Hace unos días observamos un nuevo “show” en el mundo político español, en este caso en Cataluña, donde parece ser que no se convencen de que las posiciones y las opiniones apenas si varían por más miles de millones que se inviertan en campañas hacia un sentido u otro. De ese modo, en los setenta, y tras 40 años de “por el Imperio y hacia Dios”, en una Cataluña aún inserta en esa doctrina y mentalidad, se decía que existía un 35 por ciento –aproximado– de personas que pensaban que aquella región estaría mejor fuera de una España que no reconocían como propia.
Y tras otros 40 años de “Espanya ens roba”, en una Catalunya inserta en la doctrina y mentalidad opuesta a la anterior, se ha demostrado que sigue existiendo ese mismo 35 por ciento –aproximado también– de personas que siguen pensando que la Comunidad Autónoma estaría mejor fuera de una España que siguen sin reconocer como propia.
Ojo, hablo sobre el total de personas con derecho a voto, sin olvidar a los que han ejercido su derecho de no votar y que, por tanto, no apoyan ninguna opción política en unas elecciones parlamentarias, pero que tampoco apoyan ninguna secesión en unas elecciones convertidas en plebiscitarias por los aislacionistas.
Y entre medias, miles de millones de euros (y aún más, de pesetas) gastados en campañas absurdas, en propaganda, en adoctrinamiento. Y ¿para qué? Pues por lo visto, para nada, para absolutamente nada, al menos nada útil. Realmente no conozco ninguna agencia publicitaria con más recursos a su disposición y menos eficacia en sus medidas que las que utiliza el separatismo catalán, la verdad.
Muchos dirán: “pero tampoco se ha disminuido en el porcentaje de personas que quieren sacar Cataluña de España a pesar de vivir en el siglo XXI y de estar dentro de la Unión Europea”. Es cierto, ese es el otro problema, el del separatismo que genera un centralismo que confunde Madrid con España, el idioma español con el castellano, o la historia de nuestro país con esa “castellanización” que durante el Siglo XIX se implantó en los libros de texto de toda nuestra comunidad escolar, un problema muy serio y complementario al separatismo, porque uno no existiría sin el otro y viceversa.
Por ese centralismo (o “españolidad” mal entendida), en el resto de España no se considera el idioma catalán como español, y en el mejor de los casos se “tolera”. Y según esa “historia castellanizada”, y por poner un curioso ejemplo, a los Comuneros (Padilla, Bravo y Maldonado) se les considera héroes, cuando eran líderes sociales de las “Comunidades de Castilla” que se opusieron al nuevo Rey Carlos I de España, según ellos, monarca extranjero, para defender sus fueros y derechos frente al resto del país; mientras que a Joaquín Casanova se le considera un traidor a la patria, cuando lo que hizo fue enfrentarse en Barcelona al futuro Rey Felipe V para, según su opinión, defender de la invasión francesa a toda España -no sólo a Cataluña- y por la que daría “hasta la última gota de su sangre”.
El caso es que por una cuestión u otra, en Cataluña sigue existiendo un 35 por ciento aproximado de secesionistas que se ven mejor fuera de España que formando parte de nuestro país. Y ese porcentaje ha convertido a la comunidad autónoma en una zona de difícil gobierno, con tantos colores e ideologías que el consenso en cualquier tema, por fundamental o básico que parezca, resulta imposible.
En el “Parlament”, como en cualquier otro parlamento, tienen representación partidos de derecha, de centro, de izquierda y de extrema izquierda, pero multiplicado por dos, es decir, de opción aislacionista o no aislacionista. Además, hay coaliciones de dudoso futuro (“Junts per sí”, con CDC, liberal, junto con ERC, de carácter comunista), u otras de formaciones similares, pero enfrentadas en realidad entre ellas (IU con Podemos y alguna formación residual más).
Pero al margen de los flujos políticos “atomizadores” y “reunificadores” en aquella comunidad, lo verdaderamente importante es que ha sido la primera vez que se ha puesto sobre la mesa de forma absolutamente clara la posibilidad de que una parte de España decida su secesión de forma unilateral.
Y la importancia del tema nos debe hacer reflexionar sobre la verdadera razón por la que todos hayan permitido que se llegue a esta situación, porque no podemos ser ingenuos y pensar que no hay mecanismos suficientes para evitarla. Y en todo este proceso (el real, al margen del “procés”) aparece la reforma de la Constitución y la posibilidad de incluir el federalismo como organización del país.
Aunque como andaluz me duela afirmarlo, el origen de este problema no está en Cataluña, sino en el sur. Me explico: si atendemos a los números y cifras macroeconómicas de nuestro país, Andalucía (y Extremadura y Castilla la Mancha) lleva 40 tan rescatada como lo está actualmente Grecia. Obviamente no de forma oficial, pero sí mediante esa “solidaridad” interregional tan mal utilizada en nuestra tierra por quienes la han gobernado durante estas cuatro décadas.
Son miles de millones de euros que han venido al sur, procedentes del norte, y que apenas han servido para tener ciertos privilegios sociales cubiertos, pero de ninguna forma para generar riqueza, es decir, para aumentar el tejido industrial, comercial, productivo, sino para engordar instituciones públicas, auténticas devoradoras de presupuestos.
Ojo, y no caigo en la zafiedad de la corrupción, tema muy mediático y que, a pesar de existir y ser intolerable, no ocupa un porcentaje muy alto del PIB regional. Es la mala gestión general y no la corrupción la que hace que el sur siga a años luz del norte a pesar de haber recibido muchos más millones de los que la UE ha invertido en Grecia para el rescate de aquella nación.
¿Qué el norte fue beneficiado otrora? Sí, por supuesto, el triángulo Euskadi, Cataluña, Madrid fue el gran beneficiado por los gobiernos de los últimos 150 años, pero eso no debe ser ninguna excusa cuarenta años después de la llegada del “borrón y cuenta nueva” que supuso la Transición.
Pongamos un ejemplo: una familia con 17 hijos (tantos como comunidades). Los padres, sabiendo que no pueden asegurar los estudios de todos ellos, deciden pagar la carrera a los tres mayores, con la condición de que éstos se la paguen a los más pequeños. Pues bien, 40 años después de que los primeros comenzaran a cumplir con dicho trato, los más pequeños gastan el dinero que aportan los mayores en comodidades y caprichos, sin aprovechar nada para estudios y formación.
Imaginemos que uno de los mayores (Euskadi) consigue un trato con los padres de modo que no aporta dinero, sino que sólo paga el alquiler de su habitación y la parte alícuota de comida, luz y otros gastos. Si otro de los mayores (Cataluña) comprueba que este hermano vive mejor que él, y aún más si necesita el dinero porque se ha visto envuelto en problemas de malas compañías y deudas que debe afrontar, es lógico que plantee ese mismo trato a sus padres, y que si no lo consigue, amenace con marcharse del hogar.
Es un ejemplo muy prosaico, pero creo que muy ejemplar, que muestra la realidad de nuestro país en cuanto al reparto económico y a lo injusto de la “solidaridad” cuarenta años después de su implantación. Tenemos comunidades que llevan aportando más que las demás desde hace 40 años, otras que tienen su propia “hacienda” y sólo pagan los servicios ofrecidos por el Estado y otras más que llevan viviendo oficialmente de “la sopa boba” durante ese tiempo. Ojo, “oficialmente”, es decir, gubernamentalmente, no hablo de sus habitantes, tan trabajadores y sacrificados como cualquier otro.
¿Y qué soluciona el estado federal? Pues que todas las comunidades gestionen al completo sus finanzas, tal y como lo hacen Euskadi y Navarra, con una especie de Hacienda propia. En realidad, con el federalismo se terminaría la “solidaridad” y cada comunidad debe afrontar su realidad sin esperar ningún esfuerzo por parte de las demás, más allá de alguna ayuda puntual por causas determinadas. ¿Y a quién beneficia? En un principio, al conjunto de España, porque se evita que unas comunidades vivan a costa de otras, lo que evita el derroche y redunda en el beneficio global.
En cuanto a los perjudicados, obviamente perjudica al sur, en especial a ese conglomerado generado tras 40 años de gobierno casi perenne (o perenne en el caso de nuestra Andalucía), que se quedaría sin ese flujo monetario continuo. Pero sólo en primera instancia, me explico: confío en nuestras posibilidades, ya que somos regiones ricas en recursos y capital humano, lo que un primer momento difícil podría suponer la activación de su crecimiento, pero por supuesto, al margen de estas políticas derrochadoras, populistas y demagógicas que llevamos soportando durante cuatro décadas.
Entonces ¿por qué Pedro Sánchez, del PSOE, aboga por este modelo? Pues porque seguramente debe estar pactado con el resto de partidos y porque elimina de un plumazo a su gran rival en el partido, Susana Díaz, quien cayó en la trampa de apoyar este modelo simplemente porque sonaba a “nuevo” en su última campaña. Dudo que sin la “solidaridad” del resto de España, el gobierno andaluz sobreviva una sola elección más sin una gestión realmente eficaz y eficiente de nuestros recursos.
¿Y el PP? Obviamente se beneficia de un posible cambio político en Andalucía y otras comunidades del sur, además de que, como he dicho antes, seguramente lo han pactado con el resto de partidos. Pero no pueden defenderlo sin más, porque perdería el voto en toda España de esa facción “conservadora” que aún recuerda el “antes de ayer” de la política española.
Ahí entra la cuestión catalana, creando el marco adecuado para que lo puedan vender como “un mal menor” que conserve la unidad de España, aún a costa de un cambio de orden político. Además, y no es desdeñable, tendrían la oportunidad de desnudar el posible fondo sentimental de los separatistas abogando que todo es, en definitiva, cuestión de dinero (“la pela es la pela”).
Los nacionalistas, en su huída hacia adelante como solución a la crisis, se han metido en un lodazal de difícil solución, puesto que han caído en las garras del extremismo más absoluto, y buscan como locos una salida honrosa. Y el federalismo pudiera ser dicha salida. Claro que inmediatamente pedirían una Confederación de Estados, un pasito más al Estado Federal, no sea que el votante confunda esa derecha nacionalista (Convergencia o PNV) con el PP, por favor.
¿Y los extremistas de ERC o partidos similares? Bueno, han tenido sus quince minutos de gloria, y a fe que lo han aprovechado, pero se les acaba el cuento. Pasarán a ser, de nuevo, lo de siempre: minoría residual que se bate entre mentiras históricas y supuestas utopías de difícil realidad. Y desde luego que viven muy a gusto en esa posición.
En definitiva, creo que tras lo de Cataluña, hemos entrado en el capítulo final de una historia que se inició hace años, en el desenlace de un tema que siempre estuvo encima de la mesa: la federalización de España. Este tema será estrella en la campaña electoral para las Generales y traerá mucha cola tras ellas, gane quien gane. Tiempo al tiempo.
Y tras otros 40 años de “Espanya ens roba”, en una Catalunya inserta en la doctrina y mentalidad opuesta a la anterior, se ha demostrado que sigue existiendo ese mismo 35 por ciento –aproximado también– de personas que siguen pensando que la Comunidad Autónoma estaría mejor fuera de una España que siguen sin reconocer como propia.
Ojo, hablo sobre el total de personas con derecho a voto, sin olvidar a los que han ejercido su derecho de no votar y que, por tanto, no apoyan ninguna opción política en unas elecciones parlamentarias, pero que tampoco apoyan ninguna secesión en unas elecciones convertidas en plebiscitarias por los aislacionistas.
Y entre medias, miles de millones de euros (y aún más, de pesetas) gastados en campañas absurdas, en propaganda, en adoctrinamiento. Y ¿para qué? Pues por lo visto, para nada, para absolutamente nada, al menos nada útil. Realmente no conozco ninguna agencia publicitaria con más recursos a su disposición y menos eficacia en sus medidas que las que utiliza el separatismo catalán, la verdad.
Muchos dirán: “pero tampoco se ha disminuido en el porcentaje de personas que quieren sacar Cataluña de España a pesar de vivir en el siglo XXI y de estar dentro de la Unión Europea”. Es cierto, ese es el otro problema, el del separatismo que genera un centralismo que confunde Madrid con España, el idioma español con el castellano, o la historia de nuestro país con esa “castellanización” que durante el Siglo XIX se implantó en los libros de texto de toda nuestra comunidad escolar, un problema muy serio y complementario al separatismo, porque uno no existiría sin el otro y viceversa.
Por ese centralismo (o “españolidad” mal entendida), en el resto de España no se considera el idioma catalán como español, y en el mejor de los casos se “tolera”. Y según esa “historia castellanizada”, y por poner un curioso ejemplo, a los Comuneros (Padilla, Bravo y Maldonado) se les considera héroes, cuando eran líderes sociales de las “Comunidades de Castilla” que se opusieron al nuevo Rey Carlos I de España, según ellos, monarca extranjero, para defender sus fueros y derechos frente al resto del país; mientras que a Joaquín Casanova se le considera un traidor a la patria, cuando lo que hizo fue enfrentarse en Barcelona al futuro Rey Felipe V para, según su opinión, defender de la invasión francesa a toda España -no sólo a Cataluña- y por la que daría “hasta la última gota de su sangre”.
El caso es que por una cuestión u otra, en Cataluña sigue existiendo un 35 por ciento aproximado de secesionistas que se ven mejor fuera de España que formando parte de nuestro país. Y ese porcentaje ha convertido a la comunidad autónoma en una zona de difícil gobierno, con tantos colores e ideologías que el consenso en cualquier tema, por fundamental o básico que parezca, resulta imposible.
En el “Parlament”, como en cualquier otro parlamento, tienen representación partidos de derecha, de centro, de izquierda y de extrema izquierda, pero multiplicado por dos, es decir, de opción aislacionista o no aislacionista. Además, hay coaliciones de dudoso futuro (“Junts per sí”, con CDC, liberal, junto con ERC, de carácter comunista), u otras de formaciones similares, pero enfrentadas en realidad entre ellas (IU con Podemos y alguna formación residual más).
Pero al margen de los flujos políticos “atomizadores” y “reunificadores” en aquella comunidad, lo verdaderamente importante es que ha sido la primera vez que se ha puesto sobre la mesa de forma absolutamente clara la posibilidad de que una parte de España decida su secesión de forma unilateral.
Y la importancia del tema nos debe hacer reflexionar sobre la verdadera razón por la que todos hayan permitido que se llegue a esta situación, porque no podemos ser ingenuos y pensar que no hay mecanismos suficientes para evitarla. Y en todo este proceso (el real, al margen del “procés”) aparece la reforma de la Constitución y la posibilidad de incluir el federalismo como organización del país.
Aunque como andaluz me duela afirmarlo, el origen de este problema no está en Cataluña, sino en el sur. Me explico: si atendemos a los números y cifras macroeconómicas de nuestro país, Andalucía (y Extremadura y Castilla la Mancha) lleva 40 tan rescatada como lo está actualmente Grecia. Obviamente no de forma oficial, pero sí mediante esa “solidaridad” interregional tan mal utilizada en nuestra tierra por quienes la han gobernado durante estas cuatro décadas.
Son miles de millones de euros que han venido al sur, procedentes del norte, y que apenas han servido para tener ciertos privilegios sociales cubiertos, pero de ninguna forma para generar riqueza, es decir, para aumentar el tejido industrial, comercial, productivo, sino para engordar instituciones públicas, auténticas devoradoras de presupuestos.
Ojo, y no caigo en la zafiedad de la corrupción, tema muy mediático y que, a pesar de existir y ser intolerable, no ocupa un porcentaje muy alto del PIB regional. Es la mala gestión general y no la corrupción la que hace que el sur siga a años luz del norte a pesar de haber recibido muchos más millones de los que la UE ha invertido en Grecia para el rescate de aquella nación.
¿Qué el norte fue beneficiado otrora? Sí, por supuesto, el triángulo Euskadi, Cataluña, Madrid fue el gran beneficiado por los gobiernos de los últimos 150 años, pero eso no debe ser ninguna excusa cuarenta años después de la llegada del “borrón y cuenta nueva” que supuso la Transición.
Pongamos un ejemplo: una familia con 17 hijos (tantos como comunidades). Los padres, sabiendo que no pueden asegurar los estudios de todos ellos, deciden pagar la carrera a los tres mayores, con la condición de que éstos se la paguen a los más pequeños. Pues bien, 40 años después de que los primeros comenzaran a cumplir con dicho trato, los más pequeños gastan el dinero que aportan los mayores en comodidades y caprichos, sin aprovechar nada para estudios y formación.
Imaginemos que uno de los mayores (Euskadi) consigue un trato con los padres de modo que no aporta dinero, sino que sólo paga el alquiler de su habitación y la parte alícuota de comida, luz y otros gastos. Si otro de los mayores (Cataluña) comprueba que este hermano vive mejor que él, y aún más si necesita el dinero porque se ha visto envuelto en problemas de malas compañías y deudas que debe afrontar, es lógico que plantee ese mismo trato a sus padres, y que si no lo consigue, amenace con marcharse del hogar.
Es un ejemplo muy prosaico, pero creo que muy ejemplar, que muestra la realidad de nuestro país en cuanto al reparto económico y a lo injusto de la “solidaridad” cuarenta años después de su implantación. Tenemos comunidades que llevan aportando más que las demás desde hace 40 años, otras que tienen su propia “hacienda” y sólo pagan los servicios ofrecidos por el Estado y otras más que llevan viviendo oficialmente de “la sopa boba” durante ese tiempo. Ojo, “oficialmente”, es decir, gubernamentalmente, no hablo de sus habitantes, tan trabajadores y sacrificados como cualquier otro.
¿Y qué soluciona el estado federal? Pues que todas las comunidades gestionen al completo sus finanzas, tal y como lo hacen Euskadi y Navarra, con una especie de Hacienda propia. En realidad, con el federalismo se terminaría la “solidaridad” y cada comunidad debe afrontar su realidad sin esperar ningún esfuerzo por parte de las demás, más allá de alguna ayuda puntual por causas determinadas. ¿Y a quién beneficia? En un principio, al conjunto de España, porque se evita que unas comunidades vivan a costa de otras, lo que evita el derroche y redunda en el beneficio global.
En cuanto a los perjudicados, obviamente perjudica al sur, en especial a ese conglomerado generado tras 40 años de gobierno casi perenne (o perenne en el caso de nuestra Andalucía), que se quedaría sin ese flujo monetario continuo. Pero sólo en primera instancia, me explico: confío en nuestras posibilidades, ya que somos regiones ricas en recursos y capital humano, lo que un primer momento difícil podría suponer la activación de su crecimiento, pero por supuesto, al margen de estas políticas derrochadoras, populistas y demagógicas que llevamos soportando durante cuatro décadas.
Entonces ¿por qué Pedro Sánchez, del PSOE, aboga por este modelo? Pues porque seguramente debe estar pactado con el resto de partidos y porque elimina de un plumazo a su gran rival en el partido, Susana Díaz, quien cayó en la trampa de apoyar este modelo simplemente porque sonaba a “nuevo” en su última campaña. Dudo que sin la “solidaridad” del resto de España, el gobierno andaluz sobreviva una sola elección más sin una gestión realmente eficaz y eficiente de nuestros recursos.
¿Y el PP? Obviamente se beneficia de un posible cambio político en Andalucía y otras comunidades del sur, además de que, como he dicho antes, seguramente lo han pactado con el resto de partidos. Pero no pueden defenderlo sin más, porque perdería el voto en toda España de esa facción “conservadora” que aún recuerda el “antes de ayer” de la política española.
Ahí entra la cuestión catalana, creando el marco adecuado para que lo puedan vender como “un mal menor” que conserve la unidad de España, aún a costa de un cambio de orden político. Además, y no es desdeñable, tendrían la oportunidad de desnudar el posible fondo sentimental de los separatistas abogando que todo es, en definitiva, cuestión de dinero (“la pela es la pela”).
Los nacionalistas, en su huída hacia adelante como solución a la crisis, se han metido en un lodazal de difícil solución, puesto que han caído en las garras del extremismo más absoluto, y buscan como locos una salida honrosa. Y el federalismo pudiera ser dicha salida. Claro que inmediatamente pedirían una Confederación de Estados, un pasito más al Estado Federal, no sea que el votante confunda esa derecha nacionalista (Convergencia o PNV) con el PP, por favor.
¿Y los extremistas de ERC o partidos similares? Bueno, han tenido sus quince minutos de gloria, y a fe que lo han aprovechado, pero se les acaba el cuento. Pasarán a ser, de nuevo, lo de siempre: minoría residual que se bate entre mentiras históricas y supuestas utopías de difícil realidad. Y desde luego que viven muy a gusto en esa posición.
En definitiva, creo que tras lo de Cataluña, hemos entrado en el capítulo final de una historia que se inició hace años, en el desenlace de un tema que siempre estuvo encima de la mesa: la federalización de España. Este tema será estrella en la campaña electoral para las Generales y traerá mucha cola tras ellas, gane quien gane. Tiempo al tiempo.
PEDRO J. PORTAL
