La corrupción política en España alcanza niveles alarmantes y afecta a partidos políticos, administraciones públicas y las más altas instancias del Estado. Tan preocupante es la situación que algunos hablan de "corrupción generalizada" cuando conocen nuevos casos que han de sumar a la ya lista de escándalos de corrupción que asolan a este país.
Las imágenes que evidencian la magnitud de este mal las difunden, actualmente, los medios de comunicación con esas salas judiciales que sientan en el banquillo de los acusados a alcaldes, concejales, presidentes de gobiernos autonómicos, consejeros, exministros, directivos bancarios, tesoreros de partidos, funcionarios, miembros de la Familia Real y una interminable relación de personajes y personajillos de la política, las finanzas, el mundo empresarial, los sindicatos, los deportes y demás actividades que reúnen como denominador común depender, directa o indirectamente, de los fondos públicos. Entre todos conforman el puzzle gráfico de la infamia y la desvergüenza.
Pero la formación política más infectada por corrupción es el Partido Popular, en el que cada día surge un nuevo episodio que viene a confirmar que toda su estructura orgánica está corroída por esa gangrena. Tan invadido está de corrupción el Partido Popular que ha conseguido ser el primer partido político imputado por delitos de corrupción en la historia democrática española, puesto que ha sido citado como entidad con personalidad jurídica por el juez que investiga la financiación ilegal del partido en Madrid.
Se le supone una organización criminal, por lo que su sede en la calle Génova de Madrid ya ha sido registrada por la policía en dos ocasiones, algo inaudito en un partido político. Este último escándalo, con ribetes de sainete por el enfrentamiento nada disimulado que mantienen la secretaria general y la presidenta regional, ha llevado a Esperanza Aguirre a presentar su dimisión de la Presidencia poco después de declarar ante la Asamblea regional.
Si la todopoderosa lideresa ha tenido que tirar las riendas, tras sortear todos los escándalos conocidos en su entorno (su mano derecha, el ex secretario general Francisco Granados, está en la cárcel), es que esta vez el mal amenaza la integridad física de la formación: ya es imposible no amputar miembros carcomidos.
Es verdad que los casos de corrupción también afectan a otros partidos políticos, de manera proporcional a sus responsabilidades de gobierno. Precisamente por ello, la corrupción del Partido Popular es la más grave y preocupante por cuanto es el partido que gobierna España y la mayoría de las comunidades autonómicas. Su poder es inmenso, tanto como su responsabilidad.
No es nada tranquilizador que un partido tan corrompido sea el que implementa políticas que afectan a la mayoría de los españoles, a los que exige sacrificios e impone duras medidas de austeridad que condenan a muchas personas al paro, la pobreza y la marginación. Difícilmente, por tanto, un partido así podrá convencer a los ciudadanos de la bondad de sus iniciativas ni generar la necesaria confianza en sus gobernantes, puesto que el velo de la sospecha lo cubrirá todo.
Máxime cuando ese partido ha protagonizado, no un caso aislado de corrupción, sino toda una continuada y extensa conducta de irregularidades a lo largo de su historia y a todos los niveles. Hasta su líder nacional y actual presidente de Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, es cuestionado por su relación con el caso de los papeles de Bárcenas, extesorero al que envió mensajitos de apoyo a la cárcel, y en el que figura como receptor de los sobresueldos no declarados que éste repartía entre la cúpula de responsables y personalidades del partido. Y si eso pasaba en la cumbre, de ahí para abajo puede ser aterrador lo que se descubra. Justamente lo que está sucediendo.
El Partido Popular está inmerso en una serie interminable de tramas de corrupción que delatan su carácter sistémico. Ya no son los casos Gürtel o Púnica, sino también Taula, Acuamed, Palma Arena, Pokémon, Brugal, Emarsa, el caso Nóos, los trajes de Camps, las tarjetas Black y demás que se acumulan en los juzgados y que hacen imposible considerar la buena fe, el desconocimiento o la inocencia de los más altos responsables de la formación sobre lo que estaba –y está– pasando delante de sus narices.
Vaciar las arcas públicas para engordar bolsillos privados y, en parte, financiar ilegalmente al propio partido, mediante cohecho, malversación y prevaricación, entre otros delitos, se ha convertido en la actividad fundamental y transversal del partido que gobierna España. Que, a estas alturas, dimita la condesa consorte que presidía el partido en Madrid es lo de menos, por tardío.
Lo preocupante es que todavía ningún alto cargo nacional haya asumido su responsabilidad, cuando menos política, por la situación en la que ha dejado pudrir al partido de los conservadores de España. Una situación insostenible que hiede allende nuestras fronteras, donde examinan nuestra economía quienes han de confiar en nuestros gobernantes.
Y es que el Partido Popular genera una corrupción muy particular. Aun siendo inaceptable cualquier práctica de corrupción, la cometa quien la cometa, resulta hiriente que la que protagoniza la derecha de este país tenga su causa en el enriquecimiento y la avaricia personal, un afán de lucro desmedido e ilícito que obliga abrir cuentas opacas en paraísos fiscales.
Tanto Granados como Bárcenas, por citar los delincuentes más conocidos de la derecha en estos momentos, escondían en Suiza ingentes cantidades de dinero sustraído, mediante sobornos, malversación y contratos ilegales, de los fondos públicos.
Las tramas de corrupción de la izquierda, también deleznables, vienen motivadas, en la mayoría de los casos, para dar cobertura económica a empresas y trabajadores en dificultades y sin derecho a ello, por aliviar zonas sin potencial de desarrollo, con la concesión de ayudas y subvenciones a industrias que prometen implantarse y crear empleo en el municipio, etc.
A pesar de todo, las irregularidades y los dispendios no están justificados en ningún caso, aunque disfruten de la mejor de las intenciones. Son actos ilegales, injustos e inútiles, que además atraen, aprovechando la discrecionalidad, a los que también persiguen el enriquecimiento personal. Esa es la diferencia entre la corrupción de los ERE en Andalucía y la corrupción de Gürtel de Valencia y Madrid. Aunque ambas son igualmente dañinas y repudiables.
Lo que toda corrupción consigue, siempre, es deteriorar la confianza en las instituciones, denigrar a los servidores públicos, socavar la credibilidad en el sistema político de la democracia y ofender a los ciudadanos hasta provocar su desafección y el desentendimiento de la participación colectiva. Mientras esta corrupción que no cesa siga campando por sus respetos, como hasta ahora, la política en España será considerada una actividad de personas sospechosas de latrocinio. Y no andarán muy equivocados, desgraciadamente.
Las imágenes que evidencian la magnitud de este mal las difunden, actualmente, los medios de comunicación con esas salas judiciales que sientan en el banquillo de los acusados a alcaldes, concejales, presidentes de gobiernos autonómicos, consejeros, exministros, directivos bancarios, tesoreros de partidos, funcionarios, miembros de la Familia Real y una interminable relación de personajes y personajillos de la política, las finanzas, el mundo empresarial, los sindicatos, los deportes y demás actividades que reúnen como denominador común depender, directa o indirectamente, de los fondos públicos. Entre todos conforman el puzzle gráfico de la infamia y la desvergüenza.
Pero la formación política más infectada por corrupción es el Partido Popular, en el que cada día surge un nuevo episodio que viene a confirmar que toda su estructura orgánica está corroída por esa gangrena. Tan invadido está de corrupción el Partido Popular que ha conseguido ser el primer partido político imputado por delitos de corrupción en la historia democrática española, puesto que ha sido citado como entidad con personalidad jurídica por el juez que investiga la financiación ilegal del partido en Madrid.
Se le supone una organización criminal, por lo que su sede en la calle Génova de Madrid ya ha sido registrada por la policía en dos ocasiones, algo inaudito en un partido político. Este último escándalo, con ribetes de sainete por el enfrentamiento nada disimulado que mantienen la secretaria general y la presidenta regional, ha llevado a Esperanza Aguirre a presentar su dimisión de la Presidencia poco después de declarar ante la Asamblea regional.
Si la todopoderosa lideresa ha tenido que tirar las riendas, tras sortear todos los escándalos conocidos en su entorno (su mano derecha, el ex secretario general Francisco Granados, está en la cárcel), es que esta vez el mal amenaza la integridad física de la formación: ya es imposible no amputar miembros carcomidos.
Es verdad que los casos de corrupción también afectan a otros partidos políticos, de manera proporcional a sus responsabilidades de gobierno. Precisamente por ello, la corrupción del Partido Popular es la más grave y preocupante por cuanto es el partido que gobierna España y la mayoría de las comunidades autonómicas. Su poder es inmenso, tanto como su responsabilidad.
No es nada tranquilizador que un partido tan corrompido sea el que implementa políticas que afectan a la mayoría de los españoles, a los que exige sacrificios e impone duras medidas de austeridad que condenan a muchas personas al paro, la pobreza y la marginación. Difícilmente, por tanto, un partido así podrá convencer a los ciudadanos de la bondad de sus iniciativas ni generar la necesaria confianza en sus gobernantes, puesto que el velo de la sospecha lo cubrirá todo.
Máxime cuando ese partido ha protagonizado, no un caso aislado de corrupción, sino toda una continuada y extensa conducta de irregularidades a lo largo de su historia y a todos los niveles. Hasta su líder nacional y actual presidente de Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, es cuestionado por su relación con el caso de los papeles de Bárcenas, extesorero al que envió mensajitos de apoyo a la cárcel, y en el que figura como receptor de los sobresueldos no declarados que éste repartía entre la cúpula de responsables y personalidades del partido. Y si eso pasaba en la cumbre, de ahí para abajo puede ser aterrador lo que se descubra. Justamente lo que está sucediendo.
El Partido Popular está inmerso en una serie interminable de tramas de corrupción que delatan su carácter sistémico. Ya no son los casos Gürtel o Púnica, sino también Taula, Acuamed, Palma Arena, Pokémon, Brugal, Emarsa, el caso Nóos, los trajes de Camps, las tarjetas Black y demás que se acumulan en los juzgados y que hacen imposible considerar la buena fe, el desconocimiento o la inocencia de los más altos responsables de la formación sobre lo que estaba –y está– pasando delante de sus narices.
Vaciar las arcas públicas para engordar bolsillos privados y, en parte, financiar ilegalmente al propio partido, mediante cohecho, malversación y prevaricación, entre otros delitos, se ha convertido en la actividad fundamental y transversal del partido que gobierna España. Que, a estas alturas, dimita la condesa consorte que presidía el partido en Madrid es lo de menos, por tardío.
Lo preocupante es que todavía ningún alto cargo nacional haya asumido su responsabilidad, cuando menos política, por la situación en la que ha dejado pudrir al partido de los conservadores de España. Una situación insostenible que hiede allende nuestras fronteras, donde examinan nuestra economía quienes han de confiar en nuestros gobernantes.
Y es que el Partido Popular genera una corrupción muy particular. Aun siendo inaceptable cualquier práctica de corrupción, la cometa quien la cometa, resulta hiriente que la que protagoniza la derecha de este país tenga su causa en el enriquecimiento y la avaricia personal, un afán de lucro desmedido e ilícito que obliga abrir cuentas opacas en paraísos fiscales.
Tanto Granados como Bárcenas, por citar los delincuentes más conocidos de la derecha en estos momentos, escondían en Suiza ingentes cantidades de dinero sustraído, mediante sobornos, malversación y contratos ilegales, de los fondos públicos.
Las tramas de corrupción de la izquierda, también deleznables, vienen motivadas, en la mayoría de los casos, para dar cobertura económica a empresas y trabajadores en dificultades y sin derecho a ello, por aliviar zonas sin potencial de desarrollo, con la concesión de ayudas y subvenciones a industrias que prometen implantarse y crear empleo en el municipio, etc.
A pesar de todo, las irregularidades y los dispendios no están justificados en ningún caso, aunque disfruten de la mejor de las intenciones. Son actos ilegales, injustos e inútiles, que además atraen, aprovechando la discrecionalidad, a los que también persiguen el enriquecimiento personal. Esa es la diferencia entre la corrupción de los ERE en Andalucía y la corrupción de Gürtel de Valencia y Madrid. Aunque ambas son igualmente dañinas y repudiables.
Lo que toda corrupción consigue, siempre, es deteriorar la confianza en las instituciones, denigrar a los servidores públicos, socavar la credibilidad en el sistema político de la democracia y ofender a los ciudadanos hasta provocar su desafección y el desentendimiento de la participación colectiva. Mientras esta corrupción que no cesa siga campando por sus respetos, como hasta ahora, la política en España será considerada una actividad de personas sospechosas de latrocinio. Y no andarán muy equivocados, desgraciadamente.
DANIEL GUERRERO
