La Diputación de Córdoba, a través de su Área de Bienestar Social, pondrá en marcha próximamente una Oficina de Intermediación Hipotecaria para prestar apoyo y asistencia, preferentemente en municipios de menos de 20.000 habitantes, a familias en riesgo de exclusión social por el desalojo de sus viviendas.
Así lo ha anunciado la responsable del Área, Felisa Cañete, quien ha explicado que “la finalidad de esta oficina es defender el derecho a la vivienda de aquellas familias que no pueden hacer frente a sus obligaciones hipotecarias o de alquiler por haber sufrido de un modo directo los efectos de la crisis económica”. “Queremos abordar este problema de un modo integral con el fin de prevenir situaciones de exclusión derivadas de la pérdida de la vivienda habitual por impago de deuda hipotecaria o alquiler”, ha subrayado.
La vicepresidenta primera de la Diputación ha señalado que “realizará un servicio de prevención, ya que ofrecerá asesoramiento e información al ciudadano de forma previa a la adquisición de su vivienda y contratación de la hipoteca”. De igual modo, ha continuado, “prestará un servicio de mediación prestando asesoramiento a las personas que, por pérdida de empleo o falta de recursos, no puedan pagar la hipoteca”.
“Vamos a informarles sobre las mejores condiciones para negociar o liquidar las deudas contraídas, así como intermediar con las entidades financieras que reclamen el pago, asesoramiento jurídico en procedimientos judiciales y de desahucio”, ha destacado Cañete.
Por último, Cañete ha indicado que “siempre que sea posible se prestará un servicio de protección a personas o familias que hayan perdido su domicilio habitual como consecuencia de la ejecución de hipoteca o por morosidad en el pago del alquiler cuando sea por causas objetivas y justificadas que los sitúen en riesgo de exclusión social”.
Para la puesta en funcionamiento de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria la Diputación de Córdoba tiene previsto firmar un convenio con el Colegio de Abogados y está negociando acuerdos de colaboración con otros colectivos, así como con entidades financieras y con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Fomento y Vivienda (AVRA) con el fin de prestar un adecuado asesoramiento jurídico y generar un parque de viviendas, además de las propias de la institución provincial, que permita el realojo de familias afectadas por este grave problema.
La oficina prestará servicios cuando se den las siguientes circunstancias: cuando se trate de personas empadronadas en los municipios de la provincia, cuando las viviendas estén ubicadas en la provincia, cuando se trate de la única vivienda de que disponga la familia afectada y cuando haya dificultades para el pago de la cuota de préstamo y/o alquiler o estén en situación de ejecución de hipoteca, ya sea en fase de demanda, subasta o lanzamiento y siempre que sean deudores de buena fe –que exista coherencia entre sus actos patrimoniales y sus rentas-.
Así lo ha anunciado la responsable del Área, Felisa Cañete, quien ha explicado que “la finalidad de esta oficina es defender el derecho a la vivienda de aquellas familias que no pueden hacer frente a sus obligaciones hipotecarias o de alquiler por haber sufrido de un modo directo los efectos de la crisis económica”. “Queremos abordar este problema de un modo integral con el fin de prevenir situaciones de exclusión derivadas de la pérdida de la vivienda habitual por impago de deuda hipotecaria o alquiler”, ha subrayado.
La vicepresidenta primera de la Diputación ha señalado que “realizará un servicio de prevención, ya que ofrecerá asesoramiento e información al ciudadano de forma previa a la adquisición de su vivienda y contratación de la hipoteca”. De igual modo, ha continuado, “prestará un servicio de mediación prestando asesoramiento a las personas que, por pérdida de empleo o falta de recursos, no puedan pagar la hipoteca”.
“Vamos a informarles sobre las mejores condiciones para negociar o liquidar las deudas contraídas, así como intermediar con las entidades financieras que reclamen el pago, asesoramiento jurídico en procedimientos judiciales y de desahucio”, ha destacado Cañete.
Por último, Cañete ha indicado que “siempre que sea posible se prestará un servicio de protección a personas o familias que hayan perdido su domicilio habitual como consecuencia de la ejecución de hipoteca o por morosidad en el pago del alquiler cuando sea por causas objetivas y justificadas que los sitúen en riesgo de exclusión social”.
Para la puesta en funcionamiento de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria la Diputación de Córdoba tiene previsto firmar un convenio con el Colegio de Abogados y está negociando acuerdos de colaboración con otros colectivos, así como con entidades financieras y con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Fomento y Vivienda (AVRA) con el fin de prestar un adecuado asesoramiento jurídico y generar un parque de viviendas, además de las propias de la institución provincial, que permita el realojo de familias afectadas por este grave problema.
La oficina prestará servicios cuando se den las siguientes circunstancias: cuando se trate de personas empadronadas en los municipios de la provincia, cuando las viviendas estén ubicadas en la provincia, cuando se trate de la única vivienda de que disponga la familia afectada y cuando haya dificultades para el pago de la cuota de préstamo y/o alquiler o estén en situación de ejecución de hipoteca, ya sea en fase de demanda, subasta o lanzamiento y siempre que sean deudores de buena fe –que exista coherencia entre sus actos patrimoniales y sus rentas-.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTO: ARCHIVO
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