Cuando toda crítica y cualquier disenso de la política económica neoliberal, implementada entre otros por el Gobierno del Partido Popular para presuntamente combatir la crisis financiera, son rechazados de plano y las alternativas que se proponen en sustitución se consideran fruto de tendencias radicales, puede pasar que se extienda tal calificación a propuestas y organizaciones de contrastada seriedad y solvencia internacional que alertan sobre las negativas consecuencias que se derivan de unas iniciativas empecinadas en ignorar y marginar aún más a los desfavorecidos y humildes de la sociedad.
Es lo que tienen las actitudes dogmáticas e inmovilistas, incluso en el campo de la economía: son incapaces de ser flexibles y aceptar opciones diferentes que favorecen al conjunto social y no a una minoría privilegiada, sumamente rica y poderosa.
Para quienes no admiten ninguna desviación de la política económica aplicada hasta la fecha, basada en una austeridad absoluta en el gasto y la inversión pública, supondrá un enorme disgusto los sendos informes que Intermón Oxfam –una ONG nada sospechosa de izquierdismo radical– y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –la agencia de Naciones Unidas dedicada a promover la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo– han dado a conocer para alertar del precio en desigualdad y pobreza que se les hace pagar a amplias capas de la población por atender y satisfacer exclusivamente los intereses del mercado y el capital.
La evasión y elusión fiscal en España, por la que se desvían a paraísos fiscales más de 59.000 millones de euros por parte de empresas y grandes contribuyentes, ocasiona un deterioro a las arcas del Estado que todas las reformas y ajustes acometidos es incapaz de compensar. Una actitud egoísta de los pudientes que, según Intermón Oxfam, aprovechan un entramado de paraísos fiscales creado para privilegiar a los que disfrutan de una economía al servicio de ellos, de ese uno por ciento de ricos que concentra más riqueza que 35 millones de personas en nuestro país.
No es de extrañar que, con esas políticas y actitudes insolidarias, España sea el país donde más ha crecido la desigualdad de ingresos y el número de personas pobres y en riesgo de exclusión, convirtiéndose en el cuarto país más desigual de la Unión Europea. Más de tres millones de personas viven actualmente en la pobreza, el doble que en 2007, como consecuencia de decisiones políticas y económicas erróneas que castigan fundamentalmente a los más débiles de la sociedad.
Y es que justamente en momentos de crisis como el que estamos viviendo, cuando se necesita proteger a los más desfavorecidos, es cuando se adoptan iniciativas contrarias al interés general que sólo benefician a los afortunados que más recursos disponen. Esta denuncia de Intermón Oxfam tiene que doler, por tanto, a quienes promueven tanta injusticia y, para que no se conozca, se dedican a tachar de radicales a los que se quejan.
Son los mismos a los que se les llena la boca de hablar de una “recuperación” que apenas ha conseguido reducir el paro en España, puesto que la creación de empleo se basa, en virtud de esas políticas y “reformas” económicas, en contratos mayoritariamente temporales que lo único que han provocado es un mercado laboral caracterizado por la precariedad.
Precariedad del empleo, precariedad de las condiciones laborales y precariedad salarial que, para colmo, han producido lo que se ha dado en llamar “trabajadores pobres”, aquellos que no disponen de una remuneración suficiente respecto a sus necesidades y se ven progresivamente abocados a la exclusión social. Una situación de la que alerta la OIT al advertir en su informe del aumento elevado número de familias en riesgo de situarse por debajo del umbral de pobreza, cifra que subió del 27,3 por ciento en 2013 al 29,2 en 2014.
Sin embargo, los promotores de semejante “austericidio” en nuestro país siguen desoyendo todas estas alarmas provenientes, no de adversarios políticos nacionales, sino de organismos internacionales preocupados por la deriva de las desigualdades y la pobreza en el mundo a causa de las políticas económicas de gobiernos como el nuestro, atentos sólo a los intereses del mercado y de los detentadores del capital.
Tal es su ceguera dogmática que ni siquiera aprecian, muchos menos atienden, las alarmas que entidades caritativas como Cáritas elevan sobre las consecuencias de abandonar a su suerte a miles de familias españolas sin recursos, sin ayudas y sin ninguna posibilidad de mejora que estas nuevas condiciones económicas imponen.
Y es que, a juicio de los fanáticos del neoliberalismo, todos los que no acaten las decisiones gubernamentales en materia social y económica obedecen a un izquierdismo radical cuyos postulados son nefastos y perjudiciales para sostener y continuar la “recuperación” de España. Se entiende que aluden a “su” recuperación, la de los ricos y pudientes que se benefician de todas estas medidas causantes de desigualdad y pobreza en nuestro país.
Es lo que tienen las actitudes dogmáticas e inmovilistas, incluso en el campo de la economía: son incapaces de ser flexibles y aceptar opciones diferentes que favorecen al conjunto social y no a una minoría privilegiada, sumamente rica y poderosa.
Para quienes no admiten ninguna desviación de la política económica aplicada hasta la fecha, basada en una austeridad absoluta en el gasto y la inversión pública, supondrá un enorme disgusto los sendos informes que Intermón Oxfam –una ONG nada sospechosa de izquierdismo radical– y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –la agencia de Naciones Unidas dedicada a promover la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo– han dado a conocer para alertar del precio en desigualdad y pobreza que se les hace pagar a amplias capas de la población por atender y satisfacer exclusivamente los intereses del mercado y el capital.
La evasión y elusión fiscal en España, por la que se desvían a paraísos fiscales más de 59.000 millones de euros por parte de empresas y grandes contribuyentes, ocasiona un deterioro a las arcas del Estado que todas las reformas y ajustes acometidos es incapaz de compensar. Una actitud egoísta de los pudientes que, según Intermón Oxfam, aprovechan un entramado de paraísos fiscales creado para privilegiar a los que disfrutan de una economía al servicio de ellos, de ese uno por ciento de ricos que concentra más riqueza que 35 millones de personas en nuestro país.
No es de extrañar que, con esas políticas y actitudes insolidarias, España sea el país donde más ha crecido la desigualdad de ingresos y el número de personas pobres y en riesgo de exclusión, convirtiéndose en el cuarto país más desigual de la Unión Europea. Más de tres millones de personas viven actualmente en la pobreza, el doble que en 2007, como consecuencia de decisiones políticas y económicas erróneas que castigan fundamentalmente a los más débiles de la sociedad.
Y es que justamente en momentos de crisis como el que estamos viviendo, cuando se necesita proteger a los más desfavorecidos, es cuando se adoptan iniciativas contrarias al interés general que sólo benefician a los afortunados que más recursos disponen. Esta denuncia de Intermón Oxfam tiene que doler, por tanto, a quienes promueven tanta injusticia y, para que no se conozca, se dedican a tachar de radicales a los que se quejan.
Son los mismos a los que se les llena la boca de hablar de una “recuperación” que apenas ha conseguido reducir el paro en España, puesto que la creación de empleo se basa, en virtud de esas políticas y “reformas” económicas, en contratos mayoritariamente temporales que lo único que han provocado es un mercado laboral caracterizado por la precariedad.
Precariedad del empleo, precariedad de las condiciones laborales y precariedad salarial que, para colmo, han producido lo que se ha dado en llamar “trabajadores pobres”, aquellos que no disponen de una remuneración suficiente respecto a sus necesidades y se ven progresivamente abocados a la exclusión social. Una situación de la que alerta la OIT al advertir en su informe del aumento elevado número de familias en riesgo de situarse por debajo del umbral de pobreza, cifra que subió del 27,3 por ciento en 2013 al 29,2 en 2014.
Sin embargo, los promotores de semejante “austericidio” en nuestro país siguen desoyendo todas estas alarmas provenientes, no de adversarios políticos nacionales, sino de organismos internacionales preocupados por la deriva de las desigualdades y la pobreza en el mundo a causa de las políticas económicas de gobiernos como el nuestro, atentos sólo a los intereses del mercado y de los detentadores del capital.
Tal es su ceguera dogmática que ni siquiera aprecian, muchos menos atienden, las alarmas que entidades caritativas como Cáritas elevan sobre las consecuencias de abandonar a su suerte a miles de familias españolas sin recursos, sin ayudas y sin ninguna posibilidad de mejora que estas nuevas condiciones económicas imponen.
Y es que, a juicio de los fanáticos del neoliberalismo, todos los que no acaten las decisiones gubernamentales en materia social y económica obedecen a un izquierdismo radical cuyos postulados son nefastos y perjudiciales para sostener y continuar la “recuperación” de España. Se entiende que aluden a “su” recuperación, la de los ricos y pudientes que se benefician de todas estas medidas causantes de desigualdad y pobreza en nuestro país.
DANIEL GUERRERO
