Por primera vez en la historia tributaria de este país, Hacienda hace pública la lista de contribuyentes que no están al día en el pago de sus impuestos y son deudores con el Estado. Todos ellos deben más de un millón de euros, cantidad mínima para figurar como “moroso” en esa relación de personas físicas y jurídicas que, por una razón u otra, no aportan a las arcas públicas lo que debieran en relación con sus ingresos y patrimonio.
Adeudar más de un millón de euros no está al alcance de cualquiera, sólo de los pudientes a los que esa cantidad representa un porcentaje de sus beneficios o una parte de lo que discretamente manejan o administran.
En la lista de Hacienda hay para escoger, desde empresas de todo tipo a personas particulares, pero sobre todo ricos. Causa “rubor”, aunque no sorpresa, que destacados personajes o grandes firmas comerciales, como Mario Conde (exbanquero) o Victorio & Lucchino (modistos), figuren en una relación de deudores renuentes a contribuir con el bienestar de todos, no sólo en el suyo propio.
No causa sorpresa porque sólo los más afortunados, los agraciados por la diosa fortuna, pueden permitirse el lujo de escamotear sus obligaciones con el fisco mediante desgravaciones, inversiones, paraísos fiscales y mil artimañas que no están al alcance de cualquiera.
A un trabajador, por cuenta ajena o autónomo, le embargan directamente de la nómina o de sus rendimientos cualquier deuda con la Agencia Tributaria y, en general, con cualquier Administración pública. Desde una multa a una tasa municipal que agote los plazos de pago, con sus correspondientes sobrecargos por demora, son deudas que pasarán inmediatamente a ser descontadas de cualquier cuenta bancaria que figure a nombre del deudor, sin posibilidad alguna de reclamación y sin necesidad de figurar en ninguna lista cuya finalidad, al parecer, es únicamente la de dar a conocer la identidad del “moroso”, se sobreentiende que con la intención de minar el prestigio del afectado y causar descrédito personal o empresarial.
En esta primera “lista del millón” figuran más de 4.000 personas jurídicas que acumulan una deuda con Hacienda superior a 14.000 millones de euros, más otras 345 personas físicas que deben otros 700 millones de euros. En su conjunto, con todo el dinero que deben al Estado, se podría financiar, sin aplicar recortes, la atención de las personas dependientes en nuestro país que el Gobierno ha dejado sin ayudas.
Si a la deuda anterior, sumamos lo que no se ingresa por fraude en el IVA, el dinero negro, la evasión fiscal y todo lo sustraído con la corrupción política y financiera, en España no sólo no habría que aplicar “recortes” en los servicios públicos, sino que sobrarían recursos para edificar un Estado de Bienestar aún más amplio y sólido, capaz de satisfacer las necesidades de los más desfavorecidos y paliar las desigualdades existentes nuestra sociedad. Podrían, incluso, extenderse aún más la educación y la sanidad, y se garantizarían las pensiones, sin detraer recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Pero, la publicación de una lista de deudores con Hacienda, por mucha curiosidad que despierte entre la población conocer la identidad de sus integrantes, no soluciona el problema de recaudación de impuestos del que adolece nuestra política fiscal.
La eficacia de la lista se restringe a satisfacer el “morbo” de unos medios de comunicación ávidos de espectáculo y el de las personas sedientas de historias escabrosas. Ni siquiera sirve para, por miedo al descrédito y la pérdida del prestigio, que los futuros defraudadores o incumplidores de sus obligaciones con el Estado se abstengan cometer tan “impopulares” infracciones. Es decir, no vale para disuadir al futuro infractor o delincuente.
Que en esa lista figuren exmandatarios de clubes de fútbol, abogados, motoristas, empresas constructoras, inmobiliarias, jueces, grupos de comunicación, grandes familias, políticos o exbanqueros apenas aporta nada a la lucha fiscal ni a la moralidad y decencia cívicas.
Al que no paga porque no quiere o no puede, una lista en la que figure su nombre no le desanimará de intentar evadir sus impuestos ni tampoco le permitirá solventar sus problemas financieros. La eficacia en la recaudación tributaria pasa por la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Y eso sólo se consigue con medios legales y dotación de recursos.
En vez de leyes de amnistía fiscal y recortes en las plantillas de los empleados públicos de la Agencia Tributaria (AEAT) son aconsejables leyes rigurosas, agravar el delito fiscal, auditorías a empresas y personas jurídicas, y aumentar la dotación de inspectores y recursos de Hacienda.
Es evidente que lo más barato y “popular” son las listas de morosos, pero la eficacia contra el fraude requiere otros mecanismos más complejos y costosos, que permitan equiparar la AEAT a la de los países con rigor fiscal de nuestro entorno en cuanto a medios humanos y materiales. Mientras esto no se haga, seguiremos hablando de que Mario Conde o Victorio & Lucchino, entre otros muchos y conocidos, engañan al fisco. ¡Como si no lo supiéramos!
Adeudar más de un millón de euros no está al alcance de cualquiera, sólo de los pudientes a los que esa cantidad representa un porcentaje de sus beneficios o una parte de lo que discretamente manejan o administran.
En la lista de Hacienda hay para escoger, desde empresas de todo tipo a personas particulares, pero sobre todo ricos. Causa “rubor”, aunque no sorpresa, que destacados personajes o grandes firmas comerciales, como Mario Conde (exbanquero) o Victorio & Lucchino (modistos), figuren en una relación de deudores renuentes a contribuir con el bienestar de todos, no sólo en el suyo propio.
No causa sorpresa porque sólo los más afortunados, los agraciados por la diosa fortuna, pueden permitirse el lujo de escamotear sus obligaciones con el fisco mediante desgravaciones, inversiones, paraísos fiscales y mil artimañas que no están al alcance de cualquiera.
A un trabajador, por cuenta ajena o autónomo, le embargan directamente de la nómina o de sus rendimientos cualquier deuda con la Agencia Tributaria y, en general, con cualquier Administración pública. Desde una multa a una tasa municipal que agote los plazos de pago, con sus correspondientes sobrecargos por demora, son deudas que pasarán inmediatamente a ser descontadas de cualquier cuenta bancaria que figure a nombre del deudor, sin posibilidad alguna de reclamación y sin necesidad de figurar en ninguna lista cuya finalidad, al parecer, es únicamente la de dar a conocer la identidad del “moroso”, se sobreentiende que con la intención de minar el prestigio del afectado y causar descrédito personal o empresarial.
En esta primera “lista del millón” figuran más de 4.000 personas jurídicas que acumulan una deuda con Hacienda superior a 14.000 millones de euros, más otras 345 personas físicas que deben otros 700 millones de euros. En su conjunto, con todo el dinero que deben al Estado, se podría financiar, sin aplicar recortes, la atención de las personas dependientes en nuestro país que el Gobierno ha dejado sin ayudas.
Si a la deuda anterior, sumamos lo que no se ingresa por fraude en el IVA, el dinero negro, la evasión fiscal y todo lo sustraído con la corrupción política y financiera, en España no sólo no habría que aplicar “recortes” en los servicios públicos, sino que sobrarían recursos para edificar un Estado de Bienestar aún más amplio y sólido, capaz de satisfacer las necesidades de los más desfavorecidos y paliar las desigualdades existentes nuestra sociedad. Podrían, incluso, extenderse aún más la educación y la sanidad, y se garantizarían las pensiones, sin detraer recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Pero, la publicación de una lista de deudores con Hacienda, por mucha curiosidad que despierte entre la población conocer la identidad de sus integrantes, no soluciona el problema de recaudación de impuestos del que adolece nuestra política fiscal.
La eficacia de la lista se restringe a satisfacer el “morbo” de unos medios de comunicación ávidos de espectáculo y el de las personas sedientas de historias escabrosas. Ni siquiera sirve para, por miedo al descrédito y la pérdida del prestigio, que los futuros defraudadores o incumplidores de sus obligaciones con el Estado se abstengan cometer tan “impopulares” infracciones. Es decir, no vale para disuadir al futuro infractor o delincuente.
Que en esa lista figuren exmandatarios de clubes de fútbol, abogados, motoristas, empresas constructoras, inmobiliarias, jueces, grupos de comunicación, grandes familias, políticos o exbanqueros apenas aporta nada a la lucha fiscal ni a la moralidad y decencia cívicas.
Al que no paga porque no quiere o no puede, una lista en la que figure su nombre no le desanimará de intentar evadir sus impuestos ni tampoco le permitirá solventar sus problemas financieros. La eficacia en la recaudación tributaria pasa por la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Y eso sólo se consigue con medios legales y dotación de recursos.
En vez de leyes de amnistía fiscal y recortes en las plantillas de los empleados públicos de la Agencia Tributaria (AEAT) son aconsejables leyes rigurosas, agravar el delito fiscal, auditorías a empresas y personas jurídicas, y aumentar la dotación de inspectores y recursos de Hacienda.
Es evidente que lo más barato y “popular” son las listas de morosos, pero la eficacia contra el fraude requiere otros mecanismos más complejos y costosos, que permitan equiparar la AEAT a la de los países con rigor fiscal de nuestro entorno en cuanto a medios humanos y materiales. Mientras esto no se haga, seguiremos hablando de que Mario Conde o Victorio & Lucchino, entre otros muchos y conocidos, engañan al fisco. ¡Como si no lo supiéramos!
DANIEL GUERRERO
