicos, introduciendo factores sociales como la apuesta por el empleo de personas pertenecientes a colectivos con dificultades de acceso al mismo", defendió la consejera.
En su intervención, Sánchez Rubio aclaró que el cambio en la fórmula actual de la gestión de estos servicios obedece a las nuevas exigencias legales. En ese sentido, especificó que la incorporación de criterios sociales en la contratación pública es una forma de "apostar por empresas responsables y sensibilizadas" con el cumplimiento de unos requisitos que van más allá de la solvencia y la capacidad técnica. A modo de ejemplo, se refirió a la promoción de empleo entre personas con discapacidad.
Sánchez Rubio insistió en que, independientemente de la fórmula, "lo importante es garantizar la asistencia a las personas y la prestación de los servicios" y, en este sentido, aseguró que el cambio de modalidad no afectará al contenido, puesto que se trata sólo de una modificación del procedimiento actual. El sistema también permitirá a las entidades sociales acceder a la concertación en materia de servicios sociales con la Administración andaluza.
La consejera también destacó que la futura Ley de Servicios Sociales de Andalucía, cuya tramitación parlamentaria se está ultimando, contempla la gestión de servicios públicos y espera que el proyecto sea aprobado lo antes posible para regular el sistema de los servicios sociales y garantizar los derechos subjetivos de las personas más vulnerables.
Por último, Sánchez Rubio recordó que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha informado a la Mesa del Tercer Sector sobre esta modalidad, que será "prioritaria una vez se apruebe la Ley de Servicios Sociales".
La Mesa está integrada por organizaciones y entidades de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI-Andalucía), la Plataforma Andaluza de Voluntariado, Cáritas Regional de Andalucía y Cruz Roja Española en Andalucía y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Andalucía.
En total, en la Mesa del Tercer Sector están representadas 1.672 organizaciones sin ánimo de lucro, de las que 1.225 son de la plataforma de discapacidad, 400 de voluntariado y 47 de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza. Este sector está integrado en Andalucía por más de 45.000 trabajadores, 50.000 personas voluntarias y más de 150.000 que colaboran para desempeñar una actividad de la que se benefician más de 1,8 millones de personas en riesgo de exclusión social.
"El objetivo es promover una contratación responsable en la gestión de servicios públicos, introduciendo factores sociales como la apuesta por el empleo de personas pertenecientes a colectivos con dificultades de acceso al mismo", defendió la consejera.
En su intervención, Sánchez Rubio aclaró que el cambio en la fórmula actual de la gestión de estos servicios obedece a las nuevas exigencias legales. En ese sentido, especificó que la incorporación de criterios sociales en la contratación pública es una forma de "apostar por empresas responsables y sensibilizadas" con el cumplimiento de unos requisitos que van más allá de la solvencia y la capacidad técnica. A modo de ejemplo, se refirió a la promoción de empleo entre personas con discapacidad.
Sánchez Rubio insistió en que, independientemente de la fórmula, "lo importante es garantizar la asistencia a las personas y la prestación de los servicios" y, en este sentido, aseguró que el cambio de modalidad no afectará al contenido, puesto que se trata sólo de una modificación del procedimiento actual. El sistema también permitirá a las entidades sociales acceder a la concertación en materia de servicios sociales con la Administración andaluza.
La consejera también destacó que la futura Ley de Servicios Sociales de Andalucía, cuya tramitación parlamentaria se está ultimando, contempla la gestión de servicios públicos y espera que el proyecto sea aprobado lo antes posible para regular el sistema de los servicios sociales y garantizar los derechos subjetivos de las personas más vulnerables.
Por último, Sánchez Rubio recordó que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha informado a la Mesa del Tercer Sector sobre esta modalidad, que será "prioritaria una vez se apruebe la Ley de Servicios Sociales".
La Mesa está integrada por organizaciones y entidades de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI-Andalucía), la Plataforma Andaluza de Voluntariado, Cáritas Regional de Andalucía y Cruz Roja Española en Andalucía y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Andalucía.
En total, en la Mesa del Tercer Sector están representadas 1.672 organizaciones sin ánimo de lucro, de las que 1.225 son de la plataforma de discapacidad, 400 de voluntariado y 47 de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza. Este sector está integrado en Andalucía por más de 45.000 trabajadores, 50.000 personas voluntarias y más de 150.000 que colaboran para desempeñar una actividad de la que se benefician más de 1,8 millones de personas en riesgo de exclusión social.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
